Territorio de los Jaguares de Yuruparí Dividido por Proyecto de Bonos de Carbono

Un grupo de indígenas está pidiendo a la justicia colombiana que invalide un proyecto de bonos de carbono en su territorio en la Amazonia porque, según dicen, quien lo firmó en su nombre ya no estaba autorizado para hacerlo. Quieren que el caso llegue a la Corte Constitucional, que podría sentar jurisprudencia sobre la obligación de proteger al eslabón más vulnerable de estos mercados verdes. El proyecto está beneficiando, además de a algunas comunidades indígenas del Pirá Paraná, a varias empresas, incluyendo una que vendió los bonos y está ligada a la certificadora del proyecto y otra que recibió 40 por ciento de los ingresos. Lo que aún no es transparente es cuánto le queda a cada parte.

Las autoridades indígenas del río Pirá Paraná, un vasto territorio selvático de la Amazonia colombiana, acudieron a la justicia en julio de este año a solicitarle que anule un contrato para desarrollar un proyecto de bonos de carbono allí, bautizado Redd+ Baka Rokarire.

Pese a que el contrato podría traerles recursos invaluables para seguir preservando su esquina del bosque tropical más extenso del mundo, los líderes del Consejo Indígena del Pirá Paraná y de la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi) están molestos porque, según dijeron al juez, nunca aprobaron el proyecto impulsado por la Corporación Masbosques en sus comunidades en el sur del Vaupés.

Más aún, denuncian que quien firmó el documento legal a nombre de los indígenas con esa ONG ambiental de Antioquia en marzo de 2021 fue su anterior representante legal y que había salido del el cargo dos semanas antes de suscribirlo.

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Whistleblowers and others in possession of sensitive information of public concern can now securely and confidentially share tips, documents, and data with the Pulitzer Center’s Rainforest Investigations Network (RIN), its editors, and journalists.

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Por este motivo, interpusieron una acción de tutela solicitando que se protejan tres derechos fundamentales que, a su juicio, les han violado la ONG y tres empresas que promovieron o validaron el proyecto Redd+ Baka Rokarire, así como una de las autoridades nacionales que debería velar por el buen funcionamiento de todos los esquemas de pago por servicios ambientales.

“Sus acciones y omisiones en el registro, formulación, validación, verificación, certificación, monitoreo y seguimiento de la iniciativa”, escribieron en su acción judicial, “están vulnerando de manera grave nuestros derechos fundamentales a la integridad cultural, la autodeterminación, al gobierno propio y al territorio”.

Masbosques, la ONG que desarrolla el proyecto y que tiene a varias entidades públicas como socias, respondió en su defensa ante el juez que hubo un cambio al frente de Acaipi a comienzos de 2021, pero sostiene que fue posterior a la firma del contrato y que quien lo firmó era en ese momento el legítimo representante legal. Por ende, insiste, su proyecto cumple con los estándares sociales y ambientales del sector. “Masbosques obró con la suficiente diligencia y su actuar fue conforme a la realidad jurídica del momento y en consecuencia no se puede predicar que […] se violentaron o siquiera pusieron en riesgo los derechos fundamentales”, dijo al juez. Al menos nueve de las 17 comunidades indígenas del Pirá Paraná avalan la versión de Masbosques y defienden el proyecto Redd+ actual, dejando en evidencia que lo que debería ser una solución ambiental que los congregue ha terminado dividiendo a la comunidad y fracturando su gobernanza colectiva.

Este conflicto entre la ONG antioqueña y los líderes del Consejo Indígena no es el primero que surge en Colombia en el mercado voluntario de carbono, un prometedor mecanismo financiero por el cual se premia a las comunidades que logran evitar la deforestación pues les abre la oportunidad de convertir esa delicada misión en un trabajo remunerado. Como han contado otras investigaciones periodísticas lideradas por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), hay otros proyectos en la Amazonia colombiana que podrían estar inflando sus resultados ambientales o que han generado conflictos al interior de las comunidades que los ejecutan.

Este pleito, sin embargo, podría tener un impacto más allá de los linderos del Pirá Paraná. Aunque la acción judicial emprendida por sus autoridades fue denegada en una primera instancia y la semana pasada en una segunda, los demandantes buscan que se convierta en el primer caso sobre el mercado de carbono en llegar a la Corte Constitucional. Si llegara a ser seleccionado por los magistrados, el caso podría terminar sentando un precedente legal sobre las líneas rojas que los privados no deben cruzar a la hora de negociar proyectos de bonos con comunidades constitucionalmente protegidas—y con frecuencia vulnerables—como los indígenas de la Amazonia.

Esta investigación del CLIP, Mongabay Latam y La Silla Vacía, con apoyo del Rainforest Investigations Network del Centro Pulitzer, halló además que –si bien el liderazgo del proyecto lo lleva Masbosques, una entidad sin ánimo de lucro — al menos una empresa privada le ha sacado al negocio rentabilidad, sin que sea transparente si otras empresas fueron beneficiadas, ni en qué proporción, como se relatará más adelante. La reportería de los aliados, hecha como parte de una investigación más amplia sobre la manera como están funcionando estas soluciones climáticas, encontró que la empresa que vendió los bonos está conectada a las mismas personas detrás de la firma que certificó el proyecto y que una tercera empresa podría estar recibiendo hasta el 40 por ciento de los ingresos de la venta de los bonos, según información de la ONG.

Pesos por no tumbar la selva

Los esquemas Redd+—que han sido incorporados oficialmente a la Convención de Naciones Unidas de Cambio Climático—buscan preservar bosques estratégicos para mitigar la crisis climática global, al enlazar a gobiernos nacionales que están frenando la deforestación con otros que quieren pagar por esos resultados. Cada selva resguardada absorbe toneladas de dióxido de carbono, uno de los gases de efecto invernadero que propician el cambio climático.

Colombia ha emergido como un pionero mundial en impulsar este tipo de iniciativas a gran escala, no solo porque alberga 600 mil kilómetros cuadrados de bosques –un área del tamaño de Ucrania—sino porque tiene otros dos factores a su favor.

En primer lugar, gran parte de sus selvas está custodiada por comunidades afrodescendientes e indígenas. Esa gestión ambiental de las comunidades indígenas en el mundo es tan importante que el Proyecto Drawdown —que reúne a centenares de científicos de todo el mundo— la clasificó como una de las 100 soluciones más eficaces para limitar el cambio climático. Bajo esta lógica, el gobierno colombiano lanzó en 2016 un innovador programa Redd+ estatal, llamado Visión Amazonia, por el cual tres países europeos pagan a Colombia una suma anual calculada a partir de los resultados de lucha contra la deforestación, que luego se reparte con comunidades indígenas, campesinas y entidades de gobierno del sector ambiental. Muchas empresas, atraídas por el hecho de que en Colombia esas minorías étnicas suelen tener titularidad colectiva y gobernanza efectiva de sus territorios, empezaron a concebir proyectos privados de carbono – iniciativas que en ocasiones, como contó el CLIP, se traslapan y compiten con el programa estatal.

