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Historia Publication logo Marzo 9, 2023

El sistema público de protección de los trabajadores agrícolas se ve afectado por la rotación de personal y la falta de un programa de apoyo

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A person leaning on door in a motel room.
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This project will examine those responsible for dangerous and harmful migrant housing for the...

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Consciente de que los trabajadores agrícolas se exponían a viviendas inseguras y a robos salariales, el Gobierno creó hace 50 años un programa para corregir esas desigualdades pero documentos internos evidencian que su funcionamiento es deficiente.

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Conclusiones principales:

  • Algunos estados no han desarrollado adecuadamente un componente crucial del sistema: cómo dar asistencia a los trabajadores agrícolas a través del programa de apoyo.
  • El programa ha tenido problemas para retener a los funcionarios en un trabajo que exige tiempo y compromiso para ganarse la confianza de los trabajadores agrícolas.
  • El COVID-19 hizo que algunos estados dejaran por completo de realizar actividades de apoyo en un momento en que los trabajadores agrícolas probablemente más las necesitaban.

A principios de 2019, en Illinois, un trabajador agrícola vivía, junto a su esposa y su hijo, en una casa infestada de moho. En el invierno, debió cubrir las ranuras de las ventanas con sellador de espuma en aerosol para aislar el frío invernal. El inodoro se averiaba a menudo. A diferencia de la mayoría de las viviendas de los trabajadores agrícolas, esta no había sido inspeccionada: su empleador no la había registrado en el estado.

Sin embargo, el trabajador tenía la opción de presentar una queja a un funcionario estatal cuyo trabajo es defender los derechos de los jornaleros agrícolas. Un componente clave de la labor de este funcionario es visitar los campos de cultivos y las viviendas, e informar a las autoridades correspondientes.

A la semana, varios trabajadores agrícolas fueron contactados a través de este programa. Entre 2018 y 2020, Illinois remitió 10 quejas a las autoridades, entre ellas, la denuncia del padre de la vivienda con problemas de moho que fue enviada al Departamento de Trabajo de EE.UU. Las denuncias también incluyeron reclamos de trabajadores que habían sido rociados dos veces con pesticidas y el embargo ilegal de salarios debido a deudas por tratamientos médicos.

Sin embargo, este programa dejó de funcionar cuando los trabajadores agrícolas necesitaban más este tipo de apoyo. 


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Cuando apareció el COVID-19, el estado de Illinois prohibió viajar a los trabajadores del programa de apoyo, asignando a algunos de ellos otras funciones, según consta en documentos estatales y federales. 

Los trabajadores agrícolas, que a menudo viven hacinados, son especialmente vulnerables a contagiarse de COVID-19. Entre el primer verano de la pandemia hasta el verano del 2022, las autoridades del estado no contactaron a ningún trabajador agrícola. Solo se registró una queja.

Los empleados del programa de apoyo en Illinois forman parte de una asociación federal y estatal conocida como el Sistema de Defensoría de Monitoreo (Monitor Advocate System, en inglés). Son los funcionarios del Departamento de Trabajo de EE.UU. los que supervisan a sus homólogos estatales, que a su vez, garantizan que en los estados se proteja a los trabajadores agrícolas de la inseguridad en las viviendas, el robo de salarios y otros abusos. El programa de apoyo es solo una parte de las tareas del sistema, pero constituye un elemento esencial.

Un problema nacional

Las deficiencias en el programa de apoyo en Illinois se repiten en todo el país, según documentos internos del programa obtenidos por Investigate Midwest y otros registros estatales y federales.

A considerar:

* La pandemia perjudicó o anuló por completo el apoyo que necesitan los trabajadores agrícolas. Se considera que los estados deben asignar personal a tiempo completo a través de los programas de apoyo durante la temporada de cosecha. El personal de algunas oficinas de empleo locales —conocidas sobre todo por ofrecer asesoramiento profesional y orientación laboral— también contribuye.

No obstante, en los primeros años de la pandemia, algunos estados como Illinois, Ohio y Kansas cerraron sus oficinas de empleo o reasignaron a su personal. Así, en todo el país, el número de contactos con los trabajadores agrícolas se redujo, según el último informe anual del Sistema de Defensoría de Monitoreo.

