Proyecto Dipteryx: El algoritmo que alerta los elevados riesgos de ilegalidad de la madera amazónica

Durante un año, un equipo de OjoPúblico analizó más de dos millones y medio de datos de comercialización de madera y desarrolló un algoritmo para medir el riesgo de que sea ilegal. El Proyecto Dipteryx —denominado como una de las especies de árbol más amenazadas de la Amazonía, el shihuahuaco— detectó que más de la mitad de la madera comercializada tiene alto riesgo de ser ilegal. El algoritmo combina varias bases de datos de los últimos 15 años e identifica altos riesgos por concesionario, aserradero y compradores finales.

Los niveles de riesgo de ilegalidad por especie son aún más alarmantes: en el shihuahuaco alcanzan el 84%; la capirona el 77%; y el tornillo 76,1%. En el caso de los aserraderos las sospechas de ilegalidad alcanzan el 70%. Este especial –desarrollado como parte de la Red de Investigaciones sobre la Selva Tropical (RIN) del Centro Pulitzer, y trabajado con el apoyo técnico de Proética y la Agencia de Investigación Ambiental— revela cómo opera el sistema que sostiene la tala ilegal en la amazonía.

"Aquí se empieza a talar antes que den la autorización”, confiesa un maderero de la región amazónica de Ucayali, en la frontera con Brasil, que lleva más de 20 años en el sector. Ha visto cómo todo el tiempo se tumban diferentes especies de viejos árboles para luego venderlos en el mercado peruano e internacional.

A Pucallpa, la capital de esta región, se la conoce como el corazón del tráfico y lavado de madera, por la cantidad de casos que se investigan a raíz de los papeles falsos con el que se blanquea la madera extraída ilegalmente. Entre 2022 y 2023, Ucayali exportó casi USD 66’000.000 de madera, que representa el 43% de todo lo exportado.

Una amplia investigación de un año del equipo de OjoPúblico —para el que se desarrolló un algoritmo que pondera los riesgos de comercio ilegal de madera– identifica que el 55% de la madera comercializada por los concesionarios forestales en la Amazonía peruana (aquellos que tienen la administración de parcelas con bosques) tienen indicadores de alto y muy alto riesgo de ser ilegal.

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El algoritmo, al que hemos denominado Proyecto Dipteryx —por el género al que pertenece el shihuahuaco, uno de los árboles más amenazados de la Amazonía—, fue desarrollado durante un año y analiza cinco bases de datos estructuradas con más de más de 2’718.000 datos vinculados a 15 años de comercio y transporte de madera, concesiones forestales, sanciones administrativas, investigaciones penales por crímenes ambientales, empresas con antecedentes y exportaciones de Aduanas.

Para analizar el score de riesgo de los concesionarios forestales, el Proyecto Dipteryx analizó a un grupo de 500 titulares de estas concesiones (entre personas naturales y jurídicas) de la Amazonía peruana. El modelo algorítmico arrojó que el 25% de los documentos que usó este grupo para comercializar y transportar la madera tienen una calificación de riesgo muy alto; y un 30% de alto riesgo de sospecha de ilegalidad. Es decir, más de la mitad tenía mucho riesgo de ser ilegal.

La construcción de la herramienta estuvo en manos de un equipo multidisciplinario integrado por periodistas, analistas de datos y científicos de datos, y contó con el apoyo técnico de las organizaciones expertas en temas forestales: Proética (capítulo peruano de Transparencia Internacional) y la Agencia de Investigación Ambiental (EIA).

El algoritmo —que se basa en un modelo Random Forest Classifier (RFC)— establece una predicción de riesgo de 0 a 1 —donde 0 representa la inexistencia de riesgo y 1 el máximo riesgo— para tres actores principales del comercio maderero: el titular (que administra la concesión forestal), el comprador (que adquiere el producto y en su mayoría lo transforma en aserraderos) y el destinatario (casi siempre el empresario exportador o vendedor local).

El modelo algorítmico del Proyecto Dipteryx establece como parámetros este tipo de riesgos: muy alto (de 0,9 a 1), alto (de 0,7 a 0,89); medio (0,6 a 0,69); bajo (0,5 a 0,59) y sin riesgo (de 0 a 0,49). Esta puntuación, además, tiene como pieza fundamental a las Guías de Transporte Forestal (GTF), documento que emiten los gobiernos regionales y que detalla una parte de la trazabilidad de la madera. Como parte de la investigación, OjoPúblico accedió a más 60.000 de estas guías de los años 2020 y 2022 y las incorporó a las otras bases de datos de 15 años que pondera el algoritmo.

