Corte Constitucional colombiana examinará por primera vez un conflicto por bonos de carbono

El mas alto tribunal de Colombia abordará por primera vez un caso del mercado voluntario de carbono. Se trata de una demanda judicial presentada por las autoridades indígenas del Pirá Paraná. La decisión de la corte podría sentar jurisprudencia para otras iniciativas similares de pago por servicios ambientales.

El pasado 28 de abril, la Corte Constitucional colombiana seleccionó una demanda judicial presentada por las autoridades indígenas del Pirá Paraná contra un proyecto de bonos de carbono en su territorio en medio de la selva amazónica del Vaupés. Con esa selección, el más alto tribunal del país abordará por primera vez un caso del mercado voluntario de carbono y su decisión podría sentar jurisprudencia para otras iniciativas similares de pago por servicios ambientales. Es decir, puede trazar las líneas legales sobre lo que se puede y no se puede hacer en proyectos de bonos de carbono en territorios donde habitan comunidades originarias.

Como ha venido investigando esta alianza periodística desde hace dos años, muchos proyectos de bonos de carbono que se implementan en territorios indígenas no siempre han sido legítimos y transparentes.

Estos proyectos –llamados Redd+– consisten en enlazar a comunidades locales que cuidan bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global con empresas que compran sus bonos de carbono para compensar su propio uso de combustibles fósiles. Cada uno de esos bonos o créditos equivale a una tonelada de dióxido de carbono —uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático— que ya no subiría a la atmósfera producto de ese esfuerzo de conservación.

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A raíz de una de estas iniciativas, en julio de 2022 el Consejo Indígena del Pirá Paraná interpuso un recurso judicial conocido como acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les han violado la organización no gubernamental  Corporación Masbosques y tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de este tipo de soluciones climáticas que buscan traer recursos a las comunidades que conservan bosques. “Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron las autoridades del Pirá Paraná en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”. Esa solicitud fue negada por jueces de primera y segunda instancia a finales del año pasado.

En la audiencia de selección, los magistrados Antonio José Lizarazo y Jorge Enrique Ibáñez decidieron que la Corte Constitucional revisará el caso porque cumple con dos de sus criterios objetivos de selección.

Por un lado, vieron que hay una “necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial”. Eso significa que la Corte mirará si los jueces han observado o, por el contrario, desconocido la jurisprudencia que ha marcado el tribunal en sus fallos, incluyendo sobre cómo la acción de tutela es el mecanismo idóneo y preferente para resolver muchos problemas que conciernen a pueblos indígenas.

Por otro, los dos magistrados de la Corte consideraron que es “un asunto novedoso”. Esto ocurre cuando un caso concierne asuntos constitucionales que no han sido abordados antes en la jurisprudencia.

Las sombras del proyecto Baka Rokarire

Como contaron el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), Mongabay Latam y La Silla Vacía en una investigación publicada en octubre pasado, el proyecto Baka Rokarire podría tener varios problemas.

Los demandantes afirman que quien firmó el documento legal a nombre de los indígenas con Masbosques, en marzo de 2021, fue el anterior representante legal de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi), que había sido retirado del cargo dos semanas antes de suscribirlo. También argumentan que Masbosques negoció con varios capitanes del territorio de manera individual, además de con quien ya no era representante legal de Acaipi. No obstante, dicen los demandantes, jamás buscó al Consejo Indígena que ha sido la máxima autoridad en el Pirá Paraná desde mayo de 2019. Para las actuales autoridades, la manera como Masbosques impulsó el proyecto —en sus palabras “mediante artificios documentales y maniobras fraudulentas”— lesionó sus derechos fundamentales.

Masbosques, una organización no gubernamental antioqueña que cuenta entre sus socios a varias entidades públicas, se ha defendido asegurando que ha actuado correctamente y que firmó el contrato con quien era la legítima máxima autoridad en ese entonces. “Masbosques obró con la suficiente diligencia y su actuar fue conforme a la realidad jurídica del momento y en consecuencia no se puede predicar que (…) se violentaron o siquiera pusieron en riesgo los derechos fundamentales”, dijeron representantes de la organización al juez de primera instancia. Varias de las comunidades del Pirá Paraná respaldan su iniciativa, subrayando la existencia de una fractura social allí.

Adicionalmente, el Consejo Indígena considera que el proceso de validación del proyecto Baka Rokarire presenta fallas en toda la cadena de valor de los bonos de carbono, en la que teóricamente los diferentes actores deben actuar como pesos y contrapesos para garantizar que los proyectos sí cumplen con los estándares sociales y ambientales que promueven la ONU y el gobierno colombiano.

