La investigación indaga sobre las estrategias de las compañías pesqueras, argentinas y extranjeras, para pescar al mismo tiempo en las aguas del mar argentino y el de las Islas Malvinas, prohibido por leyes locales desde 1997. Hasta ahora, ese “doble juego” se sostuvo con maniobras variadas: cambios de denominación, cesión de activos cuando la actividad ilegal sale a la luz, estructuras societarias opacas y contratos de arrendamiento de licencias, que ocultan la existencia de las operaciones y sus beneficiarios finales. La evidencia preliminar indica un patrón repetido, con consecuencias ambientales, fiscales y geopolíticas.
La investigación tiene tres etapas. La primera hará foco en las características del caladero argentino, donde rige la opacidad, el lobby empresarial y su contraparte habitual, la corrupción política. Tal es así, que las organizaciones ambientalistas ubicaron a la Argentina en el último lugar del ranking de transparencia entre los nueve países latinoamericanos con registros pesqueros. La segunda etapa se ocupará de componer –a través, principalmente, de testimonios y reportajes en terreno- una radiografía precisa de la pesca en Malvinas: empresas mixtas británicas y españolas explotan los recursos de una actividad que enriqueció meteóricamente la economía de las Islas y arrastra denuncias por sobrepesca, explotación laboral y trata de personas.
La fase final, en tanto, cruzará la información de las dos previas, para identificar coincidencias de empresas, subsidiarias o accionistas que extraigan recursos pesqueros simultáneamente en ambas zonas económicas exclusivas, algo prohibido en Argentina, a raíz del conflicto diplomático suscitado luego de la Guerra de Malvinas.