Juntas comunales: un actor clave en los créditos ganaderos de la Amazonía

Esta investigación, que tiene otra entrega, fue apoyada por la beca Rainforest Reporting Grant del Pulitzer Center. 

En la Amazonía colombiana, tener un título es un privilegio. Miles de campesinos viven en tierras desde hace décadas sin tener un documento oficial que reconozca formalmente que están allí. En parte porque están asentados en terrenos baldíos o con restricciones ambientales. 

La solución para poder acceder a crédito público, que como lo mostró La Silla, en casi la mitad es destinado por Finagro a ganadería, han sido cartas que certifican la posesión. Son autogestionadas por las juntas de acción comunal y aceptadas en el sistema bancario.

Aunque han significado progreso para muchos campesinos, son un arma de doble filo para los líderes comunales, que en muchos casos están sujetos a las presiones de grupos armados, económicos y políticos. Poco a poco han dado lugar al cambio del uso del suelo en la Amazonía ante la incapacidad del Estado para ejercer un mayor control.

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La Silla viajó a Guaviare y Caquetá, dos de los departamentos más deforestados, para entender cómo funcionan.

Remedio para la informalidad, riesgo para controlar créditos

La Amazonía colombiana fue poblada masivamente por colonos que llegaron desde el interior del país, empujados por la violencia o ilusionados por las bonanzas del caucho, las pieles, la coca y, más recientemente, el ganado. Cambiaron selvas por pequeñas parcelas, en un principio, y después por grandes extensiones de pasto, que se convirtieron en símbolo de propiedad. Las fincas crecieron sobre tierras baldías, a pesar de restricciones ambientales como la Ley Segunda de 1959, que creó Zonas de Reserva Forestal sobre el 42% del país. 

“Para adjudicarle un predio, usted tenía que demostrar que lo usufructuaba, entonces cuando la gente llegó, lo que hizo fue abrir finca, empezar a talar y establecer pasturas”, cuenta Hilder Cruz, ingeniero industrial y miembro de la Asociación de Ganaderos Ambientalistas de San Vicente del Caguán (Asogasanvi). 

Una opinión similar tiene Aldemar Gavilán, líder del comité de ganaderos de San José del Guaviare. Cuenta que a principios de los años 80 nadie pensaba en la ganadería, solo se pensaba en la coca. En 1985 comenzó la bonanza cocalera y a menos de 15 minutos de San José del Guaviare ya se veían cultivos, pero el precio comenzó a caer.

“Cuando el precio de la coca bajó, muchos pensaron en buscar otra economía. En algunas coqueras empezaron a meter pasto y ganado”, cuenta Gavilán, remontándose a los años 90. “Se dieron cuenta de que la ganadería era buena y más de uno le empezó a meter lo que le quedaba de la coca”, agrega. 

Después, comenzaron los programas de sustitución de cultivos ilícitos, como el Plante, la iniciativa que promovió el gobierno de Ernesto Samper. Consistía en darles 15 o 20 reses a cada beneficiario y a los tres años se recogía la misma cantidad de animales. Lo que se buscaba, sin medir las consecuencias, era sustituir los cultivos ilícitos, y la ganadería era lo único que le podía competir a la coca. 

A diferencia de la mata, las vacas servían para pedir financiación. “Se decía que al que no tenía potreros no se le podía prestar plata, entonces la gente empezó a hacer potreritos”, cuenta el líder ganadero. 

Hoy por hoy, muchos colonos siguen sin tener un título, a pesar de llevar décadas en esas tierras. Otros han llegado más recientemente a comprar fincas ya establecidas, pero aún sin escrituras públicas. Y, más hacia adentro, todavía llegan personas a los bordes de la selva, abriendo nuevas parcelas.

De acuerdo con los últimos datos del Índice de informalidad en la tenencia de tierra, la mitad de los predios de Caquetá y Putumayo están en la informalidad, mientras que en Guaviare y Meta el porcentaje rodea el 40 %. Bajo ese contexto, los bancos y las juntas de acción comunal crearon mecanismos para no dejar por fuera de programas públicos y servicios bancarios a quienes no tienen una escritura. 

