This is a series on the consequences of irresponsible large-scale mining in Peru.
An English summary of this report is below. The original report, published in Spanish in Convoca, follows.
With each meter we enter the tunnel, the pressure increases and it is more difficult to breathe. The rarefied air, the lack of oxygen, and the humidity are becoming increasingly noticeable, and after almost half an hour of walking, we stop on a motorized cart. We are three kilometers into the interior of the hill. It is not the end of the road, but it is the area where the mining workers are trying to repair a landslide caused, they claim, by other miners who are trying to displace them.
The last confrontation, which took place in March of this year, left eight people seriously injured. The gold mine is located at the top of a hill in the town of Alto Molino, in the province of Condesuyos (Arequipa), in southern Peru, where the wind whistles and the tension of an armed conflict is in the air.
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More than a decade ago, artisanal mining activity was installed in various valleys and hills of the middle and high mountains of the Arequipa region. The first mining settlement was Secocha, in the district of Mariano Nicolás Valcárcel, in the province of Camaná, and then mining spread to the rest of the eight provinces of Arequipa. All fueled by the increase in the price of gold, which in the last six years climbed from US$ 1,260 to around US$ 2,000 per ounce.
However, this expansion of informal artisanal mining has not been clean, as the struggle to obtain the best veins of gold has triggered several conflicts with crossfire—using weapons and dynamite—and work accidents with landslides and mudslides. Almost all the mountains where informal and illegal miners arrive are stained with blood. In the last three years alone there have been at least 85 deaths and dozens of injuries. All this in the face of the inaction of the national and regional authorities in charge of overseeing and regulating this activity.
Arequipa, epicentro de la guerra del oro
En los últimos tres años 20 mineros artesanales informales e ilegales fueron asesinados y otros 65 murieron por accidentes laborales o derrumbes y deslizamientos en la región Arequipa. La principal causa, señalan autoridades y dirigentes, es la falta de fiscalización y el entrampamiento de la formalización minera, que inició hace veinte años y hasta hoy no da frutos.
Con cada metro que ingresamos por el socavón, la presión aumenta y es más difícil respirar. El aire enrarecido, la falta de oxígeno y la humedad son cada vez más notorios y luego de casi media hora de camino, subidos en una motocarga, nos detenemos. Estamos a tres kilómetros en el interior del cerro. No es el final del camino, pero sí la zona donde los obreros mineros tratan de reparar un derrumbe provocado —aseguran— por otros mineros que intentan desplazarlos. El saldo de ese último enfrentamiento, ocurrido en marzo de este año, fue de ocho heridos graves. Se trata de una mina de oro ubicada en el ascenso de un cerro, en el pueblo de Alto Molino, en la provincia de Condesuyos (Arequipa), al sur del Perú, donde el viento silba y la tensión de un conflicto armado se respira en el aire.
Hace más de una década la actividad minera artesanal se instaló en diversos valles y cerros de la sierra media y alta de la región Arequipa. Primero fue el asentamiento minero Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná, y luego se fue extendiendo por el resto de las ocho provincias arequipeñas. Todo alimentado por el incremento en el precio del oro, que en los últimos seis años escaló desde US $ 1.260 hasta bordear los US $ 2 mil la onza.
Sin embargo esta expansión de la minería artesanal informal no ha sido limpia, pues la lucha por obtener las mejores vetas de oro ha desencadenado diversos conflictos con fuego cruzado —de armas y dinamita— y accidentes laborales con derrumbes y deslizamientos. Casi todos los cerros donde llegan los mineros informales e ilegales están manchados con sangre. Solo en los últimos tres años se han registrado al menos 85 muertos y decenas de heridos. Todo ante la inacción de las autoridades nacionales y regionales encargadas de fiscalizar y normar esta actividad.
Muerte en los cerros
Uno de esos puntos es Alto Molino, ubicado a ocho horas de viaje desde Arequipa, y al que se llega cruzando todo el valle de Ocoña. Antes de la minería, este pueblo era netamente agrícola, pero con el tiempo muchos han abandonado esa actividad para buscar oro. Hoy el cerro al frente de Alto Molino está plagado de socavones, construcciones y andariveles que ayudan a los mineros a cruzar el río Ocoña, escalar la montaña y llevar maquinaria y otros insumos.
