The 'Papayeros' Who Invaded the Nukak Makú Reserve (Spanish)

An English summary of this report is below. The original report, published in Spanish in 360-grados.co, follows.

Over the course of six years, a group of cattle ranchers entered part of the territory of the Nukak Makú reservation in the Colombian Amazon.

Hundreds of hectares of tropical forest were cut down to build a complex of farms where more than 16,000 head of cattle were fattened. Deforestation affected this Indigenous community, which will no longer be able to recover its territory that is essential for its survival. These were the findings of an investigation by 360-grados.co in alliance with El Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) and Mongabay Latam.

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​​Los “papayeros” que invadieron el resguardo Nukak Makú

Orlando Delgado Moriones no parece colono ni campesino. Viste camiseta negra de marca y tiene un corte de pelo a ras. Es el primero que aparece en una audiencia penal por videoconferencia ante una jueza de Villavicencio. Ella le pregunta directamente si se mantiene o se retracta de un preacuerdo de culpabilidad por haber invadido parte del resguardo Nukak Makú y zonas de reserva forestal aledañas, en el departamento amazónico del Guaviare, al suroriente de Colombia.

En tono seco y sin rodeos, Delgado se retracta de su confesión. Lo hace el 31 de mayo de 2024, seis meses después de haber sido capturado y presentado a la justicia como el líder de un grupo de ganaderos y comerciantes conocido como los “papayeros”, por sus cultivos y negocios de esta fruta en el vecino departamento de Casanare. La fiscalía acusó a este grupo de concertar para ocupar y crear un complejo de cinco fincas en la vereda Caño Makú, que está dentro del resguardo de la comunidad indígena, en donde había sabanas naturales y bosques, a las que llevaron a pastar miles de cabezas de ganado entre 2017 y 2023.

Luego de Delgado, aparecen en la pantalla sus familiares Samuel y Víctor Riobo Delgado, y sus supuestos cómplices Nolberto Ladín Martínez Huertas y Carlos Reyes Guzmán. Uno tras otro se retractan. A la jueza no le queda más que pedirle a la fiscal que renegocie con los acusados o vaya a juicio. Esto significa que tras seis años de investigaciones, el caso queda en un punto muerto. 

A los pocos días de esta audiencia, la fiscal encargada fue cambiada y el expediente reasignado. Los vaivenes de este proceso dejan en evidencia la dificultad de judicializar a los deforestadores. El caso ha pasado ya por los despachos de cuatro fiscales diferentes.

Las excusas

Días después de la videoconferencia, Delgado Moriones contesta el celular a 360-grados.co y a gritos se niega a responder por qué deshizo el preacuerdo, si acepta o no que invadió el resguardo o cuántas vacas metió. “Pregúntele a la fiscalía”, responde antes de colgar. En otro tono, su abogado, José Leiber Pinto, le explica a 360-grados.co, también por celular, que su cliente rechazó el preacuerdo (que incluía reconocer los delitos de invasión y concierto para delinquir) porque estaban “mal adecuados”.

Pinto dice que, para Delgado, en la región hay un problema social: “Nadie sabe ni donde inicia ni donde termina el resguardo, ni las zonas de reserva forestal de la Ley Segunda (que las delimitó en 1959)”. Además, afirma en la llamada, que sus clientes compraron “posesiones” que habían sido ocupadas por colonos mucho antes de que se constituyera el resguardo Nukak en 1997. En otras palabras, el líder de los “papayeros” defiende su buena fe. 

Algo similar dice el abogado Iván Hernández, quien es el defensor de Nolberto Martínez, de los hermanos Riobo y de Carlos Reyes. Ellos insisten en que Caño Makú fue colonizada y deforestada desde la década de los setenta con la proliferación de los cultivos de coca.

Aunque reniegan de los delitos, los “papayeros” aseguran que se comprometen a acatar uno de los puntos acordados con la fiscalía: sacar el ganado que aún está en el resguardo. Sin embargo, hay otra excusa. Según ellos, las disidencias del Estado Mayor Central (EMC) solo los dejan movilizar las reses que están listas para su sacrificio (que pesan más de 500 kilos), para poder seguirles cobrando “vacuna” (como le llaman a las extorsiones) por el resto. El abogado de Delgado dice que le pidieron a la fiscalía un nuevo plazo para hacerlo. 