Mientras tanto, de acuerdo a datos del Food and Environment Reporting Network, un medio de comunicación sin ánimo de lucro, más de 90.000 trabajadores agrícolas contrajeron el virus y al menos 100 murieron durante la pandemia.

En los últimos años, el sistema de defensoría que supervisa los derechos de los trabajadores se ha visto afectado por la rotación de personal. El Sistema de Defensoría de Monitoreo cuenta con unas 60 posiciones: un supervisor nacional, seis funcionarios del Departamento de Trabajo que supervisan varios estados en diferentes regiones, un supervisor estatal y personal de apoyo. Desde el 2020, un total de 37 personas han pasado por el sistema, según la revisión de los directorios de personal realizada por Investigate Midwest.

Desde 2020, cuatro estados, incluido Illinois, han tenido tres personas en la posición del defensor que monitorea la situación de los trabajadores agrícolas. Algunos de los que desempeñaron técnicamente el cargo no lo hicieron a tiempo completo. Por ejemplo, el encargado de la defensoría de Iowa dedicó entre 2016 y 2018 menos de la mitad de su tiempo a realizar labores de supervisión. El estado explicó que ese no es el caso en este momento.

Janie Claytor-Woodson, titular de la defensoría de monitoreo estatal en West Virginia durante muchos años hasta su jubilación en 2020, dijo que muchos de los supervisores con los que trabajó eran personas dedicadas y solidarias que tenían en cuenta los intereses de los trabajadores agrícolas.

“La mayoría de las personas con las que laboré eran excepcionales. Se tomaban su trabajo muy en serio”, dijo. Pero, añadió, “no se puede poner a cualquiera en ese puesto. Es necesario contar con alguien que tenga algún interés o experiencia (con los trabajadores agrícolas). De lo contrario, el programa se debilita”.

* Incluso antes de la pandemia por el COVID-19, algunos estados no cumplían con los requisitos de apoyo a los trabajadores agrícolas. El año anterior al inicio de la pandemia, 16 estados no lo hicieron, según un reciente informe anual. En los documentos se señala que el escaso contacto con los trabajadores agrícolas suele traducirse en un menor número de quejas.

Yu-Mon “Luis” Chang, titular de la defensoría de monitoreo estatal en Connecticut, explicó en un video para el Centro Nacional para la Salud del Trabajador Agrícola (National Center for Farmworker Health, en inglés) que las visitas periódicas son indispensables para generar confianza entre los jornaleros. La oficina no respondió a las repetidas solicitudes de entrevista enviadas por este medio.

“Si visitas el campo solo una vez cada dos años, no te vas a ganar la confianza de los trabajadores”, declaró. “Pero si te ven ahí fuera todo el tiempo y empiezan a hablar contigo, se sentirán lo bastante cómodos como para contarte algo que pueda estar inquietándoles. Esa es la clave”.

En una declaración enviada a Investigate Midwest, el Departamento de Trabajo manifestó su desacuerdo con cualquier comentario que afirmara que el programa no había tenido éxito. El comunicado señala que la fiscalización que proporciona el sistema de defensorías se centra en la revisión de las protecciones que los estados brindan a los trabajadores agrícolas, la efectividad de su proceso de quejas y el apego a los reglamentos y normas: “Este sistema tiene éxito cuando los integrantes de la Defensoría desempeñan sus funciones de forma eficaz”, se afirma en el comunicado.

A nivel nacional, se están cumpliendo varios de los indicadores de rendimiento que el Departamento de Trabajo utiliza para determinar el éxito del programa. Pero la misma agencia reconoce que “los datos a nivel estatal muestran que no todas (las oficinas de empleo locales) reúnen las condiciones completas”.

El informe anual más reciente del programa de apoyo señala que los contactos semanales se incrementaron tras el primer año de la pandemia. Aunque, se lee, “es fundamental comprender que la tasa de contactos previa a la pandemia puede que no fuera la adecuada”.