Además de identificar que más de la mitad de la madera comercializada por los concesionarios forestales tiene alto y muy alto riesgo de ser ilegal, el Proyecto Dipteryx arroja que —entre el 2020 y 2022— el 42% del producto forestal movilizado desde Ucayali tiene algún nivel de riesgo de ser ilegal. Este riesgo se encuentra distribuido de la siguiente manera: 12% muy alto, 18% alto, 6% medio y 6% bajo.

Cuando se analiza el score de riesgo específicamente por los compradores (en su mayoría aserraderos), el algoritmo establece que de las 735 personas naturales y jurídicas que adquieren la madera a los concesionarios forestales, la sospecha de ilegalidad alcanza el 70%: el 42% tiene alto y el 28,9% tiene muy alto.

En la mayoría de categorías analizadas los resultados de riesgos de madera ilegal superan los estimados oficiales. En un estudio publicado en setiembre del 2023, el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) estimó —para el año 2019— en 31,5% al comercio ilegal de madera. Osinfor explicó a OjoPúblico que han iniciado un nuevo proceso de medición para el 2023.

Otro indicador que analiza el Proyecto Dipteryx para identificar los riesgos de madera ilegal fue la especie de árboles. En el Perú se comercializan, por lo menos, 375 tipos de madera en la Amazonía. El score promedio para todas las especies señala que el 19% tiene un nivel muy alto, el 31% alto y el 9,3% medio de riesgo de ilegalidad.

Entre los tipos de madera con mayor sospecha de ilegalidad se encuentran la Cedrelinga cateniformis (tornillo), la Calycophyllum spruceanum (capirona) y el Dipteryx micrantha Harms (shihuahuaco), este último incluido —en 2022—, en una lista CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) por su gran vulnerabilidad debido a la depredación en años recientes.

Si se revisan las cifras al detalle, los porcentajes de riesgo se disparan en cada una de estas tres especies. En el caso del shihuahuaco, sus niveles de riesgo muy alto y alto suman 84,4%; en la capirona alcanzan el 77,4%; y en el tornillo llegan a 76,1%.

Alerta en los bosques

A casi una hora en avioneta desde Pucallpa, la capital de Ucayali, se ubica la provincia de Atalaya, una de las zonas de donde más se extrae madera. Antes de aterrizar y sentir el elevado calor de sus calles, aparecen las copas de distintos árboles frondosos ubicados en las orillas de los ríos Urubamba y el Tambo.

OjoPúblico también visitó distintos puntos de acopio de la madera extraída en esta provincia, días previos al inicio de la temporada de lluvia, y conoció las etapas iniciales de la movilización de la madera. Los entrevistados, que por seguridad prefieren mantener su identidad en anonimato, coincidieron en que se ha reducido la rigurosidad en las supervisiones de las concesiones y permisos forestales —a cargo del Osinfor— debido al lugar estratégico donde trabajan.

“No llegan mucho hasta acá [Atalaya] porque el monte está bien al fondo. Antes había más control pero ahora poquito nomás revisan”, cuenta un trabajador maderero y en paralelo incorpora a un sistema de boyas artesanal un tronco, que —por lo menos— lo triplica en tamaño y supera doce veces en peso.

Al ser consultados sobre el desbosque y el impacto ambiental de una actividad con poco control, los madereros piensan un momento en su respuesta y aseguran que esa situación se repite en gran parte de la Amazonía, pero se justifican al indicar que es la forma en que generan ingresos económicos.

Desde 2023, la alcaldía de Atalaya recae en Francisco de Asís Mendoza De Souza, quien antes de iniciar su carrera política estuvo vinculado a empresas madereras que dirigió su esposa (Forestal Maderera El Roble E.I.R.L. y Trozas S.A., la última dada de baja), así como otra que manejó su fallecido hermano Juan Mendoza De Souza (Forestal Mendoza E.I.R.L).

El alcalde señaló que a la fecha no tenía ningún vínculo con las empresas y que hoy solo se encontraba operativa la firma Forestal Mendoza E.I.R.L.

En 2015, la fiscalía ambiental de Atalaya inició una investigación contra Mendoza De Souza y otros exfuncionarios por el delito de tráfico ilegal de productos forestales maderables. De acuerdo a la versión del alcalde, el caso fue archivado “poco tiempo” después de que se inició porque no tenía pruebas respecto a su responsabilidad.

En su declaración jurada de interés, Mendoza De Souza señala que su hija, Rosío Del Pilar Mendoza Castro, se desempeña como empleada de Amazon Jopa E.I.R.L, firma ubicada en el distrito de Manantay, en Ucayali, y dedicada a la extracción de madera.