Por considerar que fueron negligentes en no identificar esas fallas en el origen del proyecto, dirigieron su acción judicial contra la certificadora Cercarbono, la auditora Ruby Canyon Environmental y la consultora Soluciones Proambiente S.A.S. que ayudó a formular el proyecto. Una de ellas, Ruby Canyon Environmental —mostró la investigación de esta alianza periodística— pudo no haberse percatado de los problemas porque durante su trabajo de auditoría apenas sobrevoló el territorio en vez de visitarlo, según consta en el informe que presentó.

Esta alianza también encontró otras dos peculiaridades en el proyecto Baka Rokarire. En lo que podría constituir un conflicto de interés, la empresa que compró y posiblemente revendió la primera cosecha de bonos en marzo de 2022 —llamada Latin Checkout— comparte los mismos socios fundadores con Cercarbono, la empresa colombiana que maneja uno de los cuatro estándares de certificación que operan en el país, que registró el proyecto del Pirá Paraná y que emitió sus bonos. Esos 1,3 millones de créditos de carbono fueron eventualmente canjeados por la aerolínea estadounidense Delta Airlines.

Asimismo, la empresa que aparece como consultora en la formulación del documento de diseño del proyecto (PDD) —Soluciones Proambiente— resultó ser también la financiadora del proyecto, según reveló Masbosques en una entrevista. Eso le permite recibir hasta un 40 % de los recursos que deja la venta de bonos, menos los costos operativos.

En ambos casos, se trata de hechos que las autoridades indígenas del Pirá Paraná desconocían, según dijeron a CLIP.

¿Reglas de juego para el mercado voluntario de carbono?

Una decisión de fondo de la Corte Constitucional suele demorarse varios meses o incluso años, pero podría dejar sentadas las condiciones ineludibles que deben cumplir el mercado voluntario de carbono y los proyectos Redd+ en todo el país para garantizar los derechos de las comunidades indígenas, que tienen especial protección constitucional.

Esos proyectos de carbono han traído recursos invaluables a las comunidades locales, pero también —como ha documentado esta alianza periodística— han multiplicado los conflictos por proyectos de bonos carbono en toda la Amazonia colombiana. A su vez, algunas iniciativas podrían estar incumpliendo las salvaguardas sociales y ambientales en cuestiones como el acceso a la información de los proyectos, el consentimiento y la participación de las comunidades, el respeto de sus estructuras de gobernanza o la rendición de cuentas sobre sus beneficios. Todo esto ocurre bajo la mirada despreocupada del Estado colombiano, que no está supervisando la implementación de estos proyectos privados ni ha usado hasta ahora su potestad para investigar posibles irregularidades en éstos.

Otro punto que podría dilucidar la Corte es si los proyectos de carbono son negocios entre privados en los que el Estado colombiano no debería intervenir o si, por el contrario, éste tiene un deber de acompañar a las comunidades indígenas o afro que negocian con empresas y de supervisar que cumplan unas condiciones mínimas.

Bajo el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Ambiente defendió la visión de que un proyecto Redd+ es “una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado” y que el Ministerio “no tiene competencia para adelantar supervisión sobre el manejo de dichos recursos”, según respondió al CLIP en una investigación periodística en torno a otro caso de bonos de carbono en el resguardo de Matavén, publicada antes del cambio de gobierno nacional.

Otras personas, sin embargo, argumentan que debería operar también el derecho público, porque si bien los resguardos son figuras de propiedad privada colectiva, el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas es de naturaleza pública. En palabras del abogado Juan Carlos Preciado, que asesora legalmente a las autoridades del Pirá Paraná desde la Fundación Gaia Amazonas, “no es un tema del carácter del suelo, sino de quiénes intervienen en el proceso y ellos son autoridades públicas”.

El gobierno de Gustavo Petro ha expresado una postura más favorable a la regulación del mercado de carbono que su antecesor. Aunque aún no ha anunciado medidas, la ministra de ambiente Susana Muhamad ha dicho que se necesitan esquemas de pago por servicios ambientales para incentivar el cuidado de los ecosistemas más sensibles, pero que deben darse —en sus palabras— “con reglamentación porque hoy es el salvaje oeste con respecto a los bonos de carbono”.

Con su fallo sobre el caso, la Corte Constitucional podría ayudar a ponerle reglas de juego a un mercado incipiente que ha crecido vertiginosamente en los últimos cinco años, al punto que hay un centenar de proyectos en distintas fases de formulación en todo el país y se han vendido millones de bonos como alternativa al pago del impuesto al carbono.