Cuando se preguntó qué tipo de responsabilidad existía para los estados que no cumplían con las normas requeridas, el Departamento de Trabajo respondió: “El incumplimiento reiterado puede dar lugar a que (la entidad) señale oficialmente las deficiencias en un informe y exija un plan de medidas correctivas. La mayoría de los estados pueden cumplir las normas siguiendo estos criterios”.

En casos más extremos, señala la dependencia, se pueden retener los fondos.

No está del todo claro si eso ha sucedido. El estado de Indiana ha sido objeto de repetidas infracciones desde 2009 por falta de personal de su programa de apoyo, según consta en una copia del plan de medidas correctivas de ese departamento. El gobierno de Indiana aseguró que “en estos momentos cumple” con la reglamentación sobre contratación de personal.

El Departamento de Seguridad Laboral de Illinois, que alberga parte del sistema de defensoría de monitoreo estatal, aseguró en un principio que respondería a las preguntas de Investigate Midwest sobre su participación y sus resoluciones durante la pandemia. Al cierre de esta edición, no había respondido.

Imagen por Investigate Midwest.

El sistema de defensorías ha ocupado recientemente los titulares por la posible conexión entre su representante en Georgia y una operación de tráfico de personas, según un reportaje del diario USA TODAY.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU., la operación consistía en obligar a los trabajadores agrícolas a extraer cebollas con las manos sin ninguna protección y habitar viviendas con sistemas de plomería limitada y sin agua potable. Según declaraciones vinculadas al caso, los traficantes sobornaron a un funcionario estatal que inspeccionaba y aprobaba las condiciones de alojamiento de los trabajadores agrícolas.

La persona encargada de inspeccionar las viviendas era la titular de la defensoría de monitoreo estatal de Georgia, que se jubiló a raíz de la investigación del Departamento de Justicia. Su hermana fue acusada, junto con varios miembros de su familia, de ser propietaria de empresas que contrataban a trabajadores agrícolas, según un reporte publicado por el diario USA TODAY.

El Departamento de Trabajo de Georgia no contestó nuestras solicitudes para exponer sus descargos.

La vivienda de los trabajadores agrícolas, un problema crónico

En un proyecto en curso sobre las viviendas de los trabajadores agrícolas, Investigate Midwest está investigando los problemas crónicos y los mecanismos creados para defender sus derechos. Garantizar que se respeten las condiciones para una vida segura no es la única responsabilidad del Sistema de Defensoría de Monitoreo, pero proteger a los trabajadores agrícolas de habitar viviendas precarias —un mal arraigado— ha sido el objetivo desde su creación.

Los casos de viviendas en mal estado abundan en todo el país. En Iowa, las autoridades detectaron casas con agujeros en las paredes y los pisos. En Missouri, se obligó a vivir a unos jornaleros agrícolas en la sede de lo que alguna vez fue una cárcel. Un trabajador presentó una queja a un grupo de defensa de los derechos laborales del sector agrícola por vivir en un “gallinero de hierro” con literas.

“Los trabajadores agrícolas son uno de los grupos con peores condiciones de vivienda en Estados Unidos”, opinó Lance George, director de investigación e información del Housing Assistance Council, que analizó la problemática en 2002. “Es un grupo que vive en la sombra”.

Antonio De Loera-Brust, director de comunicaciones del sindicato californiano Unión de Campesinos (United Farm Workers, en inglés), sostiene que es necesario mejorar la supervisión y la aplicación de las normas para que las condiciones cambien.

“Existe una ley que aparece en los estatutos y otra que se aplica en el campo”, dijo.

Tanto los análisis como los datos del Gobierno y los informes previos muestran que los trabajadores agrícolas son vulnerables a los abusos laborales, la trata de personas y las transgresiones legales, esto ha provocado la necesidad de contar con una figura gubernamental como la del titular de la defensoría de monitoreo.

Cuando el Centro de los Derechos del Migrante encuestó recientemente a trabajadores agrícolas, el 100% de los consultados dijeron que se enfrentaban al menos a un tipo de infracción legal grave.