En esta zona, el 26 de agosto del año pasado ocurrió un enfrentamiento que dejó el saldo de tres muertos. El minero informal Cleto Saldivar Yucra, encargado del socavón o labor minera Señor de los Milagros de la concesión Río Grande, recuerda cómo es que sus compañeros murieron durante la madrugada de ese día. “Eran las cuatro de la mañana. Los mineros de Gedeon y de 560 habían excavado el socavón muy cerca al nuestro. De pronto hicieron estallar dinamita y todo se derrumbó, dejando atrapados a varios mineros. Mis compañeros murieron”, dice.
El caso hoy es investigado por el Ministerio Público, pero las diligencias van lentas, pues siguen en la etapa de investigación preliminar.
El último cruce de fuego entre ambas facciones se dio el 30 de marzo de este año. Sigifredo del Carpio Alvarado, representante de la labor minera Los Vientos, también de la concesión Río Grande, ubicada a mitad del ascenso del cerro, denuncia que en la madrugada los mineros de Virgen de Copacabana, socios de Gedeon, dinamitaron su socavón en el kilómetro 3, cerrando el acceso a la zona donde escarban el oro y dejando varios heridos. “Fui a denunciar el hecho a la comisaría y ellos subieron a constatar lo que había pasado. Y mientras hacían la inspección empezaron a atacarnos desde la cima del cerro con dinamita. Los policías vieron todo. También había personal del Ministerio de Energía y Minas, pero no hicieron nada. Destruyeron e incendiaron nuestros campamentos y maquinaria”, dice este minero en el interior del socavón, en la zona del derrumbe.
Hasta allí llegamos luego de cruzar el río y subir el cerro subidos en un andarivel en compañía de los mineros de la labor “Los vientos”. Sigifredo y sus socios y obreros muestran los daños: construcciones incendiadas y colapsadas, maquinaria calcinada y personal temeroso de otro ataque.
Luego, ingresamos al fondo del socavón en una motocarga eléctrica. En el transcurso nos encontramos con otros obreros que pican el cerro y más motocargas cargadas de rocas. Lo único que ayuda a mantener el oxígeno es una tubería que trae aire del exterior, aunque a cada metro que ingresamos es más rancio.
Vestido con su uniforme de trabajo —botas de acero, ropa reflectante y casco—, empapado por el sudor y la humedad de la profundidad de la cueva, Sigifredo cuenta que el saldo del ataque de marzo fueron ocho heridos. Uno de ellos de gravedad, perdió una extremidad. Acusa que son constantemente acosados por los mineros de la concesión Virgen de Copacabana.
Al respecto, Adolfo Mayta, representante de Copacabana, habló para este reportaje y volvió a deslindar cualquier responsabilidad en los ataques. Aseguró que en realidad fueron los mineros de Río Grande quienes los atacaron. Denuncia que estos son en su mayoría ilegales y que no cuentan con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). “Al contrario, nosotros somos fiscalizados por las autoridades de la gerencia regional de Energía y Minas y ellos no. ¿Por qué?”, cuestiona el minero. Lo cierto es que ambas facciones se acusan y denuncian ante las autoridades fiscales y policiales cada vez que pueden.
Este ir y venir de acusaciones es materia común en casi todas las zonas donde se practica la minería artesanal informal e ilegal. Y provoca más confusión para dilucidar quiénes son los “buenos” y los “malos”. Lo único cierto es que la mayoría de mineros en esta zona no cuentan con Reinfo o tienen el registro suspendido. Los únicos que lo mantienen vigente son los dirigentes, quienes actúan como representantes en cada labor y dan la cara cada vez que ocurre un enfrentamiento.
Uno de los casos más graves, y que despertó la alerta a nivel nacional, fue el que pasó en el distrito de Atico, en la provincia de Caravelí, a mitad del 2022. La noche del 2 de junio 14 mineros artesanales de la asociación Calpa Renace fueron asesinados por sicarios contratados por la empresa Intigold Mining, dueña de la concesión minera. El motivo fue que los mineros informales se negaban a pagar el cupo de 50% de sus ganancias que exigía Intigold para dejarlos seguir explotando los recursos.
El caso es investigado por la Fiscalía. Se capturó a 31 de los supuestos sicarios que, según sospechan las autoridades, fueron contratados por la dueña de la empresa Intigold Mining, Rossana Camet. 17 de ellos hoy purgan prisión preventiva de 18 meses mientras continúan las investigaciones y el resto tiene comparecencia con restricciones.