La punta del iceberg

Lo que se ha ventilado en los tribunales es solo una parte de la historia. Caño Makú, al noroccidente del resguardo, en el corazón del Guaviare, ha sido azotada durante décadas por la deforestación, pero esta se disparó, como ocurrió en casi todo el departamento, desde 2016, cuando las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se desmovilizaron para firmar la paz. 

El 11 de diciembre de 2017, un vecino de esta vereda puso una denuncia ante la Corporación del Norte y Oriente Amazónico (CDA), alertando que Nolberto Ladín Martínez Huertas, a quien conocían con el sobrenombre de “Cochico”, habría talado más de 500 hectáreas de bosques.

Un grupo de funcionarios de la CDA, según consta en un documento de la corporación, se desplazó a la zona y encontró un cementerio de tocones, como se le conoce a los restos de troncos talados de árboles de varias especies como arenillo, dormidero, lechoso, cedro achapo, resbalamono, macano, cabo de hacha y palmas cumare y bombona.

Esta devastación también afectó a varias especies de aves y mamíferos, algunos de los cuales hacen parte de la alimentación básica de los indígenas Nukak y son considerados “vulnerables” en la región por los ambientalistas. Los técnicos además encontraron parches de “pastos y cultivos” que mostraban que la tierra la estaban preparando para la ganadería.

Fotos satelitales

A pesar de que se hablaba de 500 hectáreas de bosques, los técnicos de la CDA documentaron en su investigación la afectación de 80 que fueron taladas entre noviembre y diciembre de 2016. A Martínez Huertas, la CDA lo multó con 90 millones de pesos (21.000 dólares), pero esa sanción administrativa no impidió que otros ganaderos siguieran arrasando los bosques dentro del resguardo. Así lo comprobó una segunda investigación realizada en 2019, esta vez a Orlando Delgado Moriones, la cual solicitó una fiscal de Derechos Humanos a la CDC para verificar dos nuevos puntos de deforestación en Caño Makú.

Los funcionarios de la CDA, según se lee en el informe de la entidad, fueron escoltados por miembros de la Fuerza Pública a la finca La Carolina, donde identificaron que se talaron cuatro hectáreas de bosques primarios y secundario joven, así como otras 160 hectáreas a partir de 2017. Allí también descubrieron árboles en pie a punto de marchitarse por las quemas y muchos otros caídos. “Es evidente la afectación de diferentes especies forestales maderables y no maderables”, dice el informe que se encuentra en la página web de la corporación. 

Además, los funcionarios catalogaron el impacto sobre la flora y la fauna local como “crítico”. Tumbaron más de 15 especies de árboles nativos, como palo blanco y cariaño y al hacerlo afectaron el hábitat de más de 18 especies de pájaros, mamíferos y reptiles.  En palabras de los técnicos que realizaron la investigación y según consta en el informe, este impacto ocasionó un “desequilibrio en procesos ecológicos de sostenimiento del bosque”, así como de la composición forestal de la vegetación.

Los técnicos de la CDA multaron a Delgado Moriones con 157 millones de pesos (unos 37.000 dólares), una sanción administrativa que tampoco evitó que los ”papayeros” avanzaran con su proyecto ganadero. No se pudo establecer si Delgado Moriones y Martínez Huertas pagaron sus multas, porque la CDA no respondió sobre ello a un derecho de petición que le hizo 360-grados.co. Las dos sanciones a estas personas aparecen en el registro nacional de infractores ambientales.

La Fiscalía ha documentado que a lo largo seis años, desde el 25 de julio de 2017 hasta el 17 de julio de 2023, en el predio bautizado y registrado con el nombre de Barsovia (sic) de más de 800 hectáreas, los “papayeros” engordaron 13.503 animales bovinos. Además, en otras tres fincas, La Carolina (por la que Delgado Moriones fue sancionado) Varinas y La Esperanza, todas ubicadas dentro del resguardo Nukak, mantuvieron 1.666 cabezas de ganado entre el 23 de mayo de 2018 hasta el 8 de diciembre de 2022. 

Estos ganaderos también construyeron vías dentro del resguardo, sin permiso de la CDA, para movilizar el ganado y comunicar las fincas entre sí.   