Y segundo, desde 2017 el gobierno colombiano creó incentivos tributarios para impulsar el mercado de carbono, que les permiten a las empresas que usan combustibles fósiles reducir o no pagar su impuesto al carbono, mediante la compra de bonos. Un bono suele compensar la emisión de una tonelada de dióxido de carbono (CO2).

Estas dos ventajas han llevado a un auge de proyectos privados Redd+ en todo el territorio nacional, que se concentran sobre todo en los bosques tropicales de la Amazonia y del Pacífico, pero también los hay en los manglares caribeños, los páramos andinos y las sabanas de la Orinoquia. A septiembre de este año, antes de que dejara de ser accesible al público por mantenimiento, la plataforma del Ministerio de Ambiente contaba con casi 90 iniciativas Redd+ registradas, en distintas fases de avance o implementación.

La selva densa y casi inaccesible del Pirá Paraná, donde gobiernan el Consejo Indígena del Pirá Paraná y la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi) reúne las condiciones perfectas para desarrollar un proyecto de pago por servicios ambientales.

Bonos de carbono en la tierra del jaguar

Enmarcado por el río Apaporis y la frontera con Brasil, el Pirá Paraná es un territorio con forma de ancla que abarca 600 mil hectáreas (unos 6.000 kilómetros cuadrados), tan grande como Palestina o la isla indonesia de Bali. El “río de peces”, su nombre en lengua makuna, lo atraviesa de norte a sur, pasando por la mayoría de sus 17 comunidades y 35 malocas aisladas, antes de desembocar en un Apaporis que serpentea hacia el Caquetá y luego el Amazonas.

Sus bosques están en un óptimo grado de conservación por lo aislado del territorio, al que se solo se llega en un vuelo chárter de avioneta de una hora desde Mitú o tras una semana de viaje en lancha conectando ríos y caños. Fue una región tan poco accesible que, ante la violencia de los caucheros a comienzos del siglo XX, los indígenas se replegaron en la selva e impidieron por décadas la entrada de forasteros, según contaron los antropólogos británicos Brian Moser y Donald Tayler, que grabaron decenas de audios y un documental para el archivo de sonido de la British Library en los años sesenta.

Ha sido históricamente tan remota que, aún hoy, se han hecho pocas expediciones científicas a sus ecosistemas, donde predomina el bosque denso alto de tierra firme. El herbario del Instituto Sinchi, encargado de estudiar la biodiversidad amazónica, apenas tiene 107 registros en la zona: 18 de éstos fueron recogidos en los años cuarenta por el etnobotánico estadounidense Richard Evans Schultes –que inspiró la célebre película El abrazo de la serpiente—y los restantes durante una expedición del Sinchi en 2009. Fruto de ese último viaje, que sirvió de soporte científico para la creación del vecino Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, los botánicos Julio Betancur y Dairon Cárdenas identificaron 12 especies de plantas nuevas para la ciencia y 49 nuevas para Colombia en el Pirá Paraná y alrededores.

Ese aislamiento permitió a los 2.000 indígenas del Pirá Paraná preservar no solo la selva amazónica, sino una de las prácticas culturales más singulares de Colombia: un sistema de conocimiento tradicional conocido como los chamanes jaguares de Yuruparí, que fue designado por la Unesco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad en 2011 y que comparten con tres territorios vecinos.

En la cosmogonía de los siete pueblos amazónicos (makuna, barasana, eduria-taiwano, tatuyo, itana, tuyuca y carapana) que allí conviven, ese conocimiento que les transmitieron sus ancestros míticos –que ellos llaman Hee Yaia Keti Oka—es el que les permite cuidar su territorio y regular las relaciones entre los humanos y el entorno. Lo hacen con rituales y prácticas que han salvaguardado con esmero, incluyendo las curaciones de sus chamanes, un calendario agroecológico que anuncia las faenas tanto físicas como espirituales que realizan a lo largo del año y ceremonias en las que –ataviados con fibrosos vestidos y máscaras de tonos ocres—danzan y cantan al son de sus trompetas sagradas.

“Es un catálogo codificado de conocimientos que se ponen en práctica a través de rituales y cuya interpretación continua es lo que hace que la ecología del lugar siga funcionando. No tenemos que entender exactamente cómo una danza asegura la migración de peces, pero estos relatos mitológicos y prácticas religiosas garantizan que ellos no tengan una huella perjudicial en el bosque, sino que se preserve”, dijo a esta alianza periodística Stephen Hugh-Jones, un antropólogo social británico y profesor emérito de la Universidad de Cambridge que ha trabajado con los indígenas del Pirá Paraná desde 1968. Tanto su tesis doctoral como la de su esposa Christine son considerados libros clásicos sobre la Amazonia noroccidental.

En otras palabras, la fortaleza de su sistema cultural ha sido una de las claves para la gobernanza—y el futuro—de ese rincón de la selva amazónica.

Dos representantes legales, dos semanas y un contrato

El 20 de febrero de 2021, los líderes del Consejo Indígena del río Pirá Paraná se reunieron en la comunidad de Santa Isabel, en la ribera del caño Comeña—uno de los pequeños afluentes del Pirá Paraná—muy cerca de la frontera con Brasil. Estaban los capitanes de 16 de las 17 comunidades y tres ancianos sabedores.

Ese día tomaron la decisión de cambiar al representante legal de Acaipi, la asociación indígena que los congrega desde hace casi tres décadas: ya no sería el líder eduria Jhon Fredy Benjamín Londoño, sino que asumiría su lugar el tatuyo Jesús Alberto León Marín durante los siguientes cuatro años, según consta en un acta que anexaron al proceso judicial.

A partir de esa fecha sería León quien tendría la “facultad para la gestión de proyectos que favorezcan los distintos sectores de educación, medio ambiente, salud y otros programas”, según el documento que firmaron 16 de los indígenas, cuatro de ellos con huella digital. Mientras dicho cambio era oficialmente registrado por el Ministerio del Interior, acordaron que Benjamín “le dará [a su sucesor] un poder especial para que suscriba los convenios y documentos relacionados con la Asociación de Autoridades Tradicionales Indígenas del Río Pirá Paraná (Acaipi)”.

Sin embargo, según el relato que hacen los líderes actuales del Pirá Paraná, un año y dos meses después se enteraron de que Benjamín, su antiguo representante legal, había firmado un contrato para un proyecto de carbono con Masbosques poco tiempo después de la asamblea en Santa Isabel. Lo hizo—argumentan en su demanda—cuando desde hacía trece días las comunidades le habían retirado de su rol de autoridad. “Cargo que, insistimos, ya no ocupaba”, escribieron en su acción de tutela, a la que adjuntaron una veintena de documentos de soporte.

