Historia
Marzo 10, 2025
Exclusiva: cómo algunos bancos y el dinero público financian el colapso de la Amazonia
País:
An investigation looks into the Amacro region in the Amazon.
Entre enero de 2018 y agosto de 2024 se prestaron unos 1.900 millones de dólares a 24.000 inmuebles rurales ubicados en Amacro, una frontera agropecuaria lanzada por Bolsonaro. Parte del dinero acabó en manos de personas involucradas en deforestación y sospechosas de financiar la intentona golpista
Desde marzo de 2024, SUMAÚMA viene adentrándose en una zona específica de la Amazonia brasileña conocida como Amacro para destapar un ciclo devastador: cómo fuerzas políticas y económicas, con respaldo y dinero público, aceleran la muerte de la mayor Selva tropical del planeta. En esta investigación sin precedentes, analizamos compromisos políticos, documentos gubernamentales y académicos, datos de financiamiento del Banco Central, cifras de deforestación y sanciones por infracciones ambientales. Recorrimos más de 2.000 kilómetros por carreteras, siguiendo el rastro del dinero que fluye del crédito rural, un préstamo a bajo interés que se ha convertido en uno de los motores financieros de la destrucción del bioma estratégico para frenar el calentamiento global. Tuvimos acceso a 65.315 préstamos, cruzamos información detallada para trazar el perfil de los beneficiarios, de las entidades financieras y, sobre todo, del destino del dinero que sostiene a quienes matan la Amazonia y ponen en peligro el futuro de generaciones. Las conclusiones son aterradoras, tanto por lo que revelan como por el impacto que tienen.
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En el kilómetro 120 de la carretera BR-319, que une Manaos con Porto Velho, una escena cotidiana en una hacienda muestra tractores y máquinas fumigadoras compartiendo espacio con sacos de abono en un cobertizo de más de 60 metros de largo. Las dos puertas abiertas ese domingo permiten ver que dentro hay más maquinaria. La Hacienda Arco Íris pertenece a Juares Monteiro y parte de su superficie quedó embargada en octubre de 2019 por «infracciones de la flora»: taló 217 hectáreas de Selva sin la autorización de los organismos ambientales. Un embargo es una medida administrativa que bloquea las actividades económicas en un terreno para evitar que aumenten los daños ambientales descubiertos. Monteiro fue multado con poco más de 250.000 dólares, cantidad que aún aparece impagada, cinco años después, en las bases de datos del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama).
Aun así, en seis ocasiones, tres en 2020 y tres en 2021, Monteiro recibió préstamos de casi 190.000 dólares de bancos públicos, a tipos de interés muy bajos, de entre el 5,75% y el 7,5% anual. Para un ciudadano común, el tipo de interés ronda el 8% mensual. En la puerta de su terreno irregular, un cartel informaba: «El Banco da Amazônia financia la Hacienda Arco Íris». Unos metros antes, un tráiler frigorífico, utilizado para transportar los cadáveres de Bueyes y Vacas, exhibía orgulloso la bandera de Brasil.
El terreno de Monteiro forma parte de Amacro, un nuevo frente de destrucción con una vieja forma de matar. El acrónimo es la unión del inicio de los nombres de los estados de Amazonas, Acre y Rondonia y se refiere a un proyecto que comenzó a ser planeado por ruralistas locales en 2015 y terminó convirtiéndose en una bandera del expresidente Jair Bolsonaro. Durante el gobierno del extremista de derecha, Amacro se fortaleció como una nueva frontera agrícola y un nuevo proyecto político-económico en la Amazonia. Abarca 32 municipios y una superficie de 454.220 kilómetros cuadrados, mayor que Paraguay. Se anunció a principios de 2021 y se lanzó oficialmente en diciembre del mismo año, aunque la destrucción ya había comenzado años antes por el rumor de que algún día se haría realidad. Aunque los sistemas del Instituto Nacional de Estudios Espaciales, como cualquier otro sistema de detección de deforestación, no distinguen entre tala legal e ilegal, los datos muestran que en solo tres años, entre 2020 y 2022, un área casi siete veces el tamaño de Londres dejó de ser Selva en la región de Amacro. Se talaron 1.026.830 hectáreas de árboles. La destrucción alcanzó su punto máximo el último año de Bolsonaro en el poder.
Algunos de los que recibieron préstamos para actividades en zonas embargadas durante este período tenían acceso directo al Palacio de Planalto, sede del Ejecutivo brasileño, y a gobernadores, senadores, alcaldes y diputados estatales y federales. Son figuras alineadas con los intereses del expresidente extremista de derecha, algunas sospechosas de financiar la intentona golpista de 2023. Entre ellos hay nombres que ya han sido multados por tener a trabajadores en condiciones análogas a la esclavitud y otros que han sido acusados por organizaciones de la sociedad civil de amenazar a los pueblos tradicionales. También hay empresas que fueron investigadas en Comisiones Parlamentarias de Investigación por presunto robo de terrenos públicos.