Matt Boles, abogado de la Iniciativa para la Libertad de los Inmigrantes del Sureste (Southeast Immigrant Freedom Initiative, en inglés) del Southern Poverty Law Center, representa a cinco clientes con visados H-2A que prestan servicios en plantaciones vinculadas al caso de trata de personas en Georgia. Estos clientes han solicitado permanecer en Estados Unidos con visados T, un beneficio temporal de inmigración que se otorga a víctimas de la trata de personas.

“La gente tiene mucho miedo”, afirma. “Piensan: ‘Si digo algo o denuncio, por mal que me traten ahora o por malas que sean las condiciones, puede que luego (empeoren)'”.

El año pasado se conocieron otros casos de trata de trabajadores agrícolas. En enero de 2022, un gran jurado de Carolina del Sur inculpó a dos personas por tráfico de mano de obra relacionado con el programa H-2A. En abril de ese mismo año, una mujer de Florida se declaró culpable de una conspiración por crimen organizado en varios estados relacionada con el tráfico de trabajadores agrícolas. En diciembre, un contratista de mano de obra agrícola fue condenado a casi 10 años de prisión por dirigir una conspiración multiestatal para traficar con trabajadores temporales de nacionalidad mexicana.

El robo de salarios también es un problema constante. El Departamento de Trabajo ha recuperado más de 82 millones de dólares en salarios atrasados adeudados a trabajadores agrícolas desde el año 2000. En el último periodo fiscal, el Departamento de Trabajo impuso la cifra histórica de 7,9 millones de dólares en multas.

El fallo del magistrado Richey

El Sistema de Defensoría de Monitoreo surgió de las quejas de los trabajadores agrícolas hace unos 50 años.

Se suponía que los centros de empleo, establecidos durante la Gran Depresión, debían ofrecer las mismas expectativas profesionales a todos los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores alegaban que los centros los mandaban donde empleadores que les robaban los salarios y les daban viviendas inseguras.

En 1974, Charles R. Richey, juez federal de Washington D.C., dictó sentencia sobre esos casos. (Mayor notoriedad tuvo su fallo en el caso de las cintas grabadas por Richard Nixon mientras era presidente, que no eran registros personales). Al considerar que el Departamento de Trabajo infringía los derechos de los trabajadores agrícolas, estableció una asociación federal y estatal que se convertiría en el Sistema de Defensoría de Monitoreo.

Imagen por Investigate Midwest.

Un elemento esencial para el éxito del programa era el apoyo que debía ofrecer, ya que muchos de estos trabajadores no se acercaban a las oficinas de empleo.

En virtud de la decisión de Richey, los estados ahora están obligados a suministrar los mismos servicios a los trabajadores agrícolas que a los que no lo son. Esto significa que los gobiernos estatales deben contratar a personal especializado que informe a los trabajadores agrícolas de los recursos que tienen a su disposición.

El personal del programa asistencial también está obligado a documentar cualquier aparente infracción que observe durante las visitas a los trabajadores agrícolas y a enviar las quejas correspondientes a las entidades competentes para investigarlas, que suele ser el Departamento de Trabajo.

Sin embargo, muchos de los problemas que Richey detectó hace décadas siguen aquejando a los gobiernos estatales, según las auditorías internas y los planes de aplicación de medidas correctivas.

La norma estipulaba que los estados debían contratar personal bilingüe y, en la medida de lo posible, pertenecientes a la comunidad de trabajadores agrícolas. No obstante, los estados han fracasado en aplicar esas disposiciones.

En Illinois, por citar un ejemplo, hay cinco oficinas ubicadas cerca de numerosas poblaciones de trabajadores agrícolas. Solo tres emplean personal bilingüe, y solo una ha contratado a alguien con experiencia como trabajador agrícola, según muestran los registros estatales.

El magistrado también exigió a los estados que contraten al personal necesario para realizar “controles aleatorios sobre el terreno… para determinar si los salarios y las condiciones de trabajo y de vivienda” no violan las leyes estatales y federales, escribió Richey.

En los últimos años, la falta de personal ha sido un gran dolor de cabeza para los estados.

Durante la temporada alta de cosecha de Missouri en 2019, cerca de 9,000 trabajadores agrícolas vivían en el estado, pero la administración no contaba con el personal de apoyo necesario. Desde entonces ha contratado personal a tiempo completo. 

