In the Amazon, Finagro Allocates Almost Half of Its Credit to Cattle (Spanish)

This article was originally written in Spanish and published in La Silla Vacía. The key points of this article are presented in English below, followed by the original version of the story. For a full English version of this article, please click on the “Translate page with Google” button on the upper right-hand side.

Key Points

• The Colombian state bank Finagro has allocated nearly half of the agricultural loans in the Amazon region to livestock projects.
• Between August 2018 and October 2025, at least 1.5 trillion Colombian pesos have been invested in livestock loans, which represents around 43% of the total financing in the region.
• Although these loans seek to formalize the local economy and offer legal alternatives to rural residents, they are also linked to the expansion of extensive cattle ranching, one of the main causes of deforestation in the Amazon.
• Cattle ranching in the Amazon is directly related to forest loss, as large tracts of land are required for grazing, putting even more pressure on the biome's ecosystems.
• Finagro and the authorities maintain that the concentration of loans in livestock farming does not imply a direct causal link with deforestation, but experts and environmentalists warn that it may encourage practices that degrade the forest.

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En la Amazonía, Finagro destina casi la mitad del crédito a vacas

En la Amazonía, la ganadería se convirtió en sinónimo de título, posesión y negocio para los colonos que llegaron a la región. Pero también es una de las amenazas más grandes para el principal ecosistema del país, cuya selva se está convirtiendo en potreros a un ritmo de 200 hectáreas al día. 

El Estado colombiano ha firmado acuerdos internacionales que lo obligan a reducir incentivos que puedan poner en riesgo la biodiversidad, incluidos los créditos. Sin embargo, aún no hace lo suficiente para controlar el destino de la plata que presta y los efectos que puede tener en la selva amazónica. Y este gobierno, que con su bandera ambientalista, pudo haber hecho una diferencia, no la hizo.

Entre agosto de 2018 y octubre de 2025, el Estado invirtió al menos un billón y medio de pesos en créditos para ganadería en la Amazonía, un 43% del total de la inversión. Lo hizo a través de Finagro, un banco de segundo piso que irriga recursos a diferentes entidades de crédito, a tasas de interés bajas o subsidiadas. Esta investigación, que consta de dos publicaciones, revela los vacíos en los procesos para acceder a dichos créditos. 

Al ser un fenómeno que se explica por múltiples variables, no es posible establecer una causalidad directa entre los créditos y la deforestación. Pero para ahondar en la relación, La Silla Vacía viajó a Guaviare y a Caquetá para recopilar testimonios de ganaderos y funcionarios, y accedió a datos de entidades como Finagro, el Banco Agrario y el ICA que dejan en evidencia que la banca pública avanza a tientas en esta región. No se puede garantizar que las vacas financiadas por el Estado se mantengan al margen del bosque más importante del mundo.

Ganadería y algo más: así se invierte el crédito público en la Amazonía 

La Silla Vacía, vía derecho de petición, accedió a los datos de Finagro sobre colocaciones de crédito de todos los municipios de los seis departamentos cien por ciento amazónicos (Caquetá, Guaviare, Amazonas, Putumayo, Vaupés y Guainía) y nueve del sur del Meta que también son considerados parte del bioma.

Finagro es un banco de bancos, con el cual el Estado redirige forzosamente parte de las inversiones del sector financiero hacia el sector rural, al considerarlo de interés estratégico. No presta plata de manera directa, sino que reparte los recursos a través de bancos de primer piso —como Bancolombia y el Banco Agrario— y entidades de crédito adonde acuden los usuarios para financiar sus proyectos productivos. Las tasas de interés suelen ser las más bajas del mercado y, en algunos casos, se subsidia parte de los créditos. 

Entre agosto de 2018 y octubre de 2024, la ganadería de doble propósito —que produce carne y leche— fue el sector al que se dirigió la mayor cantidad de recursos: 1,22 billones de pesos. 

Si a los créditos para ganadería de doble propósito se les suman los créditos destinados solo a ganadería de carne y solo a leche, alcanzan los $1,53 billones, lo que representa el 43% de los 3,59 billones de pesos prestados en los municipios analizados. Es decir, al menos cuatro de cada diez pesos provenientes de Finagro van a ganadería en esa región, mientras los 6 restantes se reparten entre otros 32 sectores productivos o modalidades de crédito. 

En Guaviare, por ejemplo, la ganadería se lleva el 75 % de la plata que se presta con recursos de Finagro, de acuerdo a la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible —Fcds—.