Los abogados de los “papayeros” aseguran que sus clientes no talaron un solo árbol ni construyeron ninguna vía, pero con las coordenadas que están en los expedientes, tanto de la CDA como en el juzgado de Villavicencio, fue posible acceder a fotos satelitales del archivo de la plataforma Planet, desde el 2016 y en adelante. En esas imágenes se aprecia la enorme deforestación en Caño Makú, así como la construcción de una vía que comunica el centro poblado de esta vereda con una de las fincas de los ”papayeros”.

El impacto en los Nukak

A poco menos de un kilómetro del caserío de Caño Makú, un grupo de mujeres Nukak tejen canastos a la sombra de un quiosco, en donde viven tres familias desplazadas. Los niños corren descalzos detrás de una pelota de trapo. No hay hombres. Un profesor explica que se van por temporadas a raspar hoja de coca y que a veces se llevan a sus familias para que les ayuden. “Sus manos resisten más, no se ampollan como las de los raspachines”, dice un campesino.

Hace ocho años, las imágenes satelitales mostraban pequeños cultivos de coca y pancoger(alimentos), que eran islas en medio de la selva. Hoy la geografía de esta zona del resguardo está dominada por grandes fincas ganaderas. A solo tres kilómetros del centro poblado, estas fotos y un vuelo con dron muestran que además de vías, los ganaderos instalaron ranchos en donde pastan rebaños de vacas, cercaron terrenos y construyeron reservorios de agua. Aunque los cultivos de coca no se han acabado, cada vez están más selva adentro.

Caño Makú es uno de los puntos de entrada al resguardo Nukak y también uno de los epicentros de la bonanza cocalera que vivió el Guaviare en la década de los ochenta, y que tuvo su pico con más de 27 000 hectáreas sembradas en 2002.

Los Nukak Makú han sido, desde que se contactaron con los colonos en la década de los ochenta, una comunidad desplazada. Primero por el avance de la coca, después por los colonos y ahora por los ganaderos ávidos de tierras. También por las diferentes disputas armadas entre grupos ilegales, primero las FARC y los paramilitares y más recientemente por las disidencias del Estado Mayor Central, comandadas por Iván Mordisco.

Clip Sobrevuelo

A pesar de que hay una protección en el papel para estos territorios indígenas, desde el año 2000, la violencia ha provocado el desplazamiento de los 20 clanes Nukak del resguardo a las cabeceras de veredas cercana como Charras, Boquerón, Charrasqueras, Guanapalo y Caño Makú, y a municipios como San José del Guaviare, El Retorno y Calamar, entre otros.  Estos desplazamientos también han generado problemas entre clanes, ya que la cultura Nukak no permite que se muden a los territorios de familias vecinas, así sean de la misma etnia.

Parte del drama Nukak es que, desde que los colonos, cocaleros y los diferentes grupos armados invadieron el resguardo, los indígenas se han resistido a las “reglas” que han impuesto estos actores. “La guerrilla siempre tomó partido por los colonos porque necesitaba el pago del gramaje (de coca) para poder seguir con su guerra, y los colonos han desplazado a esta comunidad para apropiarse de sus tierras”, cuenta un funcionario de la Unidad de Víctimas que pidió no ser mencionado. Estas tensiones han impedido el retorno de los indígenas al resguardo.

La otra cara de la tragedia Nukak es el auge de la ganadería que se disparó tras las desmovilizaciones, primero de los paramilitares y luego de las FARC en 2016, año en el que los “papayeros” empezaron a comprar “posesiones” de campesinos en Caño Makú. 

La región ha vivido una especie de pacto de no agresión que permitió la entrada de ganaderos e inversionistas que han venido comprando viejas fincas cocaleras para convertirlas en haciendas ganaderas y que hoy conviven con las disidencias del EMC, que les cobran extorsiones por deforestar y por cabezas de ganado, una de sus principales “rentas”. 

Un estudio de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), publicado en abril de este año, muestra que, además de Caño Makú, el impacto de la ganadería también se dio en Caño Mosco y Gualandayes, veredas vecinas del extremo noroccidental del resguardo. Allí la deforestación coincide con el aumento del censo bovino: de 10.793 cabezas de ganado se pasó a 22.727 entre 2017 y 2021, según cifras de vacunación del Instituto Colombiano Agropecuario- ICA, que es la entidad sanitaria.  

También se disparó la construcción de vías ilegales, en particular las que se adentran en el resguardo. Según la FCDS, entre 2018 y 2023 se construyeron 100 kilómetros nuevos de vías, pasando de 297 kilómetros a 397 kilómetros, en solo cinco años. 