A lo largo de la carretera BR-319, la Selva ha dado paso a la soja o a tierras que se preparan para recibirla. O a zonas de pastizales donde Bueyes y Vacas comparten espacio con Castaños solitarios, cuya tala está prohibida en Brasil y que, sin su ecosistema, están condenados a una muerte lenta sumidos en el hedor de los pesticidas y del estiércol. Un paisaje modificado por los préstamos bancarios subvencionados. Un paisaje modificado indirectamente por el ciudadano común a través de impuestos, depósitos bancarios, ahorros e inversiones financieras destinadas a la agroindustria.
Los datos analizados, que van de enero de 2018 a agosto de 2024, muestran que en la región de Amacro se otorgaron créditos rurales a unos 24.000 inmuebles inscritos en el Catastro Ambiental Rural, un registro público obligatorio para las propiedades rurales. En conjunto, sumaron más de 1.900 millones de dólares. La mayoría de estos préstamos se concedieron en Rondonia y ejercen presión sobre nueve Tierras Indígenas, Selvas públicas no destinadas (áreas protegidas por ley que aún no tienen un uso específico), así como proyectos de asentamiento y unidades de conservación. El Banco do Brasil y el Banco da Amazônia, ambos estatales, fueron los mayores proveedores de este tipo de préstamos en el período analizado, además de cooperativas diversas. Los registros de préstamos del Banco Central se pueden consultar desde 2013, pero no fue hasta 2018, por determinación del nuevo Código Forestal Brasileño y del Manual del Crédito Rural, cuando se hizo obligatorio vincular la concesión de créditos al Catastro Ambiental Rural. Es decir, solo desde 2018 se puede rastrear a qué área exactamente va el dinero de los préstamos, por lo que el período de nuestro análisis comienza en 2018.
El crédito rural es un tipo de préstamo destinado al sector agropecuario y se utiliza para financiar operaciones en el campo, desde la siembra hasta la comercialización de los productos. Los fondos son, en gran parte, públicos, pero también proceden del dinero de los titulares de cuentas corrientes, personas comunes que confían sus ahorros al banco. También incluye subvenciones, en las que el gobierno brasileño asume parte de los costos (como intereses reducidos) para que los préstamos sean más asequibles. Funciona así: los bancos ofrecen a particulares o empresas un crédito rural a un tipo de interés más bajo que los del mercado gracias al programa de financiamiento Plan Safra (Plan Cosecha, en español). Para que los bancos no «salgan perdiendo» por operar con tasas reducidas, el gobierno cubre la diferencia. En resumen, es una política pública. Solo en 2023 y 2024, el Plan Safra prestó unos 85.000 millones de dólares a la agroindustria brasileña.
Para acceder al crédito rural, además de estar inscrito en el Catastro Ambiental Rural, los bancos exigen que el propietario presente documentos como un certificado catastral, una clasificación por tamaño (si es un productor pequeño, mediano o grande) y la prueba de que no figura en la lista negra del trabajo esclavo. Por último, el propietario debe demostrar que no tiene embargos activos por deforestación ilegal.
Sin embargo, el análisis de los datos de los últimos seis años y medio muestra que algunas áreas que habían sido embargadas por el Ibama han recibido un millón de dólares en préstamos, en contra de las normas del Consejo Monetario Nacional y del Banco Central de Brasil. En resumen: un millón de dólares fueron a parar a manos de quienes destruyeron la Selva.
Monteiro, uno de los socios de la Hacienda Arco Íris, fue el propietario de una zona embargada que más préstamos irregulares recibió, de un importe cercano a 190.000 dólares. En agosto de 2018, cuando aún estaba en campaña para la presidencia de Brasil, Bolsonaro dijo en una conferencia de prensa en Porto Velho, capital de Rondonia: «Aquí en Rondonia hay 53 unidades de conservación y 25 Tierras Indígenas. Es absurdo lo que se está haciendo en Brasil en nombre del medioambiente. Se está frenando el progreso de quienes quieren invertir en la agroindustria e incluso en la agricultura familiar. Vamos a encontrar un punto de inflexión». Y lo encontraron. Rondonia se convirtió en la capital de Amacro y obtuvo el 72% de los préstamos para la región, la mayoría subvencionados.
En la página web del Grupo Arco Íris, del que es socio administrador, se indica que la sociedad se creó el 18 de octubre de 2018. Tiene cuatro explotaciones en Porto Velho, con unas 700 hectáreas destinadas al cultivo de soja y maíz. También posee un rebaño de 500 cabezas de ganado de la raza Nelore.