El municipio con mayor cantidad de préstamos para ganadería es San Vicente del Caguán, donde se invirtieron cerca 228 mil millones de pesos entre 2019 y 2024. Le sigue Cartagena del Chairá, con $89 mil y San José del Guaviare con $85 mil millones. Después aparece Florencia (Caquetá) con $75 mil millones y Puerto Rico con $67 mil millones, ambos en Caquetá.

La mayoría de la plata se va para fincas de grandes y medianos productores, que suman más del 50% de los recursos. Los pequeños productores prestan un 40%, aunque distribuidos en mayor cantidad de colocaciones. Es decir: prestan más veces a los pequeños, pero más plata a los medianos y grandes.  

La Silla Vacía solicitó a Finagro revelar a través de cuáles bancos colocó dichos créditos, pero la petición fue negada alegando secreto bancario. Para hacer zoom en el tema, fue consultado el Banco Agrario, que es el único banco público de primer piso y uno de los más tradicionales entre los campesinos.

En total, entre 2019 y 2024, el Banco Agrario, con recursos de Finagro, prestó al menos $933 mil millones para ganadería en los municipios analizados. Donde se prestó más plata fue en San Vicente del Caguán (150,8 mm), Puerto Rico (81,5 mm), Cartagena del Chairá (66,4 mm), San José del Guaviare (60,2 mm) y La Macarena (43,3 mm).

Dentro de las actividades ganaderas financiadas hay distintos tipos: comercialización de ganado, compra de bovinos y mantenimiento de pastos. Pero casi el 60% de la plata es destinada a la compra de vacas, que sirven para leche y carne.

Al revisar los datos del crédito público en ganadería en la Amazonía, la primera alarma que se dispara es que estos se concentran en las mismas áreas donde lo hace la deforestación. En 2024, la Amazonía colombiana perdió 77 mil hectáreas de bosque y la mayoría de ellas fueron convertidas en pastos para ganadería extensiva, según el Ideam. 

En la inmensidad de la Amazonía, el tamaño es relativo. Desde la mirada centralista, una finca de 60 o 70 hectáreas puede parecer gigante, pero en la Amazonía es una finca pequeña, que apenas alcanza para mantener una familia bajo los modelos tradicionales de ganadería, según los cuales cada vaca necesita más o menos una hectárea de pasto. El crecimiento del hato, ya sea porque nazcan o se compren más animales, implica la necesidad de más pastos, lo que puede llevar a mayor deforestación. Esto es aún más evidente en una región donde los suelos tienen pocos nutrientes y el ganado se tiene que mover con más frecuencia.

“El problema no es la ganadería, sino el modelo extensivo que hemos tenido. Usted tiene diez vacas, una por hectárea. Si tiene una más, abre una hectárea más”, contó César Monje, secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán, con experiencia en el negocio ganadero. 

Entre 2018 y 2024, los municipios amazónicos analizados perdieron más de 715 mil hectáreas de bosque, de acuerdo al Ideam. Eso es equivalente a un área similar a la del departamento de Caldas. El municipio más afectado es Cartagena del Chairá, que en ese periodo perdió alrededor de 80 mil hectáreas, seguido por San Vicente del Caguán con una cifra similar. La Macarena —donde se ubica el Parque Nacional que lleva su nombre— perdió 74 mil, y San José del Guaviare 63 mil. Los tres encabezan los índices de deforestación, así como la lista de la mayor cantidad de créditos para ganadería.

Con el fin de entender si puede haber una correlación entre ambos fenómenos, La Silla, siguiendo un modelo de clústeres, agrupó los municipios de acuerdo a tres factores: los montos de crédito por cada actividad productiva, la deforestación respecto al área municipal y la proporción del municipio dentro de la frontera agrícola (el límite para actividades agropecuarias respecto al bosque). 

El resultado fueron tres conjuntos: el primero con alta aptitud productiva y deforestación previamente consolidada (14 municipios), otro de expansión ganadera con presión reciente a deforestación (27 municipios) y el tercero con baja intensidad crediticia y poco avance de la deforestación (14 municipios). 

Al cruzar las variables, en el segundo conjunto, del que hacen parte municipios como Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán, Solano, La Macarena, Puerto Leguízamo y Calamar, el análisis muestra una tendencia similar entre los créditos y la deforestación. Al ponerlos sobre el mapa, estos coinciden en buena medida con el arco de deforestación conformado por los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, en donde se concentra alrededor del 70% de la tala en Colombia. 