Transformación y venta

Antes de aterrizar en Pucallpa, hay una característica que se repite sobre un área cercana al puerto de la ciudad: madera de distintos tamaños, colocadas en amplios ambientes al aire libre y otros más pequeños con techos de calamina. Se trata de los aserraderos —36 en esta región amazónica—, centros donde se produce la primera transformación y troncos rollizos se convierten en tablillas o listones aserrados.

“Aquí se aprende con la práctica y se paga S/ 0,50 por cada pie tablar trabajado”, cuenta un empresario maderero que prefiere mantenerse en reserva, a la vez que detalla todo el proceso que tiene la madera en el lugar: el cargamento de los troncos desde la orilla, el corte y medición de las tablillas y el empaquetado para su traslado a otros puntos del país.

El Proyecto Dipteryx analiza también a 735 empresas y personas catalogadas como compradoras de madera. De este total, el 38,6% obtuvo un riesgo muy alto y alto de sospecha de ilegalidad.

Carla Ugaz Goicochea, docente de la Agronomía y Negocios de la Universidad Científica del Sur e ingeniera forestal con experiencia en cadenas productivas de madera, indicó a OjoPúblico que en el sector se debería “revisar y poner orden” sobre el manejo en los aserraderos para llevar un control sobre los productos.

La especialista también apuntó que el principal problema del rubro maderero no era la tala ilegal sino la “informalidad” que se presenta a lo largo del comercio. “Es ese pequeño trabajador o ese pequeño taller, con un proceso no formal y lo que genera dentro de la gran cadena de productos maderables”, explicó.

Una adecuada implementación del libro de operaciones también permitiría tener un control sobre los datos que se declaran respecto al rendimiento de la madera. Es decir, cuánto de lo que entra en forma rolliza —en troza— se convierte en aserrada. Un estudio del Serfor determinó que en promedio esta cifra alcanza el 51%, pero los aserraderos suelen señalar que supera el 80% y es, en esa diferencia, donde se encuentra la madera extraída de forma ilegal.

La Gerencia Forestal de Ucayali señaló que realiza una supervisión muestral a los aserraderos de la región, según los lotes de madera que tienen estos centros. La oficina agregó que este 2024 tiene planificado realizar 58 inspecciones, con un promedio de cinco al mes. Hasta inicios de mayo, el avance era de 21 fiscalizaciones.

Otro de los sectores que cuenta con información de los aserraderos y la transformación maderera es el Ministerio de Producción (Produce), cartera a cargo de elaborar la Estadística Industrial Mensual. Sin embargo, el detalle sobre lo que disponen no es de acceso público como evidenció OjoPúblico al solicitar los datos que proporcionan las compañías madereras al Produce y que manejan para sus reportes mensuales.

Este medio apeló la respuesta inicial del ministerio ante el Tribunal de Transparencia del Ministerio de Justicia y, luego de este proceso, se ordenó a que el sector brinde la información pero se negó a cumplir el mandato. En agosto del 2023, Produce presentó un recurso al Poder Judicial para declarar la nulidad del fallo del Tribunal de Transparencia. A inicios de mayo de este año, el proceso tuvo una audiencia y todavía se encuentra pendiente de resolver.

Receptores y exportadores

Uno de los últimos eslabones en la cadena comercial de la madera es el destinatario final. Estas empresas o personas naturales acreditan el origen legal con una guía de transporte, documento que también tiene validez para una eventual exportación del producto.

Al salir del Perú, además, no hay una obligatoriedad en detallar sobre la especie o el origen específico de la madera. Algunos optan por acceder a sellos de calidad pero tampoco esa certificación es garantía de sostenibilidad en la cadena forestal, como ha evidenciado este medio.

La transformación de la madera —en un piso o mueble de lujo— y su posterior salida del país, plantean un reto sobre su origen legal, que comienza con el corte de inmensos troncos de centenarios árboles amazónicos para luego ser movilizados por el río en balsas artesanales o embarcaciones de mayor tamaño. En el horizonte fluvial, desde el alba amazónico, las siluetas del producto se pierden, así como la información oficial donde se registra el inicio del comercio forestal.

El Proyecto Dipteryx es una investigación de OjoPúblico.

Equipo periodístico de investigación:
Dirección y edición general: Nelly Luna Amancio.
Investigación: Aramís Castro.
Fotografía y edición visual: Marco Garro.
Modelamiento del algoritmo: Pohol Javier Rey Sanchez.
Apoyo técnico: Proética y Environmental Investigation Agency (EIA).
Análisis de datos: Gianfranco Huamán.
Desarrollo web: Melissa Chávez.
Animación inicial: Andrés Mego.
Infografías: Jhafet Ruiz.
Audiencia: Gianella Rojas.

Con el apoyo de:

Rainforest Investigations Network (RIN) del Pulitzer Center.

Ford Foundation

Rainforest Foundation Norway