Todo esto complica el retorno de los Nukak al resguardo, en especial por los nuevos conflictos que se podrían presentar con los ocupantes ilegales, y por ende, generar nuevos desplazamientos.

Fronteras borrosas

La forma en la que se ha venido colonizando esta región de la Amazonía colombiana ha sacado a la luz las tensiones que surgen cuando se busca garantizar la protección ambiental de parques naturales, zonas de reserva forestal y resguardos indígenas que históricamente han ocupado los cocaleros y colonos.  

A lo largo de las sabanas de la Fuga, en el centro del departamento del Guaviare, una zona de transición entre la altillanura y las selvas amazónicas, las autoridades han venido colocando vallas que anuncian los límites entre la frontera agrícola y las zonas protegidas como el resguardo Nukak. Sin embargo, el traslape de estos límites, es el pan diario de cada día.  

Este debate salió a flote cuando el gobierno de Juan Manuel Santos (2012-2018) intentó implementar el Plan Voluntario de Sustitución de Cultivos Ilícitos (el PNIS), como parte de los acuerdos de paz con las FARC, y no pudo hacerlo en varias de las veredas cercanas al resguardo porque se identificó que la mayoría de predios inscritos en el Plan estaban dentro de zonas con restricciones ambientales o indígenas. Es decir, no se podía hacer inversión pública como construir vías, ni entregar ayudas para proyectos productivos, entre otros.

El problema, sin solución, lo heredó el gobierno de Gustavo Petro  que ha intentado limar las asperezas con colonos y cocaleros que reclaman el cumplimiento del PNIS y, de paso, la ampliación de la frontera agrícola y la titulación de esas tierras que consideran baldíos de la Nación. 

Para determinar quiénes son los ocupantes actuales del resguardo, en 2018, un juzgado del Meta ordenó a la Unidad de Restitución de Tierras identificar a los ocupantes ilegales, dentro de un conjunto de medidas para empezar a implementar un plan retorno de las comunidades indígenas Jiw y Nukak. 

La Unidad hizo un barrido en todo el Guaviare e identificó que hay por lo menos 3.000 colonos que tienen predios en zonas protegidas y 103 solicitudes de restitución que reclaman tierras que se traslapan con la parte occidental del resguardo Nukak. También encontraron otros traslapes de fincas con la zona de reserva campesina que se encuentra en la parte norte del río Guaviare y al sur del río Inírida, entre otros hallazgos.  

Este diagnóstico muestra que los conflictos por las tierras se concentran en zonas diferentes a los predios que ocupan los ganaderos en la parte norte y noroccidental del resguardo, donde no hay solicitudes de restitución. “No les interesan los títulos sino la posesión (de las tierras) y lucrarse de ellas. Si los investigan, las sanciones son irrisorias, algunos prefieren pagar y seguir con sus negocios”, explica el funcionario de la Unidad de Víctimas.

Este modus operandi ha sido el que habrían utilizado los “papayeros”: llegaron a la región comprando posesiones y mejoras a campesinos sin registrarlas en notarías y luego empezaron a talar bosques. Para ganarse a la comunidad, a veces, aportaban dinero para mantener limpias las trochas que comunican a Caño Makú con las veredas vecinas, como lo cuenta un líder de la zona. Así lo comprueban la documentación de la Fiscalía, de la CDA, las entrevistas a los abogados y la reportería en campo para esta investigación. 

Hoy, el impacto de la ganadería y la deforestación es evidente. La coca, que antes era común en pequeñas fincas, ha dado paso a extensas sabanas con cercas de púas en las que solo se encuentran vacas. Por la disminución de los cultivos de coca y  de los precios de la pasta base, ya son pocas las familias que quedan en estas veredas y las que se mantienen se emplean como jornaleras en las haciendas ganaderas. 

El abogado de Delgado Moriones, el líder de los ”papayeros”, asegura que su cliente había ofrecido a la justicia reparar el daño ocasionado en el resguardo, financiando programas de educación ambiental para evitar que los colonos continúen deforestando y, además, colocando vallas para delimitar el resguardo.   

Pero con el proceso judicial en un punto muerto y sin la aprobación de las disidencias para sacar el ganado de las tierras, por ahora lo más probable es que las vacas de los “papayeros” sigan quitándole espacio a los indígenas Nukak y devorando la selva amazónica.