La solución fue una carta en la que las juntas dan fe de la posesión de sus vecinos sobre un predio. Hay dos modalidades: la carta de sana posesión, emitida directamente por las juntas comunales —la que piden en el Banco Agrario— y la carta de colono, autorizada por las mismas juntas de acción comunal, pero con revisión de la Alcaldía y requisitos adicionales que varían según el municipio, y que suelen pedir otros bancos.

“Se expiden presumiendo buena fe, para ayudarle al dueño del predio a que tenga un alivio con su necesidad de crédito, pero en el banco los créditos son muy duros para los campesinos”, dice Edilma Cruz, líder de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de San Vicente del Caguán. 

Mario Estupiñán tiene 54 años y vive junto a su esposa Aidé Silva, de 48. Tienen su casa a casi dos horas del casco urbano de San Vicente del Caguán, en la vereda Villarrica, donde Aidé atiende una miscelánea mientras Mario se dedica a las labores de la finca. 

Llegaron hace 28 años y hace 14 compraron la propiedad, 80 hectáreas entre pastos y montañas, en un trato de palabra y sin papeles de por medio. “El que era el dueño fue a la junta y avisó que ya las tierras eran mías y me cumplió”, cuenta Estupiñán. De su propiedad salen a diario 80 litros de leche, con los que han sacado adelante a sus dos hijos. Además, mantienen intactas 30 hectáreas de bosque primario. 

El título de la finca todavía está en trámite en la Agencia Nacional de Tierras: “Nos dijeron que este año sale”, cuenta Mario. Mientras tanto, cada que necesita hacer un crédito, acude a la junta para pedir una carta de sana posesión. 

“La firman el tesorero y el presidente, donde dicen que usted hace tantos años vive en la región, que en la vereda tiene una finca de tantas hectáreas. Después uno la lleva al banco, que también pide el registro de vacuna de semovientes, y ya. Es fácil”, explica. 

Pese a las bondades del documento, que ha permitido el acceso a crédito a miles de productores, estos son vulnerables a las dinámicas propias de regiones como Caquetá, Putumayo y Guaviare, donde el control del Estado es mínimo, mientras que el de las disidencias de las Farc es dominante. 

“Hecha la ley, hecha la trampa. Hay quienes puede que tengan un potrero pequeño acá y saquen el crédito sobre ese, pero lo invierten en otro que tienen más adentro”, dice Gavilán, el líder ganadero de Guaviare. También conoce tramitadores o “planificadores de crédito”, que suelen ser contratados para que acomoden la documentación según los requisitos del banco.

Ahora se pide al auto de reconocimiento de la junta porque antes mucha gente se hacía pasar como presidente para firmar esos formatos, según Edilma Cruz, la líder comunal. Después, en la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, revisan que la persona esté en los libros de dicha junta. 

Además de lo anterior, en las áreas rurales los grupos armados ejercen una fuerte presión sobre las juntas de acción comunal. A través de ellas imponen normas de control social: regulan el tránsito, carnetizan a la población y extorsionan a ganaderos y campesinos. En las veredas más lejanas, asignan tierras, fundan veredas e imponen nuevos afiliados.

En San José del Guaviare, por ejemplo, actualmente la deforestación está prohibida por parte de las disidencias de “Iván Mordisco”, pero hace dos años se dio la orden a las juntas de deforestar 50 metros a lado y lado de las carreteras, de acuerdo con el testimonio de un ganadero en un corregimiento cercano. 

Las cartas pueden convertirse en un encarte, tanto para las juntas, que deben soportar presiones, como para las autoridades locales, que asumen riesgos jurídicos en caso de que se certifiquen propiedades con inconsistencias. En el caso de las juntas, las presiones incluso pueden volverse amenazas. 

