Audit of Officials' Assets Follows Series Supported by Pulitzer Center (Spanish)

This article was originally written in Spanish and published in Ecuador Chequea. The key points of this article are presented in English below, followed by the original version of the story. For a full English version of this article, please click on the “Translate page with Google” button on the upper right-hand side.

Key Points

• The Ecuador National Assembly's Commission on Autonomous Governments launched an audit of the net worth of the country’s mayors and prefects. The audit follows a Pulitzer Center-supported investigation that revealed unusual increases in the assets of some mayors and prefects in the country.
• On June 23, 2026, the Assembly’s plenary session approved a resolution ordering the launch of the audit with the aim of identifying, analyzing, and monitoring “alleged unjustified increases” in the net worth of local officials.
• As part of the investigation, the Commission may request information, documentation, and technical reports, and may summon authorities, public officials, institutional representatives, experts, and others deemed relevant to the audit.
• The Commission must submit a report containing the conclusions, observations, and recommendations resulting from the audit.

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Asamblea Nacional: inició la fiscalización al patrimonio de las autoridades seccionales

La iniciativa legislativa nace a raíz de una investigación periodística que evidenció incrementos inusuales en los patrimonios de algunos alcaldes y prefectos del país.

La Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea puso en marcha el proceso de fiscalización al patrimonio de alcades y prefectos del país. 

El 23 de junio de este año, el pleno de la Asamblea aprobó una resolución en la que ordenó iniciar esta fiscalización con el objetivo de conocer, analizar y dar seguimiento a «presuntos incrementos injustificados» en los patrimonios de las autoridades seccionales.

Dentro de la investigación la Comisión podrá requerir información, documentación, informes técnicos y disponer la comparecencia de autoridades, servidores públicos, representantes institucionales, expertos y demás personas que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

En 90 días máximo, contados a partir de la notificación de la resolución, la Comisión deberá presentar un informe que contenga las conclusiones, observaciones y recomendaciones derivadas del proceso de fiscalización.

La iniciativa legislativa se dio a partir de la publicación de la serie periodística «Alcaldes y prefectos bajo la lupa», a cargo de Spondylus Info Lab gracias a una beca de producción periodística del Pulitzer Center en alianza con Fundamedios en la que participaron varios medios de comunicación incluyendo Ecuador Chequea. Los hallazgos del trabajo periodístico evidenciarion el inusual incremento patrimonial de algunas autoridades seccionales en el ejercicio de sus funciones.

El proceso

La asambleísta Lucia Pozo (ADN), presidenta de la Comisión, anticipó que se solicitará información a instituciones de control como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), a la Contraloría, al Servicio de Rentas Internas (SRI), al Ministerio de Trabajo. «Tenemos que realizar un análisis, una triangulación y buscar una coherencia entre los ingresos registrados por las autoridades locales, o como empresarios, vs. lo que ellos registran en sus cuentas bancarias», dijo la legisladora.

Agregó que la ciudadanía será parte de este proceso de fiscalización por lo que se habilitará un correo electrónico para que organizaciones de la sociedad civil, el ciudadano de pie y otras autoridades puedan presentar sus denuncias y dar elementos a esta investigación.

Aclaró que la fiscalización se cumplirá a todas las autoridades seccionales para realizar una especie de cruce de datos entre el salario que reciben y el incremento patrimonial registrado. Pozo dijo que los resultados no solo serán entregados al pleno de la Asamblea, sino también a la Fiscalía, si amerita el caso. 

La Comisión puede investigar el tema, pero no puede obligar a comparecer a las autoridades seccionales. Tampoco puede establecer medidas sancionatorias, pero si recomendar que el resultado de la investigación sea puesto en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía para que actuen en el ámbito de sus competencias.