Posteriormente, se realizó una regresión lineal entre 2019 y 2024, con miras a encontrar la relación entre crédito ganadero y deforestación. El resultado fue que en el primer y el tercer grupo, donde se presentan bajos niveles de deforestación, no hay una relación positiva. Pero, en el segundo, que agrupa municipios con focos activos de deforestación, se alcanza a ver una correlación, aunque apenas supera el umbral para ser tenida en cuenta. 

Los datos indican que, en los municipios donde está activa la deforestación, los créditos podrían estar teniendo un rol intensificador del fenómeno. Es una señal que se repite, aunque con evidencia estadística limitada, por lo que merece atención en una región donde la ganadería concentra la mayor parte del crédito agrario.

Otro elemento por el que los créditos financiados por Finagro podrían tener efectos negativos son sus plazos. Un estudio realizado por los investigadores Ángela Penagos, Camilo Quesada y Santiago Granados para la Cepal muestra cómo más de la mitad del crédito otorgado entre 2000 y 2023 —esta vez a nivel nacional— se ha generado a plazos inferiores a los tres años. Incluso, desde 2010, ha aumentado el porcentaje de recursos entregados a menos de un año, representando el 42,4 % del total en 2020. En contraste, los créditos con plazos superiores a 10 años apenas llegan al 3% en el año en que más hubo. 

Esa tendencia lleva a lo que se conoce como una “Tragedia de los Horizontes”: las obligaciones a corto plazo no permiten realizar inversiones más compatibles con la naturaleza, que requieren más tiempo. Menor plazo equivale a menor innovación y mayores costos para la naturaleza. 

Ante ese panorama, Finagro se defiende y argumenta que sus créditos no causan deforestación, dada la complejidad de las dinámicas locales que influyen en ella.  Aclaran que ellos no asignan cupos por municipio, ni definen el destino individual de la plata.

“La distribución del crédito que pueda darse a escala municipal responde exclusivamente a dinámicas del mercado financiero y no a decisiones de asignación”, le dijo la entidad a La Silla Vacía. De acuerdo con su análisis, las colocaciones tienden a concentrarse en zonas de alta demanda de crédito, presencia de organizaciones productivas activas y predominio de la ganadería bovina en la economía local.

Para Finagro, la coincidencia territorial entre ganadería y deforestación no implica una relación causal directa, sino que es el resultado de procesos ilegales previos o paralelos, como la apertura de vías no autorizadas, los cultivos de uso ilícito, el acaparamiento de tierras, la minería y la tala ilegales. “Ninguno es financiable con recursos de crédito de fomento”, reitera. 

El Banco Agrario usa argumentos similares, pero agrega que no todos los rubros que van al sector ganadero implican el incremento del hato. “En muchos casos, los recursos se destinan a infraestructura y otros relacionados con la actividad, así como al reemplazo de ganado ya vendido (…) que no corresponde a nuevas cabezas de ganado”, respondió el banco por escrito. 

Agregan que el aumento del dinero que se presta no implica una subida en el número de cabezas financiadas, ya que los precios del ganado también han subido. “No existe una relación directamente proporcional entre la financiación de ganado y el inventario del ICA. Además, se destaca que la financiación de cabezas de ganado en el Banco ha permanecido relativamente constante”, explica. 

Ahora bien, ese enjambre de problemas no exime al Estado de la responsabilidad de tomar precauciones a la hora de destinar créditos para ganadería en zonas donde dicha actividad es la principal causa de deforestación. 

Para Mauricio Velásquez, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, quien ha estudiado el efecto de políticas públicas en la Amazonía, aunque no hay evidencia suficiente para afirmar que una cosa causa la otra, hay tendencias fuertes que permiten hacer preguntas. 

“Cuando no se definen políticas para distinguir actividades en territorios biodiversos y el sistema de colocación de créditos subsidia la tasa de interés en donde sea, claramente hay un incentivo perverso a actividades que mejoran su tasa de rendimiento ampliando la frontera agropecuaria, en zonas donde la tierra es barata y la actividad ganadera es especialmente rentable a corto plazo”, afirma Velásquez. 

Recomienda un modelo de control para que la asignación de crédito cumpla con estándares de cuidado medioambiental. “Es un vacío en una política pública de un país que se supone que está comprometido con objetivos de cambio climático y contención de la deforestación”, agrega. 

Los problemas para mapear el destino de los créditos

Los controles de Finagro y del Banco Agrario para vigilar a dónde va la plata que presta se quedan cortos. Se enfrentan a la flexibilidad que hay para adquirirlos y las limitaciones que pueden tener sus funcionarios para llegar a zonas controladas por grupos armados. 