En efecto, el 2 de marzo del 2021, Jhon Fredy Benjamín y Jaime García Urrea, director ejecutivo de Masbosques, se reunieron en la comunidad de Sonaña –en el alto Pirá Paraná—para estampar sus firmas en un contrato de mandato con el que dieron inicio a un proyecto conjunto de bonos de carbono en el territorio bajo la autoridad de Acaipi.

Lo presentaron como un acuerdo ventajoso para ambos: Masbosques, escribieron en el documento legal al que esta alianza periodística tuvo acceso, “desea implementar en los departamentos de Guainía, Guaviare y Vaupés un proyecto” de carbono y es reconocido “por la implementación de otras iniciativas exitosas para la preservación de los ecosistemas estratégicos de la región”, mientras Acaipi “está interesada en participar en el desarrollo del proyecto Redd+”.

En ese contrato Acaipi autorizó a Masbosques a “adelantar las gestiones necesarias para la implementación del proyecto” y pactaron que sus beneficios económicos llegarían a las comunidades “mediante emprendimientos productivos sostenibles, pagos por servicios ambientales a largo plazo o el financiamiento de acciones para el aumento de la gobernanza forestal local, mediante un proceso transparente de concertación y participación efectiva”. Acordaron que el plazo del contrato sería por un periodo inicial de 10 años, que podrían ser prorrogados, pero no detallaron cómo se repartirían esas ganancias y qué parte le correspondería a cada uno.

Así nació Baka Rokarire ~ia tir+~dito—“cuidar la selva” en tres de las lenguas locales—que además del Pirá Paraná suma a cinco comunidades en el vecino municipio de Taraira, del otro lado del Parque Nacional Yaigojé-Apaporis. El cálculo de sus promotores es que podría evitar que se liberen a la atmósfera 15,7 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en 30 años – o 526 mil cada año.

El proyecto fue aprobado velozmente en los dos primeros meses de 2022. El 17 de enero, Masbosques radicó la versión final del documento de diseño de proyecto (o PDD, en la jerga del sector) ante Cercarbono, según consta la plataforma de la certificadora. Casi un mes después, el 10 de febrero, la auditora estadounidense Ruby Canyon Environmental verificó que había reducido 1,3 millones de toneladas de gases de efecto invernadero entre 2018 y 2020. Al día siguiente, el 11 de febrero, Cercarbono certificó que contaba con igual cantidad de bonos para vender. Siete semanas después, el 31 de marzo, concretaron su primera venta.

Baka Rokarire era una realidad.

Una ONG de Antioquia llega a la Amazonia

La promotora del proyecto es la Corporación para el Manejo Sostenible de los Bosques, más conocida como Masbosques, una entidad sin ánimo de lucro creada en 2003 para ejecutar un proyecto de conservación en los bosques del Valle de San Nicolás en el oriente de Antioquia.

En un inicio su vocación fue netamente local, juntando a actores públicos y privados de la subregión al oriente de Medellín con la idea de que su proyecto forestal vendiera certificados de captura de dióxido de carbono, según dictaba el Mecanismo de Desarrollo Limpio del protocolo de Kioto, el acuerdo climático que antecedió al hoy vigente de París. Cornare, la autoridad ambiental local, aportó 36 millones de pesos (unos 12.700 dólares de la época) para su fundación y siempre ha ocupado un asiento en su junta directiva. Rápidamente sumó como socios a entes públicos como las nueve alcaldías y la asociación de municipios de la subregión, privados como el gremio floricultor Asocolflores y la Corporación Empresarial del Oriente, educativas como la Universidad Católica de Oriente y comunitarias como las juntas de acción comunal. En total, cuenta hoy con 20 socios.

Con los años, Masbosques fue ampliando su radio de acción más allá de Rionegro y el Oriente. En 2008 comenzó a replicar su proyecto forestal en Medellín, gracias a un convenio con Cornare, la alcaldía de la capital antioqueña y el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. En 2013 lanzó BanCO2, un esquema de pago por servicios ambientales en el que empresas como Bancolombia financian a familias campesinas que cuidan bosques y neutralizan así su huella de carbono. Esa iniciativa pronto se convirtió en su proyecto bandera, que extendió a una veintena de departamentos y que Cornare incluso promovió en Perú. Ha sido tan bien recibida que ya han lanzado tres líneas adicionales del esquema, llamadas Bio, Plus y Agua.

A la Amazonia llegó en 2015. Además de Baka Rokarire, viene impulsando otros seis proyectos Redd+ en la región. Makaro Ap+ro, que abarca 2 mil kilómetros cuadrados de los territorios del Bajo Vaupés (Asatribva) y la Microcentral Eléctrica (Aaticam) en el nororiente de Vaupés, fue aprobado en diciembre de 2021 y vendió sus primeros bonos de carbono a Delta Airlines. Pitugucajude, que reúne a las comunidades del río Papurí, en la nariz del Vaupés que se adentra en Brasil, está en proceso de validación. Se suman a Jocū Bucūrō Apūrō (que abarca tres resguardos de Guaviare) y Awakadaa Matsiadali (que aglutina a ocho resguardos repartidos por Guainía), que fueron validados en septiembre de este año. También está dialogando con las comunidades del territorio del río Papunaua en el norte de Vaupés y la zona de Arará-Bacatí-Carurú en Guaviare, en proyectos que no han cristalizado pero ya tienen fichas en la plataforma Renare de iniciativas de mitigación del gobierno.

La firma de la discordia en el Pirá Paraná

Para las actuales autoridades, la manera como Masbosques impulsó el proyecto –en sus palabras “mediante artificios documentales y maniobras fraudulentas”—lesionó sus derechos fundamentales. Según argumentan, la ONG negoció con varios capitanes de manera individual, además de con quien ya no era representante legal de Acaipi, pero jamás buscó al Consejo Indígena que ha sido la máxima autoridad en el Pirá Paraná desde mayo de 2019.

El Consejo Indígena lo integran 23 personas: los mismos 17 capitanes que conforman Acaipi—uno por cada uno de las comunidades del Pirá Paraná—más seis sabedores tradicionales que representan a los pueblos que habitan allí. Lo crearon con el ánimo de cumplir el viejo sueño de convertirse en entidades territoriales con funciones político-administrativas, una promesa de la Constitución de 1991 que se ha venido implementando por partes. En 2018, el gobierno Santos plasmó en un decreto la ruta para que los territorios indígenas en las áreas no municipalizadas de Amazonas, Guainía y Vaupés sean incorporados al ordenamiento nacional con una categoría similar a la de los municipios. A partir de ese momento, los territorios empezaron a crear y formalizar sus consejos, que son la figura de gobierno local –como el alcalde para los municipios—que les asignó la Constitución.

Eso significa que, aunque hoy coexisten Acaipi y el Consejo Indígena, el segundo está en proceso de sustituir a la primera y será no solo el órgano de gobierno interno, sino quien administrará y ejecutará recursos públicos de forma directa.