Lo que no dice el texto es que Juares Monteiro tenía 217 hectáreas embargadas el 13 de octubre de 2019. Monteiro también recibió una multa de más de 250.000 dólares asociada al embargo. Aun así, consiguió créditos del Banco da Amazônia y del Banco do Brasil en 2020 y 2021 para invertir en ganado en la Amazonia. Una evaluación de las imágenes tomadas por satélite de las tierras de Monteiro muestra que, en los últimos años, la deforestación se ha extendido también a otras zonas suyas embargadas por la agencia brasileña de medioambiente. Las imágenes por satélite del equipo de Earth Genome identificaron cientos de cabezas de ganado en las zonas embargadas de Monteiro en septiembre de 2021.
Haga clic aquí para ver la actividad en las zonas embargadas de Juares Monteiro cuando se produjo el embargo en octubre de 2019 y de nuevo en octubre de 2024.
A orillas del Río Madeira, a 125 kilómetros de la tierra de la que Monteiro es dueño, barcos y transbordadores están atracados en la Estación de Transbordo de Carga de Cargill. El puerto que la multinacional construyó en el estado contribuye a estimular el monocultivo de soja en la región. Además, Cargill está construyendo otra terminal de carga, con una inversión de 55 millones de dólares. En el horizonte, grandes silos con el nombre del Grupo André Maggi, uno de los mayores productores de soja de Brasil, contrastan con los pocos árboles que resisten. En 2022 y 2023, se transportaron 20,8 millones de toneladas de carga por el Río Madeira, la mitad de las cuales eran de soja. Entre enero y noviembre de 2024, fueron 9 millones de toneladas, compuestas casi en su totalidad de soja, maíz, combustibles y fertilizantes. La Agencia Nacional de Transporte Acuático prevé que en 2044 la cantidad de carga transportada alcanzará los 28 millones de toneladas.
Además de vetar los préstamos para áreas embargadas por deforestación ilegal, el Manual del Crédito Rural prohíbe que los bancos concedan dinero para áreas que se superpongan con Tierras Indígenas, unidades de conservación, territorios Quilombolas (comunidades cimarronas), proyectos de asentamientos y Selvas públicas no destinadas. Juares Monteiro no solo recibió dinero para una tierra embargada, sino que también posee áreas que, según las imágenes satelitales, pueden solaparse con el asentamiento Gleba Rio Preto. Las Selvas públicas no destinadas pertenecen a los gobiernos federal, estatal o municipal, por lo que ninguna persona física o jurídica puede tener la propiedad de estas tierras. Sin embargo, Juares Monteiro tiene certificados de propiedad del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria y un registro activo en el Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural. Él niega las irregularidades (lea más abajo abaixo).
El análisis de los datos también permite concluir que el crédito rural ha financiado áreas que suman 2.364 embargos ambientales —no todos por deforestación ilegal, el único tipo que prohíbe el financiamiento posterior según el Manual del Crédito Rural—. Hay áreas en las que los préstamos serían irregulares, como en el caso de Monteiro. Otras recibieron el dinero antes del embargo, pero los préstamos siguen activos, lo que también sería irregular; y otras recibieron el castigo ambiental por deforestación después de que el préstamo se hubiera pagado en su totalidad, lo que no es irregular, pero puede sugerir que el dinero público se utilizó, también, para aumentar la destrucción irregular de la Selva.
Los créditos concedidos antes de que el Ibama embargara las tierras ascendían a más de 14 millones de dólares. Dinero que se entregaba a los terratenientes que habían cometido infracciones ambientales y seguían conservando todos los beneficios del crédito rural. El Manual del Crédito Rural establece, sin embargo, que el contrato de concesión de crédito «debe estipular que, si se verifica el incumplimiento de alguna obligación ambiental en el inmueble rural durante la vigencia del financiamiento, la operación podrá cancelarse», lo que no ocurrió con estos propietarios. Las instituciones financieras solo cancelaron siete créditos en Amacro, lo que corresponde al 0,54% del valor de los préstamos, unos 77.000 dólares.
Al anunciar la creación de Amacro en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en 2021, el general Hamilton Mourão defendió la inversión del sector privado para preservar y desarrollar la bioeconomía en la región amazónica. En ese momento, Mourão era vicepresidente del gobierno de extrema derecha de Bolsonaro y presidente del Consejo Nacional de la Amazonia. Sin embargo, la realidad es demostradamente muy distinta.
