¿Cómo gobernar colectivamente la infraestructura de la IA? Chile puede tener algunas respuestas

Este artículo describe una de las actividades realizadas a través del Fondo para la Participación y la Divulgación del Centro Pulitzer y forma parte del proyecto El patio trasero de la IA, una investigación transfronteriza sobre los impactos locales de los centros de datos. Puedes leer también sobre las actividades realizadas en México y España.

Antes de que la IA generativa pusiese a los centros de datos en el foco público Chile fue testigo de varias historias sorprendentes. En la comuna de Cerrillos, en el área metropolitana de Santiago, un grupo de vecinos organizados inició una lucha que lograría frenar un complejo de Google que planeaba usar una ingente cantidad de agua.  

Pocos años después en la comuna de Quilicura, hogar de uno de los grandes humedales de la ciudad y del primer complejo de la multinacional en Latinoamérica - Quilicura es considerada por muchos como la capital de los centros de datos en la región-, se creó un movimiento de resistencia que ya ha logrado importantes victorias.

Más recientemente en la vecina comuna de Huechuraba un macro-proyecto de Amazon ha puesto en alerta a toda una comunidad. Desde 2023 sus vecinos fiscalizan los pasos de la empresa, tratando de poner luz en medio de la opacidad que suele rodear a estos desarrollos.

La llegada de grandes centros de datos a Chile no sólo ha movilizado a la sociedad civil. Investigadores chilenos y de otros países llevan años indagando sobre las consecuencias en el territorio de estas inversiones. En 2024 los académicos Marina Otero, Nicolás Díaz, Serena Dambrosio y Linda Schilling iniciaron un proyecto para encontrar respuestas a preguntas difíciles: ¿Cómo gobernar colectivamente estas infraestructuras? Y sobre todo, ¿cómo integrar en este diálogo a las comunidades locales directamente impactadas por los centros de datos?  

En 2025 este grupo presentó en la Bienal de Venecia la obra Inteligencias Reflexivas, una instalación que hacía referencia, también, al Plan Nacional de Data Centers aprobado ese mismo año por el gobierno chileno. Una iniciativa pionera a nivel global pero cuyo resultado final ha sido criticado por un gran número de voces, incluidas las propias comunidades que fueron invitadas a varias reuniones del plan. 

Durante nuestro reporteo en Chile entrevistamos a Díaz y, antes de eso, yo ya conocía a Otero y su trabajo. Así que a finales de 2025 contacté con el grupo para proponerles una actividad en Santiago que encajase también con su proyecto. En marzo de este año el grupo organizó en la capital chilena un encuentro bajo el título Infraestructuras en debate. Datos, territorios y gobernanza en Chile. 

Díaz, Dambrosio y Schilling plantearon esta mesa de diálogo como un espacio de discusión entre múltiples actores para “mapear escenarios de gobernanza, diseño y evaluación en el corto y mediano plazo”. Pero también para identificar “tensiones, oportunidades y criterios compartidos para orientar decisiones futuras” en la gobernanza de la infraestructura digital en el país.  

El encuentro reunió a representantes de sociedad civil (Jorge López y Tania Rodríguez, de MOSACAT; Lorena Antiman y Germán López, corporación NGEN; Alexandra Arancibia, de Resistencia Socioambiental Quilicura; y Ricardo Carter, No Amazon en Huechuraba), de la academia (Carolina Gainza, Universidad Diego Portales; Mónica Humeres, Universidad de Chile; Sebastian Leuhede, King’s College London) y del sector privado (Javier Moya, de la firma de arquitectura Hyphen; Cristóbal Lea Plaza, Google). Un representante del gobierno chileno -en ese momento en pleno proceso de transición al nuevo Ejecutivo- declinó nuestra invitación. 

El Palacio Pereira de Santiago acogió un evento en el que se abordaron múltiples temas durante casi tres horas, en un formato de presentaciones y debate posterior. Uno de estos temas fue el proceso de elaboración del plan nacional de centros de datos, al que varios grupos ciudadanos fueron invitados a participar. El resultado final de esta iniciativa política, sin embargo, ha despertado duras críticas por parte de las entidades de la sociedad civil. 

Alexandra Arancibia señaló cómo este plan nació “desde la presión de las comunidades”, pero criticó cómo ha faltado presupuesto y también voluntad para impulsar unas políticas realmente responsables en torno a esta industria y sus impactos. “Falta diálogo y también tomarse en serio la problemática climática”, dijo durante el encuentro en Santiago. 

Varios participantes más destacaron el potencial de la ciudadanía para incidir tanto en las políticas públicas como en desarrollos del sector privado. Entre ellos Jorge López y Tania Rodríguez, miembros del movimiento vecinal que paralizó el centro de Google en Cerrillos. “La fuerza de los vecinos nos permitió darnos a conocer y defender nuestro territorio”, aseguró López.

Tras descartar el proyecto inicial, la empresa propone ahora un cambio en el tipo de refrigeración de los servidores con un uso de agua mucho menor al inicial. “Este cambio no vino de la empresa, sino que fue un trabajo de lucha de cuatro años”, recordó Rodríguez. 

Cristóbal Lea Plaza, responsable de relaciones gubernamentales de Google en el país, se mostró por su parte abierto a participar en instancias de diálogo con las comunidades y dijo conocer sus preocupaciones. “Somos conscientes de las críticas que genera el uso de agua”, aseguró. 

La evolución en el debate público en el país en torno a este tema en los últimos años se hizo también palpable durante la mesa. La socióloga Mónica Humeres puso el acento en que la “huella ambiental de los data centers ya está en la conciencia de los legisladores”. Sin embargo advirtió que a la hora de la verdad la “mirada economicista” en torno a estas infraestructuras sigue prevaleciendo.

Otro de los temas que se abordaron fue un cambio normativo, revelado por el medio LaBot, que acabaría con la obligatoriedad de pasar por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) a la mayoría de proyectos de centros de datos en el país. Los informes que hasta ahora los promotores habían de publicar en el portal del SEA han sido claves para que las comunidades se enteraran de su existencia y sus impactos previstos. “Es un tremendo error que va en contra de los principios que se plantean en el plan nacional de DC”, dijo al respecto Carolina Gainza, ex subsecretaria del ministerio de Ciencia chileno. 

Una de las últimas intervenciones correspondió a Sebastián Lehuedé, investigador que indaga desde hace años en cómo integrar a las comunidades en la construcción de una IA más responsable. Y que destacó la necesidad de mirar a la población local no sólo como una víctima, sino también como “generadora de un conocimiento clave” para diseñar otro tipo de tecnología.

Para cerrar el evento, Nicolás Díaz reivindicó la importancia de espacios como el de esta jornada, en el que los diferentes actores interpelados por la infraestructura digital pueden dialogar sobre una misma mesa. “El espíritu de nuestro pabellón era este”, dijo. 

En octubre de 2026 este mismo equipo organizará en Santiago, entre otras actividades, un tour de infraestructura digital, varias mesas redondas y lecturas públicas de reconocidos investigadores internacionales, como parte del programa Digital Vertigo (puedes seguir aquí todas las novedades de este proyecto).