Para evitar que sus créditos vayan a áreas protegidas, el Banco Agrario utiliza una plataforma tecnológica desarrollada junto a Parques Nacionales, llamada Certificaciones Cinap. Con las coordenadas que suministran los propietarios, se verifica si el predio se traslapa con áreas protegidas. 

En caso de traslapes, el cliente debe presentar un concepto positivo de la autoridad ambiental. También debe jurar por escrito que no utilizará la plata para tumbar bosque, bajo la amenaza de tener que pagar de manera anticipada el monto total de la deuda. 

Sin embargo, la plataforma no tiene en cuenta otras áreas que no están dentro del sistema de áreas protegidas pero también tienen un nivel de importancia ambiental reconocido por la ley. Es el caso de las zonas que están en reservas forestales de Ley Segunda, que no son compatibles con la ganadería. En el papel, las dos terceras partes de la Amazonía están bajo este tipo de reserva forestal, pero en la práctica se desarrollan múltiples actividades agropecuarias. 

El aplicativo tampoco permite saber si el predio está en un resguardo indígena o en una región con frentes activos de deforestación. Una de ellas, por ejemplo, es el resguardo Nukak en Guaviare. Su colonización ha desplazado a los nativos hacia áreas urbanas de San José. 

Para aquellos créditos financiados por Finagro, las visitas para comprobar que las condiciones del crédito se cumplan son obligatorias. Finagro también realiza un muestreo estadístico para hacer visitas que permitan comprobar que la plata no se está desviando hacia otros predios, otros usos u otras personas. 

El Banco Agrario también pide facturas de compra o documentos como el registro del ICA. “No necesariamente exige que el predio de inversión tenga potreros o pastos, pues existen algunos casos como la ganadería estabulada, en los cuales la fuente de alimentación proviene de pastos de corte que pueden estar en otros predios”, respondió la entidad al ser consultada al respecto. 

Sin embargo, de acuerdo a testimonios de un asesor que trabaja en Guaviare, las visitas están sujetas a la situación de orden público. 

“Es muy complicado por muchos factores. El Guaviare está grave en seguridad, esa parte de la Trocha Ganadera está complicada”, dice, refiriéndose a la zona norte del Guaviare donde hubo disputas el año pasado entre las disidencias de alias “Calarcá” y las de alias “Iván Mordisco”. “Los muchachos llaman antes de hacer la visita para ver si es factible. A veces los presidentes de junta dicen: “no, no se vaya a aparecer por acá porque ha habido combates”. En esos casos, "lamentablemente, las visitas no se pueden hacer”, agrega. 

Otro funcionario consultado en una sucursal de Caquetá dijo que generalmente los grupos armados no se oponen a la presencia de los funcionarios del Banco. “Nosotros entramos a todos lados, no hemos tenido ningún inconveniente. Ellos (los grupos armados) entienden que eso hace parte de nuestro trabajo”, explica. 

Las limitaciones de Colombia frente al ejemplo de Brasil

Un país que le lleva años de ventaja a Colombia en el control de créditos en la Amazonía es Brasil. De acuerdo con el medio Sumaúma, para acceder al crédito subsidiado hay que estar inscrito en un Catastro Ambiental Rural que cuenta con datos geoespaciales sobre el tamaño, ubicación, uso del suelo y áreas protegidas. 

Los bancos brasileños también exigen al propietario demostrar que no tiene embargos activos por deforestación ilegal, pues en el país vecino hay medidas administrativas que bloquean las actividades económicas en un terreno cuando se descubren daños ambientales asociados a la tala. Por otro lado, existe el Término de Ajuste de Conducta (TAC), que exige a los frigoríficos demostrar que no compran ganado proveniente de áreas deforestadas.

En Colombia, en contraste, todavía no se aprueba un proyecto de ley de trazabilidad que permita saber de dónde proviene el ganado que se consume en las grandes ciudades y si este engordó en pastos que antes fueron selva. Según una investigación de expertos de la Universidad de Wisconsin y la organización francesa Envol Vert, en ciudades grandes como Bogotá y Cali entre una cuarta y dos terceras partes de la carne vienen de zonas altamente deforestadas.

Aunque la selva es la misma, una cosa es Pará y otra cosa, Caquetá. Varios factores hacen difícil la implementación de sistemas similares a los de Brasil en Colombia. Por un lado, la informalidad en el acceso a la tierra dificulta la verificación de la propiedad, lo que se ha compensado con mecanismos autogestionados por las Juntas de Acción Comunal, que son problemáticos —como revelaremos en una siguiente publicación—. Por el otro, el persistente conflicto armado que tiene vetados a funcionarios públicos de las Corporaciones Autónomas y Parques Nacionales, que son las autoridades facultadas para controlar el uso de los recursos naturales. 