En Amacro, la inversión de los bancos privados sigue siendo modesta en comparación con la de los bancos públicos que gestionan el crédito rural. Actualmente, De Lage Landen Brasil, que forma parte del grupo Rabobank, uno de los mayores bancos cooperativos del mundo, con sede en los Países Bajos, ha operado el mayor volumen de crédito, más de 2,5 millones de dólares. Según un informe elaborado a petición de Greenpeace, Rabobank lucra mientras contribuye a la deforestación y la degradación del medioambiente. En una investigación realizada por el periódico FD y la plataforma Repórter Brasil, se encontraron 365 productores rurales de Brasil multados por el Ibama que habían obtenido créditos a pesar de las infracciones ambientales.
Otros bancos internacionales que ofrecen préstamos en Amacro son John Deere Bank, entidad financiera vinculada a la empresa John Deere, una de las mayores fabricantes mundiales de maquinaria agrícola y equipos de construcción y forestales, y el banco Santander. Entre los bancos privados brasileños están el Itaú Unibanco y el Bradesco.
El Rey de la Soja y del crédito
A la cabeza de quienes recibieron más recursos de crédito rural para Amacro se encuentra el Rey de la Soja. En Río Branco, estado de Acre, todos tienen una historia que contar sobre Jorge José de Moura, el detentor del título, que debe cerca de 60.000 dólares en multas por infracciones ambientales. Él solo se embolsó más de 28,5 millones de dólares en créditos subvencionados entre enero de 2018 y agosto de 2024, suma un 47% superior que la del segundo clasificado en el ranking, que cobró casi 16,5 millones de dólares. Al menos el 90% de ese dinero (unos 25,7 millones de dólares) lo otorgó el Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte (FNO), un fondo del gobierno federal —dinero público— que forma parte de la política de desarrollo de Amacro y lo administra el Banco da Amazônia. Entre 2019 y 2022, durante la gestión del extremista de derecha Jair Bolsonaro, recibió más de 15,5 millones de dólares.
Después del Fondo Constitucional de Financiamiento del Norte, la mayor fuente de recursos del Rey de la Soja provino de la cuenta de ahorros rural, que es similar a una cuenta de ahorros común, pero se destina a los productores rurales. En esta modalidad, la institución financiera debe invertir necesariamente el 65% del dinero acumulado en la cuenta de ahorros (que es un préstamo que quien ahorra le hace al banco) en operaciones de crédito rural. Por último, están los recursos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Son el Banco da Amazônia y el Banco do Brasil los que administran, en su mayoría, estos valores, pero también cooperativas como Sicredi, que ella sola se encargó de financiar casi 887.000 dólares a dos áreas de Jorge Moura.
El complejo de haciendas del Rey de la Soja cubre 12.059 hectáreas, un área más grande que la ciudad de París, en Francia. Se encuentra a 93 kilómetros de Río Branco, capital del estado de Acre, entre las ciudades de Plácido de Castro y Capixaba.
Los préstamos del Rey de la Soja —que es también el Rey del Crédito— están dentro de la ley, pero pueden indicar que la política de financiamiento esté fallando en proteger el medioambiente. El 29 de abril de 2020 recibió préstamos que suman cerca de 91.000 dólares. Cuatro años después, le embargaron el área. En la descripción del embargo figura: “infracción de flora”. El catastro para esta área se encuentra como pendiente en la base de datos del Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural (Sicar).
En el informe “Bancando la extinción: Bancos e inversores como socios en la deforestación”, Greenpeace trae una serie de demandas tomando en cuenta las brechas, tanto en el Manual del Crédito Rural como en la fragilidad de la regulación y fiscalización de estos préstamos por parte de las instituciones financieras.
La organización ambiental defiende la necesidad de cancelar y/o suspender inmediatamente la concesión de crédito cuando exista embargo por deforestación; aumentar el rigor de los criterios de concesión de crédito rural; no prestar recursos a quien tenga embargo y/o infracción registrada en alguna propiedad rural, independientemente de que la solicitud de préstamo cubra una área donde no haya embargo; aplicar un análisis más riguroso a quienes ya estuvieron en la “lista negra” del trabajo esclavo y/o hayan sido acusados de violaciones de derechos fundamentales y de participación en conflictos de tierras. A los reguladores —el Banco Central de Brasil, el Consejo Monetario Nacional, la Comisión de Valores Mobiliarios, la Superintendencia de Seguros Privados y la Superintendencia Nacional de Previsión Social Complementaria— Greenpeace les recomienda: exigir monitoreo del inmueble financiado antes y durante la operación de crédito, observando el cumplimiento de los criterios socioambientales; y mejorar e intensificar las medidas para la efectiva responsabilización de las instituciones que no cumplen las normas vigentes.