Debido a la gravedad del hecho, el gobierno declaró Estado de Emergencia con toque de queda en la zona, pero esto no fue impedimento para que un mes después ocurriera otro atentado en el mismo sitio, que causó la muerte de dos mineros por asfixia al inhalar gases tóxicos por un incendio provocado. Además, otros 25 resultaron heridos.
Y otro atentado se produjo apenas unos días después en el distrito de Choco, donde un grupo de 50 mineros ilegales llegaron para invadir la mina Paula (de propiedad de Minas Buenaventura y en etapa de cierre). Allí mineros artesanales de esta zona tienen un acuerdo con la empresa para explotar los vestigios de oro. Los ilegales atacaron con armas de fuego y mataron a una joven, que trabajaba como cocinera, y dejaron a otros nueve heridos.
Autoridades inactivas
En todos los casos, excepto el de Choco, las autoridades regionales y del Ministerio de Energía y Minas tenían mapeado el conflicto, pero no lograron solucionarlo. En el caso de Alto Molino, los mineros artesanales de Copacabana y Río Grande estaban en un proceso de mesa de diálogo promovido por la Dirección de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas y la gerencia regional de Energía y Minas de Arequipa. En julio del 2022 se anunció un posible conflicto, pero los funcionarios no hicieron caso. Y el 26 de agosto ocurrió el enfrentamiento.
De igual forma, el conflicto en Atico pudo haberse evitado. Los mineros de Calpa Renace y Atico Calpa (asociación que ingresó a explotar con el favor de Intigold Mining) estaban en diálogo promovido por las autoridades regionales. Sin embargo, tampoco se pudo frenar la mala sangre que se había acumulado. Hoy se ha vuelto a promover el diálogo pero no existe voluntad por parte de los mineros ni constancia de las autoridades.
El origen del problema, explica Máximo Béquer, presidente de la Federación de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales de Arequipa (FEMAR - AQP), son los vacíos de la Ley de Formalización Minera que no permiten culminar con la formalización. Para que un minero artesanal, dice Béquer, se formalice necesita, además de otros requisitos, básicamente tener dominio pleno de la labor o denuncio minero. “El problema es que los dueños de las concesiones mineras no quieren formar contratos que den pleno dominio al minero artesanal. Ya sea por temor a que en un futuro puedan ser despojados de su concesión o porque prefieren seguir con contratos que les permiten seguir cobrando una parte de lo que explotan los mineros artesanales”, añade el dirigente. Entonces, al no tener seguridad jurídica ni delimitaciones claras de las concesiones ni las labores, los mineros empiezan a pelear.
Pero este no es el único problema. Adolfo Mayta, representante de la concesión minera Virgen de Copacabana, que aún permanece como minería informal, denuncia que las autoridades regionales encargadas del proceso de formalización minera entorpecen el trámite. “Nosotros hemos presentado todos nuestros documentos hace varios años. Por ejemplo, el Instrumento de Gestión Ambiental y Fiscalización para la Formalización de la Actividad de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Igafom) lo presentamos hace dos años y hasta el momento la Autoridad Regional de Medio Ambiente (ARMA) no lo aprueba, pese a que hemos levantado las observaciones. Así no podemos formalizarnos”, reclama este minero desde su oficina en la ciudad de Arequipa.
Sobre esto, el exgerente del ARMA, Benigno Sanz Sanz, explica que la demora se debe a dos factores. “Los mineros artesanales no saben utilizar las plataformas virtuales para adjuntar sus documentos y muchas veces no terminan de hacer el trámite de forma satisfactoria. Y a esto hay que añadirle que no son muy ordenados con sus propios archivos”, dice. El otro factor es que el ARMA no tiene suficiente personal. Cuando Sanz era funcionario (en 2018) tenían 10 evaluadores para verificar los Igafom de casi 17 mil mineros que buscan la formalización. “No hay forma de lograrlo. Por eso la demora”, añade el especialista.
Todo este entrampamiento, demora, vacíos o ineficiencia de las autoridades ha provocado que de los 16.760 mineros que iniciaron el proceso de formalización minera (Reinfo) en Arequipa, solo 2.974 (el 17.7%) continúen el trámite. El resto abandonó sus intenciones de seguir las reglas. A nivel nacional, de acuerdo al Ministerio de Energía y Minas, hay 87.280 mineros en proceso de formalización, de los cuales apenas 15.056 (el 17%) mantienen vigente el proceso.