“El Consejo Indígena es la máxima autoridad, la última instancia de gobierno, del territorio del Pirá Paraná”, dijo a esta alianza periodística el líder makuna Fabio Valencia, quien es su actual representante legal y una de las dos autoridades que instauró la acción de tutela. “Cada vez que llega un programa o una empresa que tiene que implementar dentro del Pirá Paraná, tiene que ser consultado a ese nivel de gobierno. Pero Masbosques nunca pasó por allá”.

“No es cuestión de negociar directamente con algunas comunidades, sino de respetar el protocolo que tenemos para la concertación. En nuestra instancia única de toma de decisiones están las autoridades comunitarias y, por encima de ellas, las tradicionales. Son ellos quienes hacen un estudio espiritual y orientan a los capitanes para que se tome una decisión”, dijo a esta alianza Wilmer Gómez, capitán de la comunidad de Toaka.

Para los demandantes, Masbosques no podía desconocer la jerarquía del Consejo Indígena. “Era de público conocimiento en los registros [del Ministerio del Interior] desde la fecha en la cual se hizo efectivo el registro” en abril de 2020 y “es vinculante para las entidades públicas y privadas desde ese momento”, le dijeron al juez.

“Tanto para el Estado como para los particulares que pretendan relacionarse con los pueblos indígenas es un imperativo constitucional y un deber fundamental de obligatorio cumplimiento respetar tanto el Consejo Indígena como su reglamento, ya que ambos están consagrados en la Constitución”, dice Juan Carlos Preciado, abogado experto en temas indígenas que viene asesorando legalmente a las autoridades del Pirá Paraná desde la Fundación Gaia Amazonas. “Cuando entidades como Masbosques buscan establecer un proyecto o programa con los indígenas, deben hacerlo a través de su sistema de gobierno propio, que en el caso del Pirá Paraná es el Consejo Indígena como máxima instancia de representación de los pueblos y comunidades de ese territorio”.

Aún así, el PDD del proyecto nunca menciona al Consejo Indígena, y habla en cambio sí de cabildos como la “organización que interactúa gubernamentalmente con el Estado a nombre de los resguardos y se concibe como una entidad pública especial”. “Aquí no existe ningún cabildo. Somos territorio indígena y el que lo representa políticamente es el Consejo Indígena”, dice Valencia. La ONG reconoció que no había visto ese fragmento y que “puede haber un error que habría que revisar”.

Masbosques se defendió en el proceso legal, asegurando que siempre ha actuado correctamente y que firmó el contrato con quien era la legítima máxima autoridad en ese momento.

Señala que el 2 de marzo de 2021 la autoridad era Acaipi y que el Ministerio del Interior reconocía oficialmente a Benjamín como su representante legal desde diciembre de 2018. Asimismo, razona que el Gobierno nacional no registró al Consejo Indígena en abril de 2020, sino hasta julio de 2021. “Son dos actos posteriores a la firma del contrato de mandato suscrito con Masbosques donde de manera temeraria los accionantes alteran las fechas con el fin de generar confusión en el posterior trámite”, respondieron al juez.

En ese mismo documento Masbosques reconoce que Benjamín dejó de ser el representante legal de Acaipi el 24 de marzo de 2021 y atribuye el malestar de sus opositores a decisiones tomadas “en el periodo de transición entre la elección de los nuevos representantes y la emisión de los actos administrativos de perfeccionamiento de dicha elección”, tiempo en el cual no cree que las actuales autoridades tuviesen “capacidad efectiva de representación”.

“Cuando yo firmé el mandato tenía mi resolución y estaba activa a la fecha de la firma”, se defendió Jhon Fredy Benjamín hablado con esta alianza periodística, añadiendo que el contrato se hizo “con previo conocimiento de las comunidades” y tras múltiples recorridos socializándolo. Masbosques secunda esta versión. Argumenta que el hecho de que, al día siguiente de ese contrato, Benjamín hubiese suscrito otro con el gobierno departamental para un tema educativo prueba que, como dice su abogada Juliana Noreña, “era reconocido como presidente de Acaipi”.

Al margen de quién tiene la razón sobre cuándo se hizo efectivo el cambio, los documentos técnicos que soportan el proyecto dejan en evidencia que la ONG sí siguió usando el nombre del anterior representante legal tiempo tras la firma del contrato y el cambio de líderes.

El PDD de Baka Rokarire, que se puede descargar tanto en la plataforma de Renare como en la de Cercarbono y dice haber sido elaborado el 22 de diciembre de 2021, lista a Jhon Fredy Benjamín como representante legal vigente de Acaipi. Es decir, nueve meses después de que el Ministerio del Interior validó oficialmente el cambio de autoridad del que Masbosques manifestó ser consciente.

En entrevista con esta alianza periodística, Masbosques dijo que esa era la realidad jurídica al elaborar los documentos del proyecto y que para la segunda fase “hay que hacer ese ajuste”.

Ante la pregunta de cuál consideran la máxima instancia de gobernanza en el Pirá, su coordinador de proyectos Redd+, Mauricio Aristizábal, dijo que los capitanes y las comunidades, dado que responden a cualquier problema en el territorio, y Acaipi que los reúne. “Nosotros hemos tratado de respetar la cosmogonía y la forma de organizarse que tienen”, explicó, asegurando que los capitanes –y sus posturas frente al proyecto—cambian súbitamente y en ocasiones de manera impredecible.

Sobre el Consejo Indígena, Aristizábal reconoció su existencia como una tercera instancia, “una figura que está en proceso de formalización” y que “no es que tenga mala iniciativa, pero ha generado un fracturamiento al interior de la asociación [Acaipi]”. “Si bien sabemos que Fabio Valencia es su máximo representante y lo hemos tenido en cuenta y tratado de acercarnos a él, todavía las comunidades no están muy decididas si él es el que va a quedar o no como representante definitivo de este consejo. Y les falta perfeccionarse ante los organismos que les dan el reconocimiento”, dijo su abogada Juliana Noreña.

En todo caso, Masbosques insiste en que socializó el proyecto con esos tres niveles de gobierno, tanto antes del registro final del proyecto como después, insistiendo en que su trabajo central es con las comunidades. “No ingresamos en las discusiones políticas. Nosotros estamos apoyando un ejercicio que queremos generar directamente con las comunidades y si las asociaciones nos quieren acompañar, sería maravilloso y valioso tenerlos”, explicó Aristizábal.

En las cuentas de los demandantes, las comunidades están partidas por mitades. En las de sus opositores, doce están a favor de Masbosques y cinco en contra.

“La gente sí está de acuerdo con el proyecto. Lo solicitaron mirando las necesidades de un territorio al que el Estado nunca le puso atención: las escuelitas y los centros de salud no están en buena condición, las malokas tradicionales se están cayendo pedazo a pedazo”, explicó a este reportero el líder eduria Leovigildo Benjamín, capitán de Sonaña en el alto Pirá. Para él, los recursos del proyecto con Masbosques—que impulsaron su tío Jhon Fredy y su padre Faustino—son más tangibles que otros planes de Acaipi que aún no se han materializado.