Entre los propietarios que más accedieron al crédito rural en Amacro, tres tuvieron acceso directo al Palacio de Planalto (sede del Ejecutivo brasileño), durante la gestión de Bolsonaro: además del mismo Jorge Moura, el Rey de la Soja, José Marcos Leite Júnior y Antônio Aparecido Custódio estuvieron el 7 de marzo de 2022 en un evento denominado Encuentro con el Movimiento de Acción Voluntaria Amigos de la Pecuaria. Esta controvertida reunión no figuraba, en un primer momento, en la agenda oficial del extremista de derecha Jair Bolsonaro. El encuentro, que solo se hizo público después de su finalización, se titulaba “Asuntos relacionados con la ganadería brasileña”. Pero algunos reportajes de esa época señalan que posiblemente se trataba de una reunión para financiar la campaña de reelección de Bolsonaro, a la que asistió, por ejemplo, Luciano Hang, dueño de la empresa Havan y uno de los principales apoyadores del expresidente. Es importante subrayar que Hang actúa en el sector de comercio minorista, no en el de la agropecuaria.
El nombre de la iniciativa, Movimiento de Acción Voluntaria de los Amigos de la Ganadería, no podría estar mejor justificado. Entre las modalidades financiadas en Amacro, la ganadería y la soja ocupan, respectivamente, el primero y el segundo lugar en el ranking. Los demás productos son obras de infraestructura, maquinaria e implementos, pastizales y Maíz —generalmente sembrado en la contra estación de la soja—.
La soja no es la única fuente de enriquecimiento de Jorge Moura. La primera empresa que fundó, en abril de 1985, fue un motel en Cuiabá, estado de Mato Grosso. En agosto del mismo año creó Helatex Hevea, empresa destinada a la fabricación de caucho. Dos años después, en septiembre de 1987, nace Helatex Pneus (en español: Helatex Neumáticos), que estuvo activa 29 años. Aunque el nombre indica que la empresa trabajaba con neumáticos, en el registro de su actividad constaba que era un comercio al por menor de artículos de óptica. Las empresas que trabajaban con caucho cerraron en 2016. El motel sigue funcionando. Hoy Jorge Moura tiene relación con al menos 11 empresas como administrador, socio administrador o representante legal. Entre los emprendimientos se encuentran estaciones de servicio, administradoras de inmuebles, empresas de transporte, distribuidoras y sociedades ganaderas y agrícolas.
En una de las áreas que se le financiaron a Jorge Moura hay embargos ambientales a nombre de otras cinco personas, lo que indica que parte de las tierras que le alegó al banco que eran suyas las reclaman habitantes históricos de la región. Estos conflictos están en la base de datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) de 2022 y 2023. Uno de ellos, de 2022, tuvo lugar en Capixaba, estado de Acre, involucrando a unas 15 familias. El otro, del mismo año, en Plácido de Castro, involucraba a seis familias. En 2023, la CPT volvió a registrar conflictos en el antiguo Seringal Capatará, actual Hacienda Capatará, propiedad de Jorge Moura. Uno contra 66 familias, otro contra seis familias y un tercero contra quince familias.
Es una batalla desigual. “Estas tierras eran de mi padre y un día me dijeron que eran de los Moura, pero la verdad es que esto siempre ha sido nuestro”, dice un habitante de una de las áreas en disputa. SUMAÚMA habló con algunas de estas personas, cuyas identidades no serán reveladas por razones de seguridad. Nos cuentan historias de un rey y sus descendientes, hijos y nietos, que intentan a toda costa expulsarlos de las tierras que habitan desde hace 62 años. Hay relatos de supuestas amenazas para obligarlos a abandonar las tierras. “Pero si nos vamos, ¿dónde vamos a vivir? ¿Dónde vamos a plantar?”, pregunta uno de ellos. Jorge José de Moura aparece mencionado en al menos 61 procesos judiciales, en algunos como autor, pero en otros como investigado por supuestas amenazas, tenencia ilícita de armas y conflictos territoriales.
Los generosos
Cerca de las elecciones presidenciales de 2022, de los tres hacendados que fueron a Brasilia, dos hicieron donaciones a la campaña de reelección de Bolsonaro: Jorge Moura le hizo al extremista de derecha una transferencia instantánea de 5.600 dólares; Antônio Aparecido Custódio fue un poco más generoso y donó 50.000. Custódio también es director de una cooperativa que gestiona crédito rural, denominada Credisis Crediari. En resumen: además de obtener recursos para sus propiedades de otros bancos, les presta dinero a productores rurales. Accedió a más de 5,6 millones de dólares de recursos de las políticas públicas entre enero de 2018 y agosto de 2024 y tiene más de 400 hectáreas de tierras embargadas por el Ibama.