A pesar de las limitaciones, en Colombia tanto los bancos como el gobierno, e incluso los ganaderos, coinciden en que es necesario proteger la selva. Hay avances para crear mejores herramientas que permitan meter a la deforestación en los cálculos de los bancos, aunque su puesta en marcha todavía es lejana. 

“Se ha generado conciencia y si usted revisa los créditos, ve que los ganaderos ya están prestando, por ejemplo, para acueducto, división de potreros o para comprar bebederos. Anteriormente solo se pensaba en comprar ganado”, dice Hílder Cruz, de la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de San Vicente, que desde su surgimiento, hace seis años, ha tenido al medioambiente en el centro.

“A pesar de que representamos al ganadero, también le decimos que hay que respetar el medioambiente. Produzcamos más, pero con menos problemas: mejoremos alimentación, mejoremos nutrición, mejoremos genética”, dice Alexánder Gavilán, un líder ganadero del Guaviare. “Todos los días, en el programa radial que tenemos, trato de hacerle entender a la gente el daño que estamos haciendo si seguimos deforestando”, agrega. 

Por otro lado, en octubre pasado, la Superintendencia Financiera emitió la circular 15 de 2025 en la que ordena a las entidades bancarias incorporar criterios ambientales y sociales a la hora de evaluar sus créditos. 

“La norma lo que hace es traer esa discusión a la mesa y decirle a todas las entidades que existen riesgos y deben identificarlos, medirlos, controlarlos y monitorearlos”, le dijo a La Silla Vacía Sebastián Durán Méndez, subdirector de Regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia. “Que las entidades piensen cuáles son esos efectos secundarios del negocio que están realizando”, agregó.

Ahora el sector financiero tendrá que considerar la adecuación de sus productos a objetivos ambientales, sociales o climáticos. Con esos estándares deben categorizar el riesgo (alto, medio o bajo) según su impacto ambiental. Se espera que en 2027 se incorporen los nuevos criterios, pero este semestre los bancos deberán remitir un plan para hacerlo. 

El programa Visión Amazonía, adscrito al Ministerio de Ambiente, en alianza con el Banco Agrario, está promoviendo nuevos modelos de crédito. El programa asume buena parte de la deuda para incentivar prácticas sostenibles en el bioma amazónico. 

Está dirigido a pequeños productores que le apunten a actividades sostenibles, como reconversión ganadera, nuevas economías, restauración con especies nativas e infraestructura verde. Para aspirar, los productores deben tener dentro de su propiedad al menos 10 hectáreas de bosque o el 40% de su finca conservada y comprometerse a mantenerlo en pie. Si cumplen, pueden recibir de un 50 a un 90% de condonación de su deuda, que tiene un tope de 24 millones de pesos.

“Conservábamos el bosque sin ningún recurso, sin ninguna ayuda. Ahora que Visión Amazonía y el Banco Agrario están ayudando, entonces uno de una vez aprovecha: sigue conservando y sigue trabajando”, dice Mario Estupiñán, lechero de la vereda Villarrica. Junto a su esposa, Aidé Silva, han sido clientes frecuentes de los créditos agrarios.

Los recursos del crédito verde los ha gastado en insumos como cercas eléctricas, postes de concreto, alambre, paneles solares, baterías y bebederos. 

“El año pasado sacamos un crédito de 27 millones de pesos, con dos incentivos: Visión Amazonía aporta el 40 o 45 % y el Incentivo a la Capitalización Rural (Finagro) aporta el resto para completar el 90%”, explica. 

Finagro también se está moviendo para cumplir con los compromisos ambientales que asumió Colombia, en acuerdos como el Marco Kunming-Montreal. Puso en funcionamiento un Sistema de Alertas Ambientales y Monitoreo (Saam), que permite cruzar información entre las solicitudes de crédito con capas geográficas que permiten identificar alertas de deforestación activa. En junio de 2027, todos los bancos que prestan con recursos de Finagro deberán utilizarla de manera obligatoria. 

Ninguna decisión es fácil en la Amazonía, pero cada vez hay mayor consenso sobre la necesidad de que el Estado no ande a ciegas al implementar sus políticas. La ganadería no desaparecerá, la pregunta es si el crédito público pagará por su expansión sobre la selva o ayudará a transformarla.

Esta contó con el apoyo de Maria Paula Acosta en la graficación, Juan Manuel Pinto en el ejercicio de regresión y Valentina Ardila en la gestión de datos.