“Nosotros que tenemos conocimiento de los jaguares de Yuruparí, en una visión de yagé me mostraron que era próspero”, añadió.

Los líderes críticos del proyecto, que dicen haberse enterado del contrato dos meses después de la primera venta de bonos, resienten la baja participación de las comunidades en la gestión del proyecto. “Está a nombre de la asociación Acaipi, pero los que distribuyen y planean son ellos, Masbosques. Son los que están vendiendo bonos de carbono a empresas grandes, los que manejan las cuentas y, si hablamos de lo vendido, no sabemos cuáles son los precios de las toneladas de carbono que se están negociando”, dice Fabio Valencia, añadiendo que su primera interacción con la ONG fue posterior al mandato del Consejo Indígena de interponer la acción de tutela. “No sabemos nada, pero sigue siendo en nombre de nosotros”.

Masbosques difiere de esa versión, diciendo que—aunque no tiene un número preciso de cuántas socializaciones hicieron y en cuántas comunidades—fue con la mayoría y desde 2018. “No fuimos directamente comunidad por comunidad, sino que hicimos socializaciones nucleadas: en Santa Isabel que recoge las del bajo Pirá, en Sonaña las del alto, en Piedra Ñi las del medio”, dijo Aristizábal, citando el difícil acceso por aire y río como el mayor obstáculo. Como prueba de su buena fe, contó que tienen oficina en Mitú, un equipo de diez personas para los proyectos Redd+ y dos líderes indígenas del Pirá contratados localmente.

Posterior a la entrevista, Masbosques envió a esta alianza periodística una carpeta con las actas de reuniones y acuerdos voluntarios con una decena de comunidades, todos firmados entre mayo y julio de este año. Una sola planilla de asistencia—de una reunión con 26 personas en Sonaña en diciembre de 2021—está fechada antes del contrato de mandato. También incluyeron una decena de fotos de socializaciones y actividades fechadas por ellos en 2021.

Por eso, según la abogada de la ONG, Noreña, les sorprendió cuando les notificaron de la acción de tutela tras ser aprobado el proyecto, vendidos los bonos y cuando hacían los primeros desembolsos. “Ellos estaban tan enterados que nunca llegó el desistimiento formal al contrato de mandato. Tenían total conocimiento y no entendemos la verdad el descontento”, dice, añadiendo que el dinero del proyecto está en una fiducia de Bancolombia, incluyendo el de las cinco comunidades opuestas.

Parte del problema es que Acaipi y el Consejo Indígena venían trabajando desde 2018 en diseñar un proyecto Redd+ distinto, en llave con los otros tres territorios con quienes comparten a los jaguares de Yuruparí: Tiquié en la frontera con Brasil, Yaigojé-Apaporis justo al sur y Mirití-Paraná más abajo en Amazonas. Quien los ha venido acompañando en estructurar ese proyecto es la Fundación Gaia Amazonas, una de las ONG ambientales más antiguas del país. Su fundador, el etnólogo Martín von Hildebrand, fue quien –como asesor de asuntos indígenas del presidente Virgilio Barco en los años ochenta—impulsó la pionera política colombiana de crear territorios colectivos indígenas por la cual 200 mil kilómetros cuadrados de selva amazónica quedaron bajo esta forma de gobernanza. Además de Gaia, se preveía que los apoyaran la ONG ambiental Fondo Acción, que trabaja con una veintena de consejos comunitarios en proyectos Redd+ en el Pacífico, la consultora climática Climate Focus y el fondo de inversión sin ánimo de lucro Acumen.

El proyecto impulsado por Masbosques entra en directa tensión con ese, llamado del ‘macroterritorio de Jaguares de Yuruparí’, dado que dos iniciativas distintas de carbono no pueden cobrar un mismo resultado positivo en ahorro de deforestación, so pena de incurrir en doble contabilidad.

En una reunión del Consejo Indígena en San Miguel en julio de 2021 aparecieron ambos en escena. Después de que el representante legal Fabio Valencia presentó los avances en el proyecto con Gaia, el líder Faustino Benjamín propuso otro en tierras de los eduria con una empresa intermediaria no identificada, según consta en el acta. Al final, los seis mayores recomendaron no fraccionar el territorio del Pirá Paraná y todos acordaron “evitar desarrollar proyectos que no han sido concertados y aprobados por el Consejo Indígena”, según ese mismo documento.

Según sus promotores, una de las diferencias es que el proyecto de Gaia –que había sido aprobado por el Consejo Indígena en septiembre de 2019 en Piedra Ñi—busca que sean los indígenas quienes lo lideran y deciden a quién le venden, como hacen hoy las comunidades del Pacífico colombiano que trabajan con Fondo Acción, y que la totalidad de los recursos se destine a consolidar las entidades territoriales indígenas. “Gaia no tiene ningún porcentaje de las ganancias ni administra siquiera los recursos, sino que acompaña el fortalecimiento político de los indígenas para implementarlo y el administrativo para ejecutarlo”, explicó su director Francisco von Hildebrand. “Mientras en el mercado voluntario de carbono se habla de beneficios, nosotros hablamos de construir Estado y participación política efectiva de los pueblos indígenas para construir un modelo de desarrollo y gobernanza ambiental distinto para la región, en el cual la plata [del carbono] es apenas una parte”.

“No necesitamos una empresa que venga a decir, en nombre de nosotros, cómo quieren hacer, sino nosotros como gobierno negociar y llegar a acuerdos con las empresas”, dice Valencia, quien también es capitán de Santa Isabel en el bajo Pirá y desde agosto de este año el representante legal de Acaipi también. Para Leovigildo Benjamín, es el actual modelo el que les ha traído independencia económica. “Que podamos acceder al recurso directamente como capitanes inició con el proyecto de Masbosques”, dice, añadiendo que en el otro esquema dependían de Gaia.

Esa liquidez parece haber persuadido a varios de los líderes que en un inicio se opusieron al proyecto, incluyendo a uno de sus demandantes. “Me di cuenta que la gente en las comunidades tiene otra visión y necesidades que nada tienen que ver con el proceso político que estamos visionando y que no las cubre”, dijo a esta alianza periodística Jesús León, el líder tatuyo y rector de la escuela de Piedra Ñi que lideró Acaipi hasta agosto pasado. “El proyecto tiene la capacidad de apoyar esos procesos, si lo manejamos de la manera adecuada”, añadió, contando que se reunió con Masbosques hace dos semanas. Días después, León escribió al juez pidiendo dar por terminada la tutela, aduciendo que los hechos que había denunciado se habían superado.

Los tres, en todo caso, reconocen que la estructura de gobernanza del territorio ha sufrido con la división en torno al proyecto.

Una demanda contra toda la cadena del carbono

Más allá de la discusión sobre la fecha, el Consejo Indígena considera que el proceso de validación de Baka Rokarire evidencia fallas a lo largo de toda la cadena de los bonos de carbono, en la que teóricamente los diferentes actores deben actuar como pesos y contrapesos para garantizar que los proyectos sí cumplen con los estándares sociales y ambientales que promueven la ONU y el gobierno colombiano.

