Historia
Septiembre 28, 2026
Florida y Texas: Las fronteras de la salud reproductiva y el acceso al aborto en EE UU
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Proyecto
Her Body, Their Borders
Abortion limits and maternal-care deserts are reshaping pregnancy and birth for Latinas and...
En ambos Estados, con una gran presencia de población latina e inmigrante, los desiertos de atención materna se expanden. La falta de especialistas, las barreras económicas y de idioma limitan el acceso a cuidados esenciales
Conocida como la capital del tomate de Estados Unidos, Immokalee es una comunidad agrícola del sur de Florida. A un par de horas de la cosmopolita Miami, las palmeras contrastan con los caminos de tierra donde se siembra pepino, chile, berenjena; hay gallinas en los patios de las casitas pequeñas y personas que cargan la pala y el azadón. Aunque es parte de Collier, uno de los condados más ricos del Estado, aquí no hay un hospital con sala de parto ni especialistas para atender una emergencia obstétrica. Las embarazadas deben viajar hasta una hora en carro para ser atendidas.
En esta región de mayoría latina, la tasa de pobreza supera el 28%. Muchas familias no tienen auto ni recursos para costear traslados frecuentes de larga distancia. No es raro escuchar de mujeres que han parido en la carretera. “Tienen sus hijos a medio camino y no llegan al hospital. Una de mis amigas ya estaba para tener su baby y, pues, no alcanzó a llegar”, comenta Silvia Sabanilla, que vive en la zona desde hace casi treinta años.
Esta es una realidad que se expande en Florida, donde cada vez hay más desiertos de atención materna. La Florida Association of Community Health Centers asegura que en casi el 20% de los condados es difícil encontrar especialistas que atiendan a madres y a bebés. A esto se suman los datos del Center for Healthcare Quality and Payment Reform, que indican que el 91% de los hospitales rurales del Estado carecen de servicios de obstetricia y ginecología, la cifra más alta del país.
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Hay otro elemento que hoy completa esta escena: el miedo. Desde 2023, en los centros médicos de Florida pueden preguntar a las pacientes por su estatus migratorio. Y aunque no están obligadas a responder, muchas evitan ir al doctor, incluso cuando lo necesitan.
Healthcare Network es el único centro con calificación federal que ofrece atención materna básica en Immokalee. En 2024, atendieron a cerca de 2.200 pacientes embarazadas. En 2025, esa cifra bajó a 1.959. “Históricamente, nuestra tendencia era atender cada vez a más personas. Por eso nos preguntamos qué está cambiando en el entorno y cómo esos cambios afectan a nuestras pacientes”, reflexiona su directora médica, Jamie Khemraj.
Las mujeres que sí se atreven a ir a la consulta tienen que caminar largas distancias, a pesar del calor extremo que puede alcanzar los 100 °F. La doctora Khemraj recuerda el caso reciente de una mujer de Guatemala. “Caminó tres millas en sandalias de plástico porque no tenía otra opción. Ese día se le diagnosticó una infección de transmisión sexual”.
Para las expertas, la situación en Florida es consecuencia de un sistema político más complejo. Desde 2022, tras la eliminación de la sentencia que permitía la interrupción del embarazo en todo el país hasta las 24 semanas, la justicia reproductiva está en el centro de la agenda política local. Las restricciones son como una onda expansiva. Así lo describe la representante demócrata, Anna Eskamani: “Florida tiene una de las leyes más restrictivas contra el aborto del país. Sus efectos abarcan todos los ámbitos de la atención materna. Tanto las mujeres que están formando una familia y deciden tener un hijo como quienes quieren interrumpir un embarazo enfrentan un panorama muy difícil”. Y este es el punto de quiebre.
De acuerdo con el presupuesto estatal, se destinan casi 30 millones de dólares al año a una red de llamados crisis pregnancy centers —muchos vinculados a grupos religiosos—, donde se persuade a las mujeres para que no aborten. Mientras tanto, en regiones como Immokalee no hay atención prenatal. “Aquí simplemente no existe. No hay ningún tipo de atención en esa especialidad. No hay especialistas en esta comunidad”, sentencia la doctora Khemraj.
Eso significa que no se realizan ecografías para evaluar el desarrollo del bebé o detectar posibles complicaciones. La directora médica de Healthcare Network indica que quienes lo requieran son derivadas a Naples, a unos 40 minutos, donde solo existe un servicio en el que trabaja un especialista que atiende a todas las mujeres de la región.
En el mapa nacional, Florida no es el único Estado con banderas rojas de salud reproductiva. En Texas, el National Women’s Law Center señala que más de 320.000 latinas viven en desiertos de atención materna y más de 200.000 en condados con falta de acceso al aborto. Ahí, las fronteras forman parte de la cotidianidad de casi tres millones de latinas que pueden quedar embarazadas. Muchas son inmigrantes a las que, paradójicamente, les resulta impensable salir, viajar o mudarse. Las proyecciones dicen que, entre la población inmigrante, 4 de cada 10 mujeres no tienen documentos.
En el Valle del Río Grande, al sur del Estado, los recursos son más escasos. La organización March of Dimes reporta que entre el 27% y el 43% de las mujeres en edad fértil de esa área no tienen seguro médico. Ese era el caso de Mónica (nombre protegido). Tenía 23 años y estudiaba criminología cuando quedó embarazada por primera vez. “No estaba bien económicamente ni emocionalmente; todavía quería seguir mis estudios. No estaba preparada”, confiesa. Era 2023, poco después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade.
Antes de la prohibición casi total, entre las latinas se registraba la mayoría de los abortos de Texas, según la Comisión de Salud y Servicios Humanos de ese Estado. Tras las restricciones, una investigación de la Universidad de Houston encontró que la tasa de natalidad de este grupo aumentó en más del 5%.
Luego de buscar alternativas en Nuevo México y Colorado, Mónica se dio por vencida. “Yo hubiese querido tener un aborto y no pude porque aquí en Texas es ilegal hacer eso”. Con un diagnóstico de depresión y sin seguro, enfrentó un embarazo complicado. “De tanto estrés que tenía, empecé a tener un sangrado… Me preocupaba que me vayan a meter a la cárcel si el feto llega a fallecer o a pasarle algo”, revive.
En Texas, esta historia se remonta a 2003, cuando los legisladores locales aprobaron la Ley del Derecho de la Mujer a Saber, que obligaba a esperar 24 horas para que una persona pudiera abortar y exigía que las clínicas entregaran desinformación que incluía fotos de fetos y afirmaciones sobre supuestos vínculos con el cáncer, algo que la ciencia ya ha descartado.
En 2011, se incluyó como requisito para la interrupción un ultrasonido. En 2017, se prohibió que los seguros médicos cubrieran el aborto.
En 2021 entró en vigor la SB8, que lo limitó a seis semanas y permite que cualquier persona demande a quien ayude a una mujer a abortar. No contempla excepciones para casos de violación o de incesto. Ahí no terminó todo. En 2022, se empezó a aplicar la “ley gatillo”, que lo prohíbe desde la “fecundación” y lo convierte en un delito en casi todos los casos.
“Quiero que entiendan que, tan siquiera una vez, se pongan en nuestros zapatos y piensen que vivir en Texas no es para cualquier persona”, se lamenta Mónica. Los números completan la escena. Un análisis del Gender Equity Policy Institute concluye que, entre 2019 y 2022, en Texas la mortalidad materna aumentó un 56%.
Mariana Pineda colaboró en la reportería desde Texas. Este reportaje se realizó con el apoyo del Pulitzer Center.