También constan tres multas a nombre de Custódio relacionadas con infracciones ambientales, que suman más de 354.000 dólares. La más antigua es de 2007 y hasta el momento consta como “pago pendiente”. Otro propietario de tierras, José Marcos Leite Júnior, no donó a la campaña de Bolsonaro, pero estuvo en Brasilia. Tuvo acceso a 10,3 millones de dólares en recursos del crédito rural. Su madre, Ana María Leite, también productora rural, accedió a más de 19,1 millones de dólares provenientes de la política pública. Juntos invirtieron 29 millones de dólares en los negocios de la familia, pese a que suman más de 98.600 dólares en multas ambientales.
El 1 de noviembre de 2022, días después de que Bolsonaro perdiera las elecciones ante el actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores), Moura se unió a los manifestantes pro-Bolsonaro que bloquearon un tramo de la carretera BR-364, en la ciudad de Río Branco, estado de Acre. En su discurso afirmó que Lula en la presidencia sería “la llegada del comunismo a Brasil” y que solo las Fuerzas Armadas podrían “salvar” al país. “Este es el momento de pedir clemencia si es necesario, incluso de rodillas a las puertas de los cuarteles. Solo el Ejército puede salvar a este hermoso país de la miseria”, declaró. Antônio Aparecido Custódio, por su parte, encargó la instalación de vallas publicitarias pro-Bolsonaro para la reelección de 2022, pero, posteriormente, se le ordenó judicialmente que los sacara. Las vallas asociaban a la izquierda con crímenes. Interrogado por la prensa en aquella época, Custódio afirmó que quería “un Brasil mejor”.
El acto llevó a que el Ministerio Público del estado de Acre señalara a Jorge Moura como posible organizador y financista de los actos golpistas. Una persona que, por miedo, prefiere no identificarse, cuenta que, además de dar discursos a los márgenes de la carretera BR-364, Moura llevaba comida a los manifestantes que bloqueaban la vía. “Hacía matar muchos Bueyes y los llevaba para alimentar a la gente que estaba allí. Si eso no es financiar, qué más se puede decir”, comenta. Por teléfono, el equipo de la Corte Suprema informó que no encontró el nombre de Jorge Moura en la lista de financiadores del golpe, pero justificó que eso puede pasar porque el proceso está bajo secreto de sumario y algunos nombres no pueden ser revelados.
En diciembre de 2023, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) endureció el control contra los deforestadores. En una alianza con MapBiomas, que monitorea áreas de la Amazonia y utiliza alertas de deforestación ilegal, el banco afirma que impide la contratación, suspende las liberaciones o incluso solicita el pago anticipado de las operaciones de crédito que se consideran irregulares. En teoría, la decisión impide, desde marzo de 2024, la concesión de crédito rural a clientes con embargo ambiental vigente, incluso en inmuebles que no estén directamente asociados al financiamiento.
Aunque el presidente del BNDES, Aloizio Mercadante, haya dicho que “la abrumadora mayoría de los productores rurales respeta las normas ambientales”, hay quienes acceden a los recursos, después son descubiertos cometiendo irregularidades ambientales y aun así tienen acceso al crédito ya contratado. Jorge Moura, por ejemplo, accedió a más de 961.000 dólares del BNDES y tuvo su área embargada el 23 de mayo de 2024 por infracción contra la flora, pero sus préstamos no fueron desclasificados; según el BNDES, esto ocurrió porque la adquisición de su préstamo fue anterior a la nueva norma. El dinero adquirido anteriormente se utilizó para comprar maquinaria y hacer la corrección intensiva del suelo para la siembra.
Por más que las instituciones financieras garantizan el monitoreo de los recursos, el daño causado es irreparable. Millones de Animales, Plantas y Hongos son aniquilados, muertos para dar paso a pastizales y plantaciones de soja. Este dinero no solo destruye la Selva, sino que también amenaza la supervivencia de los pueblos originarios y sus territorios, como la Tierra Indígena Karipuna. “Si los bancos y los gobiernos están dando dinero para matar la Selva, están financiando la muerte de los Karipuna”, denuncia Adriano Karipuna, uno de los principales líderes de su pueblo.
Esta realidad va más allá de estadísticas y palabras: expone el colapso inminente de un ecosistema vital para el planeta y para el futuro de las nuevas generaciones. En el próximo reportaje de esta serie, profundizaremos sobre cómo los financiamientos afectan directamente a la resistencia y la lucha de los pueblos Indígenas.
Lo Que Dicen Los Bancos Y Los Acreedores
Juares Monteiro admitió, en entrevista telefónica el 26 de febrero de 2025, que realizó una deforestación sin autorización de las autoridades ambientales. Según él, se solicitó la autorización pero, debido a una falta de comunicación con las personas que trabajaban en la hacienda, la tala acabó haciéndose antes de que llegara el documento, lo que provocó el embargo de la zona. En cuanto a la multa que recibió, Monteiro dijo que llegó a un acuerdo con el Ibama y pagó 125.000 dólares. Según él, la multa aún está pendiente en el sistema de la agencia ambiental debido a un probable retraso en el sistema.