Por eso, al considerar que fueron negligentes en no identificar esas fallas en el origen del proyecto, dirigieron su acción judicial también contra la certificadora Cercarbono, la auditora Ruby Canyon Environmental y la consultora Soluciones Proambiente S.A.S. que ayudó a elaborar el PDD.

Una mirada al proceso de validación del proyecto muestra que los auditores de Ruby Canyon Environmental no visitaron las comunidades del Pirá Paraná en persona, lo que podría explicar por qué se les escaparon las preocupaciones de algunos de sus líderes.

Según su informe, sus dos empleados no pudieron hacerlo “debido a circunstancias particulares que se presentaron en el área del proyecto y sus alrededores, relacionadas con la actividad de grupos armados y delictivos que generaron violencia durante un período que incluyó las fechas de la visita a sitio”. Eso significó que, dice el documento, “la visita tuvo que ajustarse y realizarse de manera que incluyó dos actividades principales”: una reunión en octubre de 2021 en la capital departamental de Mitú con ocho líderes traídos del territorio y sobrevuelos al área del proyecto. Su informe, fechado en febrero de 2022, también habla de Jhon Fredy Benjamín como representante legal vigente de Acaipi – once meses tras haber sido remplazado.

Ruby Canyon no respondió a un correo preguntándole si su visita a sitio acotada por la situación de seguridad pudo haberle impedido hablar con otros líderes de la comunidad y oír sus preocupaciones.

Las autoridades del Pirá Paraná también incluyeron en el pleito legal al Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), la agencia del gobierno que monitorea la deforestación en Colombia, y a su superior jerárquico, el Ministerio de Ambiente, por considerar que no han supervisado el proyecto. “Es necesario que la normatividad sobre el funcionamiento de Redd+ en Colombia incorpore estándares de derechos humanos, pues no es constitucionalmente viable que las medidas llamadas a protegerlos en materia ambiental hagan realmente lo contrario”, escribieron.

Esos estándares existen—con el nombre de salvaguardas sociales y ambientales—desde la conferencia climática de la ONU en Cancún en 2010. Pero, aunque el Gobierno colombiano desarrolló una interpretación detallada de esas reglas de juego a nivel nacional, no las ha hecho de obligatorio cumplimiento para los proyectos privados.

De ser ciertas las denuncias del Consejo Indígena, según cuatro personas consultadas que han trabajado en temas ambientales y de carbono, Baka Rokarire podría estar incumpliendo varias salvaguardas nacionales, incluyendo las de participación plena y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades, así como la que habla de que los proyectos reconozcan y fortalezcan las estructuras de gobernanza forestal existentes.

El Ministerio de Ambiente respondió al juez que “el registro de la información en el Renare no implica responsabilidad de ningún tipo por parte del Ministerio”, sino de los privados que suben la información, y dijo que no se pronunciaría de fondo sobre los hechos porque no le constaban. El Ideam lo hizo en la misma línea, añadiendo que reglamentar el Renare para incluir garantías de los derechos de los pueblos indígenas está fuera de su competencia.

Masbosques difiere de la versión del Consejo Indígena. “Todo lo que los accionantes pretenden anular está permeado de una inquebrantable presunción de legalidad”, escribió su director Jaime García Urrea en su respuesta al juez, señalando que su organización intentó organizar múltiples reuniones con las actuales autoridades tanto en persona como por teléfono, en Mitú y en Bogotá, pero que éstas nunca asistieron.

Una parte gruesa de su defensa gira en torno a los beneficios económicos que ya ha dejado el proyecto a los indígenas, explicando que—de los 15.293 millones de pesos de la primera venta de bonos—4.823 millones ya habían sido ejecutados por 10 comunidades del Pirá Paraná y 2.031 aún estaban pendientes de entregar. Otros 3.641 millones de pesos fueron girados a las cinco comunidades de Taraira que comparten el proyecto. “Por intereses personales no se puede afectar un proyecto que representa un conjunto de alternativas de desarrollo económico para las comunidades que no implican deforestación y al mismo tiempo provee protección del bosque ante una necesidad de proteger y salvaguardar los ecosistemas estratégicos del país”, escribió Masbosques. La ONG no detalló el monto total de la venta y su abogada aseguró que no se quedan con un porcentaje como recompensa a su rol de intermediario.

La primera ronda ya la perdieron los indígenas demandantes. Primero, el 2 de agosto, el juez David Parra del circuito penal de Bogotá desestimó su acción judicial porque, a su juicio, no demostraron que no tenían otro recurso que la tutela y contaban con “variedad de mecanismos ordinarios, eficientes, idóneos e incluso uno de ellos expeditos para dirimir la controversia contractual”, sugiriéndoles instaurar una acción popular. El juez Parra además puso en tela de juicio la urgencia del caso, cuestionando que hubieran esperado un año para iniciar un proceso judicial y no desistieran del proyecto. Las autoridades del Pirá Paraná impugnaron el fallo, arguyendo que se trata de un asunto constitucional y no uno contractual.

El caso subió a un juez de segunda instancia, en el Tribunal Superior de Bogotá, que el 7 de septiembre declaró nulo el fallo anterior y lo devolvió al primer juez. A su juicio, había una indebida conformación del contradictorio porque el juez de primera instancia no había vinculado al proceso a la dirección de asuntos indígenas del Ministerio del Interior, a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo. Las tres entidades dijeron no tener ninguna relación con el caso, incluyendo el Ministerio que señaló que son asuntos “competencia de otras autoridades”.

De este modo, el caso retornó al juez Parra, quien el 26 de septiembre falló por segunda vez y, esgrimiendo argumentos similares, volvió a declararla improcedente. Los indígenas de nuevo impugnaron y el caso regresó una vez más al Tribunal Superior de Bogotá, que falló el viernes pasado en su contra con el argumento de que correspondía a jueces civiles o administrativos, aunque remitió también el caso a la Fiscalía General de la Nación para que indague el tema. Con esta segunda decisión adversa, pueden intentar llegar al tribunal de cierre en temas constitucionales en el país.

Los bonos del Pirá Paraná vuelan alto

Mientras la acción de tutela de las autoridades del Pirá Paraná avanza en la justicia, sus bonos de carbono despegaron.

Según le contó Masbosques al juez de primera instancia, el proyecto Baka Rokarire concretó su primera venta de bonos de carbono el 31 de marzo de este año a la empresa Latin Checkout. Los 15.293 millones de pesos (unos 4 millones de dólares) que pagó son los recursos que la ONG comenzó a repartir a las 22 comunidades que integran el proyecto.