El mismo año, el equipo de apoyo de Nebraska “no pasó la mayor parte de (su) tiempo sobre el terreno”. En 2021, el único miembro del personal del programa de apoyo de Indiana dedicó parte de su tiempo a otras tareas durante la época de alta cosecha.

Missouri e Indiana no respondieron a las solicitudes de comentarios. Un análisis de los servicios en Nebraska realizado en 2021 por el Departamento de Trabajo no detectó deficiencias, y un portavoz del estado explicó que Nebraska, al ser un estado con pocos trabajadores agrícolas, no está obligado a contar con personal de apoyo a tiempo completo durante la mayor parte del año. Indiana, por su parte, dijo que ahora cumple con las normas de contratación de personal.

Interés por el ser humano 

Claytor-Woodson y su colega atravesaron un cobertizo de hojalata que albergaba tractores gigantes. Al fondo, un hombre que trabajaba para una empresa de Florida les mostró dónde dormirían los trabajadores agrícolas. Las camas “muy rudimentarias”, sin colchones, estaban construidas con malla delgada usada para construir gallineros, según recordó recientemente.

Cuando vio a las ratas muertas y sus excrementos, se quedó mirando a su colega.

“¿Es en serio?”, pensó.

La mayoría de las viviendas de los trabajadores agrícolas que inspeccionó tuvieron resultados satisfactorios, dijo, pero decidió que nadie debía vivir en el “espantoso” cobertizo de hojalata.

Aunque no era la defensora de monitoreo del estado en el momento de la inspección, Claytor-Woodson, que ahora tiene 75 años, desempeñó esa función más de una década antes de su jubilación en 2020. Anteriormente, trabajó como administradora del servicio de bienestar infantil en California y tomaba ambas funciones con la misma responsabilidad.

Ella comentó que les decía a los empleados a su cargo, quienes se ocupaban de separar de sus hogares a niños en situaciones peligrosas, que actuarán siempre con base en los intereses del menor.

“No me importa quién es la mamá, quién es el papá, o si es un líder político, lo que sea, nada de eso importa; nuestro deber es asegurarnos que ese niño esté a salvo”, aseveró. “Así es como me aproximé” al papel de defensora.

Se reunía con los trabajadores agrícolas a primera hora de la mañana, durante la comida o en la noche para no interrumpir su trabajo. Con un intérprete a cuestas, les hacía saber que el empleador estaba enterado de que ella estaba allí y que les haría algunas preguntas. En pequeños grupos, lejos del empleador, les preguntaba de dónde eran, si tenían hijos, cómo habían llegado al trabajo… “Solo quería ver quiénes eran como personas”, aseveró.

También observaba el lenguaje corporal de cada trabajador para entender si necesitaba entablar una conversación individual en vez de grupal.

Una vez, cuenta, un joven trabajador agrícola le habló de su padre. También trabajador agrícola, que se lesionó en el trabajo en Ohio. Las lesiones le impidieron trabajar y su empleador se negó a pagar las facturas médicas, recordó Claytor-Woodson.


Imagen por Investigate Midwest.

“Lo enviaron a casa (a México) con una enorme factura del hospital”, relata. El “padre estaba muerto de miedo de que alguien lo mandara a la cárcel”.

Ella trabajó con el defensor de monitoreo del estado de Ohio para que una organización benéfica local pagara la atención médica. Cuando el joven trabajador agrícola regresó la temporada siguiente, la buscó y le dio las gracias.

Aunque la rotación de personal ha afectado el sistema, algunos funcionarios tienen años en sus puestos. Olga Ruiz, quien no respondió a las consultas de Investigate Midwest, ha trabajado en el programa más de 30 años en Colorado. Su estado se cita a menudo en los informes anuales del Sistema de Defensoría de Monitoreo como una historia de éxito.

Desde que Claytor-Woodson se jubiló, dos personas en West Virginia han ocupado el puesto de supervisor de la defensoría de monitoreo, según muestran los listados de personal. Un correo electrónico enviado a Steven Sansom, quien figuraba recientemente como empleado en el puesto, fue devuelto sin respuesta alguna.