Cuando se le preguntó cómo logró obtener financiamiento para un área embargada, contestó que quien podría explicarlo correctamente era el banco. «El banco pide información, pide documentos, nosotros los entregamos y ellos hacen lo que es legal», afirmó. «Creo que todo está dentro del marco legal, de lo contrario el banco no lo permitiría», añadió.
Monteiro también dijo que todas las actividades que se llevan a cabo en la Hacienda Arco Íris están fuera de la zona embargada y, por tanto, cumplen la legislación. Sobre las imágenes de ganado avistado por los satélites en los lugares embargados, dijo desconocer si pudo haber allí alguna actividad puntual años atrás. Reconoció, sin embargo, que no hay vallas que aíslen la zona embargada para impedir que el ganado deambule por ella, como exige la ley. «Hoy no hay nada en las áreas embargadas, no hay nada plantado. No sabría decirte si había algo hace cinco años», dijo, añadiendo que no vive allí y que va a la Hacienda Arco Íris cada tres o seis meses aproximadamente.
En una conversación anterior, el 23 de enero de 2025, Juares Monteiro afirmó que las tierras que aparecen en el satélite como posiblemente superpuestas al asentamiento Gleba Rio Preto son legales y están registradas ante notario.
Enviamos correos electrónicos e intentamos contactar por teléfono a las empresas de las que Jorge José de Moura es socio. También enviamos un mensaje a un número de WhatsApp que aparece vinculado a él en la página web de las empresas, pero no hubo respuesta.
El propietario José Marcos Leite Júnior envió, a través de su abogado, un comunicado de diez páginas. El documento afirma que el mismo Ibama, en 2015, confirmó, al analizar las coordenadas geográficas de la multa que había aplicado, que la deforestación que se le había atribuido a su propiedad se había producido fuera de los límites de su hacienda, lo que anuló la infracción. Sin embargo, la multa sigue activa en los archivos públicos del Ibama.
El mismo documento también afirma que, en 2019, Ana Maria Leite fue multada por el Ibama por deforestar 42 hectáreas de vegetación. En 2020, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una acción judicial en su contra solicitando la recuperación del área degradada y, si fuera necesario, el pago de una indemnización. En la audiencia se llegó a un acuerdo judicial con el MPF en el que ella se comprometió a regularizar la situación ambiental de la hacienda dentro de las normas del Código Forestal.
Sobre la presencia del propietario José Marcos Leite en la reunión con ruralistas y apoyadores del expresidente Jair Bolsonaro, afirma que “se trataba de una agenda relacionada con el sector de la agroindustria, en la que estuvo presente como miembro de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Acre – Faeac, sin ninguna afiliación partidaria”.
Nos pusimos en contacto con varias empresas con las que Antônio Aparecido Custódio tiene relación. La empresa CrediSIS CrediAri, donde es vicepresidente del Directorio, contestó y afirmó que Antônio Aparecido Custódio no tomó ni tiene recursos de crédito provenientes de transferencias rurales administradas por la cooperativa. De existir tales operaciones, según la institución, estas se realizaron a través de otra entidad financiera.
Además, la institución afirmó que las cuestiones planteadas involucrando el nombre de Custódio son de carácter personal y que, sin la autorización expresa del citado agente, no tiene la prerrogativa de manifestarse sobre sus decisiones y negocios privados. Pedimos su contacto personal, pero la empresa no lo suministró.
SUMAÚMA contactó al Banco da Amazônia entre el 23 de enero y el 13 de febrero a través de varios medios: teléfono, correo electrónico y WhatsApp de la oficina de prensa para entender la situación en la que se concedieron los préstamos a áreas en situación irregular. Reiteramos la importancia de que la institución compartiera su posición al respecto, pero no hubo respuesta.
Sobre los préstamos concedidos a Juares Monteiro, el Banco do Brasil afirmó que, “si bien el embargo es de 2019, la inclusión en las bases de datos que permiten la consulta sistematizada recién se produjo en 2023. Por esta razón se contrataron operaciones [préstamos] en 2020 y 2021”. Asimismo, dijo que, considerando el historial de vigencia de las reglas, cuando se identifican casos con embargos que se superponen a áreas financiadas, se derivan las operaciones señaladas para análisis e investigación de eventuales irregularidades. Por último, el banco afirmó que está comprometido a fomentar la adopción de “prácticas ambientalmente responsables”.