Aunque no tiene página web, Latin Checkout S.A.S. es una empresa registrada en Medellín en 2016 con el objeto de prestar servicios logísticos y de atención al cliente a tiendas en línea internacionales, comercializar bienes en internet y, desde un cambio de estatutos en 2019, también de almacenar, procesar y analizar datos. Fue esta empresa la que desarrolló con tecnología blockchain la plataforma de EcoRegistry, donde Cercarbono publicita todos los proyectos que usan su estándar Redd+. (Su socia en esa herramienta, la empresa XM que es filial del gigante energético ISA, anunció la venta de su participación en EcoRegistry a Latin Checkout en septiembre de este año). La relevancia del dato es que Cercarbono fue la certificadora de la cantidad de carbono dejado de emitir por Baka Rokarire y, en esa condición, de su independencia frente a la cadena de actores que intervienenen en el proyecto Redd+ depende la legitimidad de la transacción.

Ese no es su único vínculo con la certificadora que registró el proyecto del Pirá Paraná y emitió sus bonos de carbono. Los tres fundadores y socios de Latin Checkout—que en un inicio se llamó Cotrucel S.A.S.—son los mismos que han estado al frente de Cercarbono: Carlos Trujillo Echeverri, Alejandro Celis Posada y Andrés Correa Agudelo. Correa es el representante legal de Latin Checkout y Celis su gerente de tecnología y representante suplente, mientras Trujillo lidera Cercarbono. A enero de 2022, los tres estaban en la junta directiva de la certificadora. 

Hasta 2019 ambas empresas compartieron la misma dirección: la oficina 1705 del Edificio Forum, en el barrio Poblado de Medellín, según consta en sus certificados de cámara de comercio.

Seis meses después, entre la fecha en que el juez del Tribunal Superior de Bogotá devolvió la acción de tutela y el de primera instancia volvió a fallar, los 1,3 millones de bonos de carbono emitidos por Baka Rokarire fueron canjeados.

Quien lo hizo no fue Latin Checkout, sino la aerolínea Delta Airlines, según reporta la plataforma EcoRegistry con fecha del 19 de septiembre.

Masbosques confirmó que la venta se hizo a Latin Checkout y que no sabe las condiciones en que fueron transferidos a Delta por ser, en palabras de Mauricio Aristizábal, “una negociación externa”. Aristizábal explicó que la comercializadora fue Soluciones Proambiente S.A.S., una consultora de Itagüí que ayudó a elaborar el PDD de Baka Rokarire y que fundó Mauricio Fernández Posada como único accionista en junio de 2020.

Consultada si Masbosques se quedaba con parte de los recursos, la abogada Juliana Noreña explicó que el 60 por ciento de los ingresos correspondía a las 22 comunidades del Vaupés y el restante 40 por ciento a Soluciones Proambiente como financiador, una vez deducidos los costos administrativos como viajes a terreno, equipo humano y su oficina en Mitú. “Masbosques no obtiene ninguna utilidad de estos proyectos, lo que ganamos es experiencia y reconocimiento en la zona”, dijo.

Andrés Correa de Latin Checkout dijo a esta alianza periodística que su empresa “ayuda a maximizar los ingresos a todos los proyectos” en EcoRegistry y que entre los servicios que ofrece figura “el de comercialización e integración tecnológica con pasarelas de pagos y plataformas de comercio de créditos”. Sin embargo, negó que Latin Checkout hubiese vendido los bonos de Baka Rokarire a Delta, diciendo que “a la fecha no hemos realizado operaciones con esta empresa”.

Correa también dijo no ser accionista de Cercarbono. Las actas oficiales de la empresa, registradas ante la Cámara de Comercio, muestran que lo fue al menos entre 2016 y 2019, y otros documentos que a inicios de este año seguía siendo miembro de junta. Preguntado por el monto de la compra de bonos hecha por su empresa, dijo que únicamente compartiría la información con la previa autorización de las comunidades. Tampoco respondió a contrapreguntas sobre a quién vendieron los bonos, si no fue a Delta, de qué otros proyectos registrados en Cercarbono ha comprado bonos Latin Checkout y hasta cuándo fue accionista de la certificadora.

Cercarbono, a través de su directora de comunicaciones, dijo a esta alianza que por política no comenta sobre “los diferentes procesos que adelantan los proyectos y que estén por fuera del proceso de certificación” y que corresponde a la justicia pronunciarse sobre la acción judicial en contra de Baka Rokarire. La empresa no respondió si su gerente Carlos Trujillo sigue siendo accionista de Latin Checkout, pero explicó que “son sociedades con objeto social diferente y cuya única relación es aquella comercial derivada de los servicios proveídos por Latin Checkout, los cuales no influyen en los estándares de certificación que tiene el programa de Cercarbono”. Añadió que Latin Checkout es un proveedor de servicios tecnológicos para Cercarbono, al operar EcoRegistry, y “ayuda en la comercialización de los créditos de algunos proyectos de Cercarbono”, aunque no detalló cuáles.

Mauricio Fernández confirmó que Soluciones Proambiente es formuladora y financiadora del proyecto en el Pirá Paraná. Explicó que no se pronunciaría sobre la acción judicial, explicando que su visión como empresa “es y será el respeto por la ley, la autonomía y la integridad cultural de las comunidades indígenas y sus autoridades tradicionales”. No respondió ninguna pregunta específica sobre la financiación del proyecto, incluyendo cuánto invirtió en su formulación e implementación, qué porcentaje de los ingresos por la venta de bonos le correspondió a la empresa que él representa antes y después de deducir esos costos operativos, o si las comunidades del Pirá Paraná conocían su rol como financiador. Tampoco informó en qué otros proyectos Redd+ participa su empresa como financiadora.

Por último, preguntamos a Delta Airlines cómo evalúa la calidad de los bonos que compra y si sabía que el proyecto cuyos créditos usó había sido demandado por las actuales autoridades indígenas dos meses antes. A la fecha de publicación no había respondido a nuestras dos solicitudes de información.

Lo que queda claro con la información disponible es que quienes primero compraron los bonos de carbono son los mismos que registraron el proyecto y certificaron la cantidad de carbono liberado a la atmósfera. Y que, pese a ser desarrollado por una corporación ambiental sin ánimo de lucro para llevar recursos a los indígenas, hay también una empresa que se ha llevado una parte de sus utilidades (el 40 por ciento de los ingresos, menos costos, al decir de la abogada de Masbosques).

Carbono en la Corte

Hasta ahora, la justicia ha interpretado el conflicto desde la óptica más limitada de una diferencia contractual entre dos privados. Eso podría cambiar si los magistrados de la Corte Constitucional eligen examinar este caso, como permite el sistema judicial colombiano y busca el Consejo Indígena del Pirá Paraná.

Para que esto suceda, las demandantes pueden hacer una solicitud de selección tras haber agotado ya las instancias anteriores. Cada mes, dos de los nueve magistrados de la Corte Constitucional se sientan—por turnos rotativos—en una sala especial que elige aquellos casos que creen que el máximo tribunal debería examinar, entre otras razones por su relevancia constitucional, por la novedad del tema o por la necesidad de tener en cuenta un enfoque diferencial. En un mes puede haber unas 150 solicitudes.