“He visto cómo hay juntas de acción comunal que certifican un predio que no existe. Eso pasa mucho por desconocimiento de las mismas juntas, por no entender que está en juego la reputación y el buen nombre de ellas”, dice Cruz. “Otras veces, se ven obligadas a hacerlo. Si es el amigo “Fulanito”, se la tienen que dar. Yo les digo que, en esos casos, den la certificación, para que no terminen con un chicharrón, amarrados ocho días por allá. Pero les pido que hagan un acta donde dejen constancia de que se vieron obligados”, agrega. 

Actualmente, las presiones han aumentado. En zonas del Caquetá, donde manda Calarcá, todavía hay tierras sin dueño y esas disidencias las están repartiendo. Eso ha causado incomodidad en las juntas, ya que algunas se ven sobrepobladas. Veredas como el Camuya, al oriente de San Vicente, pasaron de 80 afiliados a alrededor de 300, al verse obligadas a registrar a nuevos colonos que llegaron al territorio. 

“Las personas que están llegando están deforestando a una magnitud que no se imagina. Todo eran montañas vírgenes y ya lo deforestaron”, cuenta un líder comunal de la región. Los nuevos colonos resolvieron crear su propia junta de acción comunal, la vereda Jaguar, que desde el año pasado tiene personería jurídica, pese a estar situada a pocos kilómetros del Parque Nacional Serranía del Chiribiquete. 

El fenómeno se repite en el sur del Caquetá. Según un conocedor de la ganadería en San Vicente del Caguán, quien pidió la reserva de su nombre por ser funcionario público y no estar autorizado a dar declaraciones, recientemente muchas personas están registrando nuevos predios ganaderos allá al parecer beneficiados también por las políticas de adjudicación de alias “Calarcá”.

En el caso de las cartas de colono, que deben tener el sello de la Alcaldía, los mismos funcionarios son conscientes de sus limitaciones. En San Vicente del Caguán, por ejemplo, la Secretaría de Gobierno las expide bajo el principio de buena fe, pese a que no tiene cómo saber si lo que está certificando es real. 

“La mayoría es para proyectos productivos en los que participa la comunidad, otros para un crédito y otros para trámites ante el ICA (Instituto Colombiano Agropecuario)”, cuenta César Monje, secretario de Gobierno de San Vicente del Caguán. Lo que hacen en su oficina es contrastar la certificación de las juntas con otros documentos y verificar que no tengan sanciones ambientales pendientes. 

“La trampa la hace más el que no habita en el territorio, pero quiere acceder a un crédito blando. La administración optó por pedir el libro de afiliados de las juntas, porque a veces les daban certificados a personas que no tenían ni finca”, cuenta Monje. Según él, que en caso de que se identifiquen prácticas asociadas a la deforestación, la personería jurídica de las juntas puede suspenderse. 

Desde su perspectiva, la Alcaldía no debería ser quien dé las cartas de colono, por posibles riesgos jurídicos. Cuenta que en otros municipios son expedidos por las notarías. 

“Un alcalde está certificando algo que no sabe si es cierto o no. Hay un riesgo para él en caso de que se dé una carta y llegue la autoridad ambiental”, agrega. Por ejemplo, si alguna de las fincas certificadas tiene traslapes con un área protegida.

Sobre la vereda Jaguar de reciente colonización, Monje reconoce que está ubicada en un área de amortiguamiento del Chiribiquete: “Hay una realidad social, hay bastantes familias haciendo presión hacia los parques: deforestando para ejercer la actividad ganadera”. 

La Silla Vacía no tuvo conocimiento de casos puntuales de fraude en este tipo de documentos, pero es evidente el vacío sobre la localización y las características de los predios, que con ese tipo de cartas pueden acceder a créditos públicos, en su mayoría para ganadería, a tasas de interés bajas o subsidiadas. 

El ICA también depende de las cartas de colonos

Cerca de la esquina del parque de San Vicente del Caguán, en un segundo piso, está la oficina municipal, donde todos los ganaderos tienen que ir a registrar sus predios, sus hierros —con los que marcan al ganado— y las guías de movilización, necesarias para transportar las reses de un lado a otro. 