El banco Santander puso un portavoz a disposición para hablar con SUMAÚMA. Carlos Aguiar, director de agroindustria, afirmó que la institución fue el primer banco en adoptar el Catastro Ambiental Rural como referencia para la concesión de crédito, reemplazando el registro del inmueble. A partir de 2018 empezó a revisar toda su cartera de préstamos (no solo la de crédito rural) para identificar restricciones ambientales, embargos, trabajo esclavo, entre otros problemas. El banco dijo que monitorea 18.000 inmuebles vía satélite y a través de bases de datos del Ibama, de inscripción fiscal de personas físicas y de empresas. Si se embarga una propiedad debido a la deforestación ilegal, se adelantará el vencimiento de la transacción y el cliente tendrá que saldar la deuda. La institución también informó que, para evitar falsos positivos, realiza un análisis detallado de cada embargo antes de tomar decisiones.
El banco Bradesco afirmó que sus operaciones de crédito corporativo pasan por un “riguroso proceso de análisis que contempla aspectos socioambientales y que cumplen integralmente todas las reglas de concesión de crédito rural y agrícola”.
El Banco De Lage Landen Brasil S.A. afirmó que es una institución financiera autorizada por el Banco Central y que somete sus operaciones de financiamiento de activos, incluyendo las de crédito rural, a rigurosos análisis según las normas del Manual de Crédito Rural y del BNDES. La institución destacó su compromiso con la supervisión y el monitoreo de las operaciones, considerando aspectos socioambientales y climáticos.
El Banco John Deere afirmó que sus operaciones de crédito rural siguen rigurosos procesos de análisis y monitoreo socioambiental, utilizando teledetección y auditorías presenciales para garantizar el cumplimiento de las normas ambientales. El banco también declaró que suspende o cancela los financiamientos cuando identifica irregularidades.
El BNDES señaló que desde el 10 de marzo de 2024 prohíbe la concesión de financiamiento a cualquier productor rural que tenga embargos ambientales, independientemente de la ubicación del proyecto financiado. Cuando se le preguntó sobre los créditos activos para propietarios que están embargados, el banco dijo que «las operaciones de crédito citadas en el reportaje se refieren a financiamientos contratados por el BNDES en el período de 2018 a 2023 y, por tanto, anteriores a la publicación de las nuevas reglas, aplicables a partir de marzo de 2024». Dijo también que, en esas operaciones, los presuntos embargos se produjeron en inmuebles distintos a los que fueron objeto de la financiamiento del BNDES, respetando la normativa vigente en esa época.
Cómo llegamos a los resultados
El estudio que respaldó este reportaje realizó un cruce entre la base de datos de embargos ambientales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama), actualizada en agosto de 2024, y la base de datos de financiamientos y préstamos del Banco Central de Brasil (Bacen), actualizada en septiembre de 2024.
Además, se hicieron análisis espaciales para identificar propiedades, embargos y préstamos ubicados dentro de unidades de conservación, Tierras Indígenas y asentamientos rurales, para lo que se usó información del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático (MMA), de la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
El principal cruce incluyó la superposición de la base espacial de las áreas embargadas por el Ibama (polígonos) con las bases del Banco Central, considerando el período de enero de 2018 a agosto de 2024 vía PostgreSQL con la extensión PostGIS para identificar áreas que recibieron préstamos y tenían embargos.
Se enriqueció el análisis con variables de los polígonos del Catastro Ambiental Rural (CAR), obtenidas del Sistema Nacional de Catastro Ambiental Rural (Sicar) y actualizadas en junio de 2024, además de información extraída de la base de datos de inscripciones fiscales de empresas de la Agencia Tributaria de Brasil.
Todos los datos que se usaron son públicos y están disponibles en las páginas web de Ibama, Bacen, Sicar, MMA, Funai, Incra, IBGE, Agencia Tributaria de Brasil e Inpe.
Las conversiones monetarias del real al dólar se hicieron usando la serie histórica de tasa de cambio del Instituto de Investigación Económica Aplicada (Ipea), que se calcula a partir de las tasas oficiales del Banco Central de Brasil (Bacen). En el caso de valores que abarcan más de un año, se hicieron promedios entre los respectivos años.
Reportaje y texto: Catarina Barbosa
Coordinación de investigación: Ana Magalhães y Talita Bedinelli
Edición: Talita Bedinelli y Eliane Brum
Chequeo de la información: Plínio Lopes
Chequeo de datos: Victor Barone
Chequeo jurídico: Eloisa Machado de Almeida
Revisión ortográfica (portugués): Valquíria Della Pozza
Traducción al español: Meritxell Almarza y Julieta Sueldo Boedo
Traducción al ingles: Diane Whitty e Maria Jacqueline Evans
Infografía: Ariel Tonglet y Rodolfo Almeida
Montaje de la página y acabado: Natália Chagas
Coordinación del flujo editorial: Viviane Zandonadi
Editora jefa: Talita Bedinelli
Directora editorial: Eliane Brum