Si su caso no resulta elegido, tienen una segunda opción: en las dos semanas siguientes, puede llegar una solicitud de insistencia a la Corte, que los magistrados de la siguiente sala de selección examinan. Este paso, sin embargo, solo pueden darlo la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Agencia de Defensa Jurídica del Estado o los mismos magistrados de la Corte, por lo cual necesitarían persuadir a uno de esos cuatro de presentarla. Es un escenario donde dependerían de un tercero, aunque puede jugar a su favor que la Corte Constitucional suele priorizar problemas inusuales sin precedentes para crear jurisprudencia (aunque, tras la condena del ex magistrado Jorge Pretelt en 2019 por corrupción, el tribunal ha intentado reducir el margen de subjetividad de estas selecciones y fijó unos lineamientos que buscan garantizar que realmente tengan un interés constitucional).

Podría favorecerles otro factor: el Pirá Paraná colinda—a lo largo de un centenar de kilómetros—con el Parque Nacional Yaigojé-Apaporis, uno de los más grandes del país y epicentro de un sonado y novedoso pleito jurídico sobre derechos indígenas que justamente resolvió la Corte Constitucional.

En ese caso, una asociación indígena que se había declarado en disidencia de la que tenía gobernanza en la zona demandó la creación del parque nacional –el primero de Colombia cuya gestión corre por cuenta de comunidades étnicas—con el argumento de que no había sido consultada por el Gobierno nacional. Comenzando la audiencia convocada por tres magistrados de la Corte Constitucional en plena selva en 2014, el líder de la asociación demandante pidió la palabra y sorpresivamente confesó que su estrategia legal había sido organizada y pagada por la minera de oro canadiense Cosigo Resources. La razón era que el título minero que le había otorgado el gobierno un día después de la designación del parque adquiriría vigencia si este último, que le precedía en el tiempo y le impedía legalmente minar, se caía. En su sentencia, la Corte –que cuenta con gran legitimidad dentro y fuera del país—dejó claro que hubo una injerencia indebida de la empresa y dejó en firme el parque nacional.

No solo ese fallo fue un hito. La audiencia selvática, que implicó llevar a los magistrados en helicópteros y a sus equipos por río una semana antes, ha sido considerada por académicos constitucionales internacionales como ejemplo de la “aproximación proactiva” de la Corte colombiana que, con visitas in situ a lugares remotos como la Amazonia o el Tapón del Darién, le ha permitido “desarrollar el rol transformador de su jurisprudencia”.

Uno de los puntos que podría terminar examinando la Corte Constitucional, de tomar el caso, es si los proyectos de carbono son negocios entre privados en los que el Estado no debería intervenir o si, por el contrario, éste tiene un deber de acompañar a las comunidades indígenas o afro que negocian con empresas y de supervisar que cumplan unas condiciones mínimas.

Bajo el gobierno de Iván Duque, el Ministerio de Ambiente defendió la visión de que un proyecto Redd+ es “una iniciativa de carácter privada y, por lo tanto, se rige por la jurisprudencia que le asiste como ente que ejerce una actividad comercial de derecho privado” y que el Ministerio “no tiene competencia para adelantar supervisión sobre el manejo de dichos recursos”, según respondió al CLIP en una historia periodística por otro caso de bonos de carbono en el resguardo de Matavén, publicada antes del cambio de gobierno nacional. Otras personas, sin embargo, argumentan que debería operar también el derecho público, porque si bien los resguardos son figuras de propiedad privada colectiva, el ejercicio de autoridad de los pueblos indígenas es de naturaleza pública. “No es un tema del carácter del suelo, sino de quiénes intervienen en el proceso y ellos son autoridades públicas”, dice el abogado Juan Carlos Preciado.

El nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro ha expresado una postura más amiga de la regulación del mercado de carbono. Aunque todavía no ha anunciado medidas, la ministra de ambiente Susana Muhamad ha defendido que se necesitan esquemas de pago por servicios ambientales para incentivar el cuidado de los ecosistemas más sensibles, pero que deben darse—en sus palabras—“con reglamentación porque hoy es el salvaje oeste con respecto a los bonos de carbono”.

Sumas y restas

Al margen de si la demanda de Masbosques llega a la Corte Constitucional como quisiera el Consejo Indígena, uno de los efectos del proyecto Baka Rokarire parece ser haber ocasionado una profunda división interna para las comunidades del Pirá Paraná.

“Este desorden ha generado una debilidad y una ruptura en el proceso que hemos construido durante mucho tiempo. Es un riesgo que se caiga todo”, dice el makuna Wilmer Gómez. “La pregunta de la gente acá es, ¿Qué estamos haciendo, una entidad territorial o cogiendo empresas donde nos den la plata por la vía más fácil? ¿Cuál es el compromiso del gobierno indígena del Pirá Paraná? Y si no nos entendemos, ¿para qué conformamos una entidad territorial?”, añade Fabio Valencia.

La reflexión de los dos capitanes encuentra eco en personas que llevan décadas trabajando en la Amazonia colombiana, que temen que estos incentivos económicos puedan—paradójicamente—debilitar la gobernanza étnica de estos ecosistemas estratégicos en vez de fortalecerla. “Territorios que tienen una unidad cultural por pueblo o complejo cultural se están fraccionando con estas negociaciones”, dice una persona que lo ha observado de primera mano en un departamento cercano y pidió omitir su nombre por lo sensible del tema en el sector ambiental.

“Acaipi es, no tengo dudas, un logro extraordinario en el modelo de gobernanza indígena de Colombia. Uno de sus grandes triunfos es un sistema educativo donde los jóvenes aprenden de sus mayores y así perpetúan el conocimiento tradicional y, por tanto, la integridad de sus pueblos y del bosque”, dice el antropólogo Stephen Hugh-Jones. “Crear divisiones al interior de un territorio que históricamente ha tenido conciencia de su identidad común y voluntad de cooperación es catastrófico”.

Masbosques cree que el conflicto les precede y no se debe a su proyecto. “El fraccionamiento es indistinto de si estamos ahí o no. Siempre ha existido”, dice Mauricio Aristizábal, añadiendo que la ONG antioqueña ha sido víctima de “mucha intriga y un río revuelto en el que nos hemos visto envueltos”.

La multiplicación de conflictos por bonos de carbono está ocurriendo bajo la mirada despreocupada del Estado colombiano, que no supervisa la implementación de los proyectos privados ni investiga posibles irregularidades en éstos. Esta alianza periodística preguntó al Ministerio de Ambiente el 6 de octubre, vía su oficina de prensa, qué acciones ha tomado desde que fue enterado de la acción de tutela y si había hecho uso de facultades como las que le da la reciente Ley de Acción Climática para pedir una investigación en este caso, pero a la fecha de publicación no había respondido.

En ese caldo de cultivo, lo que se pensó como una solución para traer recursos a los indígenas de la Amazonia y premiar su decisión de proteger la selva podría terminar siendo una bonanza tan efímera y divisiva como el caucho.

Nota: Puede ver esta investigación en su versión inglés aquí.