Hasta niños de dos y tres años llegan a la oficina. Por tradición, sus padres deciden registrar hierros a su nombre, como vestigio del comienzo de su existencia en las tierras ganaderas del Caquetá. 

En la carpeta para un crédito no puede faltar el Registro Único de Vacunación (RUV). Para obtenerlo, primero hay que tener el registro de predio agropecuario, para el que se tiene que presentar en la oficina del ICA un título, contrato de arrendamiento, un documento de compraventa o la carta de sana posesión expedida por la junta comunal. Posteriormente, los vacunadores visitan el predio en uno de los dos ciclos anuales que se realizan contra la fiebre aftosa y se expide el RUV.

Las vacunas pueden ser uno de los mayores casos de éxito del Estado colombiano, si solo se tiene como indicador el alcance y la efectividad que han tenido. A diferencia de otros programas públicos, han logrado llegar a los lugares más recónditos de la Amazonía, superando las vías en mal estado y la presencia de grupos armados. Las dosis, generalmente, se transportan en moto, refrigeradas en neveras de icopor, entre bolsas con gel térmico que las mantienen entre los cuatro y los ocho grados de temperatura. 

Llegan a zonas de Ley Segunda, donde, en teoría, está prohibido todo tipo de ganadería. Incluso cruzan las fronteras de reservas naturales y parques nacionales, que se han visto mermados por la presencia de ganado, ya que según la Ley 395 de 1997, es obligatorio vacunar contra la fiebre aftosa en todo el territorio nacional.

La principal justificación es el riesgo de que, al no vacunar a las vacas que están en áreas protegidas, estas contagien a las que están en otras donde sí están permitidas, lo que podría afectar el cordón sanitario que mantiene a flote el negocio ganadero, que representa el 1,4 % del PIB del país y una quinta parte del sector agropecuario. De él depende el empleo de un millón de personas. 

Actualmente, no está permitido generar guías de movilización para llevar ganado hacia fincas al interior de los parques, pero sí está permitida la salida de ganado desde esas zonas, lo que en teoría tiene sentido para permitir que salgan de allí, donde no deberían estar. 

Al preguntarle al ICA por la vacunación de bovinos al interior de los Parques Nacionales, respondió que: “No se encuentra dentro de sus competencias el manejo de zonas de reservas naturales y forestales”.

El reto de cuidar la Amazonía sin cercar al campesino

Del otro lado de la moneda está la inclusión crediticia de miles de pequeños campesinos, que ven en el crédito una alternativa para mejorar sus condiciones de vida. Para Hilder Cruz, miembro de Asogasanvi, son la principal herramienta de independencia económica del campesino, ya que puede comprar y mantener su propio ganado sin necesidad de acudir a inversionistas. 

Dice que el crédito permite que el ganadero sea dueño de su propia utilidad y la pueda invertir en la tecnificación de su finca, lo que a su vez se puede traducir en menos deforestación. Pide evitar la estigmatización al sector ganadero: “En San Vicente todavía cargamos un estigma muy grande en el tema del conflicto y en el tema de la deforestación. […] ese estigma se vive y se siente”.

Los municipios como los del arco de deforestación, conformado por parte de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, la mitad de la población tiene insatisfechas sus necesidades básicas y la incidencia de la pobreza multidimensional es casi del 50 %, de acuerdo con Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

“Hay que pensar en un modelo que transforme la ganadería en este territorio, teniendo en cuenta la fragilidad de los ecosistemas, pero esto debe hacerse con enfoque diferencial y respetando los derechos de las poblaciones”, dice Natalia Escobar, investigadora de la línea de Justicia Ambiental en Dejusticia. “El prohibicionismo deja un espacio de opacidad mayor, donde entra la informalidad”, concluye. 

En la Amazonía ninguna decisión es fácil, por cuenta del equilibrio entre las necesidades de sus habitantes y la necesidad de conservar al bosque tropical más importante del mundo. La solución, en cualquier caso, implica un mayor control del Estado sobre su territorio y sus recursos.