Claytor-Woodson opina que muchos de los defensores con los que trabajó buscaban marcar una diferencia, como Laura Tramontana, actual jefe de la Oficina de la Defensoría Nacional, encargada de canalizar los recursos del Departamento de Trabajo para atender a los trabajadores agrícolas. Tramontana tampoco respondió a nuestra solicitud de entrevista enviada a su correo electrónico oficial.

Pero Claytor-Woodson también tuvo inconvenientes con la apatía de algunos de sus colegas hacia los trabajadores agrícolas.

“Hay gente que ve un beneficio en salir de la oficina, pero no necesariamente para prestar los servicios que el empleador o los trabajadores agrícolas necesiten”.

La creación de un ‘punto de partida’ en Illinois

En mayo de 2021, Myriam Diaz Rutland se comunicó por videoconferencia, utilizando una cámara que presentaba fallas, con empleados estatales en una oficina de empleo en Mt. Vernon.

Esta localidad rural del sur de Illinois se encuentra a una hora en automóvil de seis campos de trabajadores inmigrantes. Según los registros estatales, cada año pasan por la zona unos 200 trabajadores.

Todos los años, los supervisores de las defensorías de monitoreo estatales deben revisar la función que desempeñan los centros de empleo en la prestación de servicios a los trabajadores agrícolas, incluida la calidad y la cantidad de actividades de apoyo que llevan a cabo. Como Illinois no había conseguido cubrir el puesto, el control realizado por Diaz Rutland, a través de Internet debido al COVID-19, fue el primero en años.

Imagen por Investigate Midwest.

Sus apuntes muestran que el programa de Illinois partía prácticamente de cero.

“Este periodo de supervisión se ha establecido como ‘punto de partida'”, escribió en los documentos que Investigate Midwest obtuvo a través de una solicitud de la ley de acceso a la información pública. “La Defensoría de Monitoreo Estatal ha permanecido vacante de manera oficial durante varios años hasta la ejecución de esta evaluación”.

Díaz Rutland llevó a cabo la última evaluación de este tipo en el 2018, durante su primera etapa como defensora de monitoreo estatal

Díaz Rutland no contestó a las peticiones para entrevistarla. Cuando se le contactó para un reportaje previo sobre los trabajadores agrícolas de Illinois, remitió a Investigate Midwest con la portavoz del Departamento de Seguridad Laboral de Illinois.

En su evaluación, Díaz Rutland concluyó lo siguiente:

  • Ningún trabajador agrícola recibió servicios en el último año. Tampoco se contactaron con ellos a través de la oficina de apoyo.
  • La oficina empleó a una persona bilingüe que no obtuvo la adecuada capacitación para atender a los trabajadores agrícolas.
  • La oficina no había recibido formación sobre cómo recibir las quejas de los trabajadores agrícolas y hacerlas llegar a las autoridades competentes.

En su conclusión subraya que la oficina “no estaba equipada” para garantizar la protección de los trabajadores agrícolas.

El caso de Mt. Vernon no es único. Cuatro de las cinco oficinas que están cerca de poblaciones de trabajadores agrícolas no cumplían los requisitos del Sistema de Defensoría de Monitoreo, de acuerdo con los registros estatales.

En una respuesta, la directora de la oficina de Mt. Vernondijo que “no debe ser considerada responsable” por la forma en que la oficina manejó el programa de apoyo de los trabajadores agrícolas antes de que ella asumiera el cargo. Dijo que la oficina comenzaría a realizar actividades de apoyo cuando el estado lo permitiera.

Aproximadamente un mes después de completar las evaluaciones, Díaz Rutland dejó vacante el puesto, según los documentos federales. Aunque permanece en la agencia de seguridad laboral, no está claro cómo ni por qué fue reasignada.

El cambio dejó a Illinois, en plena temporada alta de cosecha, sin un defensor como lo exige el gobierno federal. Mientras el estado efectuaba el proceso para contratar a un nuevo funcionario — el tercero desde 2020 —, el año pasado no se llevó a cabo algún tipo de evaluación de la protección estatal hacia los trabajadores agrícolas.

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