Pero esto no significa que hayan dejado la actividad, sino que pasan a ser ilegales, explica el subgerente de Fiscalización Minera del Gobierno Regional de Arequipa, Humberto Bernedo Bueno. Este funcionario estima que por cada minero informal o con Reinfo suspendido hay al menos cuatro o cinco ilegales laborando mediante acuerdos con los dueños de las concesiones y labores mineras. “En toda la región debe haber unos 60 mil mineros artesanales. Algunos trabajan por temporadas, otros dan parte de sus ganancias a los que tienen el Reinfo y la labor y otros son contratados como obreros. Todo esto aporta a que se incremente la informalidad”, añade.
Bernedo también explica que otro problema es que el GORE Arequipa carece de herramientas para fiscalizar y sancionar de forma efectiva a los mineros y empresas que promueven la ilegalidad en las concesiones y labores mineras. “Empezando por el PAS (Plan de Acción de Supervisión) que no está elaborado y menos aprobado. Sin esa herramienta no podemos aplicar sanciones administrativas a los empresarios ni a los mineros. Si queremos sancionar a los mineros, nos dicen: ¿dónde está tu reglamento? No hay. Así que los casos quedan ahí. Ahora lo único que hacemos es remitir los casos más graves a la oficina de Asesoría Legal de la gerencia de Energía y Minas para que hagan las denuncias al Ministerio Público, para que los investigue. Pero hasta allí llega nuestra responsabilidad”, añade el funcionario.
Además, la subgerencia de Fiscalización Minera no cuenta con suficiente personal, presupuesto ni equipos para realizar su labor. “Tenemos cinco inspectores para un universo legal de 17 mil mineros. Tres del gobierno regional y dos de la Cooperación Suiza. No tenemos siquiera camioneta para realizar nuestros operativos de inspección. La Sunat nos entregó una pero se asignó a otra gerencia”, indica el funcionario. Todas estas dificultades impiden una labor eficiente.
Bernedo hace un recuento de las fiscalizaciones que hicieron en los últimos años y concluye que son ínfimas e irrisorias. “En 2018 hicieron entre 12 y 15 fiscalizaciones; en 2019, 20 fiscalizaciones; en 2020, durante la pandemia, solo atendimos tres accidentes en Cocachacra (Islay). En 2021 hicimos 15 inspecciones; en 2022, 30 fiscalizaciones. Y este año nuestra meta son 38 inspecciones. Si vemos el universo de 17 mil, creo que estamos muy lejos de la realidad. Y lo único que hacemos es verificar que se cumplan los requisitos mínimos de seguridad, como que estén uniformados y con su casco o las condiciones de seguridad”, añade.
Esta falta de fiscalización también ha generado descuido en las condiciones mínimas de seguridad en las labores mineras y en su proyección. Este año han muerto 48 mineros por accidentes. Los primeros 21 murieron en febrero en el asentamiento minero Secocha, luego de que un huaico provocado por las fuertes lluvias los sepultó vivos. Estos mineros se instalaron en una zona de torrentera y nunca fueron desplazados por las autoridades locales ni regionales. En los últimos 20 años, la densidad poblacional en esta zona declarada como de riesgo por el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) creció de poco menos de 3 mil habitantes a más de 20 mil.
Y los otros 27 mineros murieron asfixiados en la mina Yanaquihua, en la provincia de Condesuyos, a causa de un incendio por corto circuito al interior del socavón. Esta mina no operaba el denuncio, sino que lo entregó por contrato a la empresa Sermigold EIRL para que hiciera la extracción del mineral. El problema es que Sermigold no tiene Reinfo vigente y Minera Yanaquihua tampoco en la concesión donde ocurrió el accidente fatal. De acuerdo con información de la gerencia regional de Energía y Minas de Arequipa, en noviembre del 2022 la mina Yanaquihua pasó la inspección de seguridad, lo que deja más dudas sobre la labor de las autoridades.
La ruta del oro
El funcionario Bernedo admite que además es imposible fiscalizar el destino final del oro que extraen los mineros artesanales informales e ilegales, y menos las técnicas que utilizan para obtener el metal precioso. Y es que la mayoría de mineros aún sigue insistiendo en utilizar métodos ilegales, como el mercurio o el cianuro para separar el oro de la roca.
El especialista en minería ilegal, César Ipenza, explica que en el caso de los mineros ubicados en la sierra media y alta del sur peruano, se usa en mayoría el cianuro. El mercurio es más frecuente en la selva, donde este elemento químico atrapa el oro que está en los ríos. En los cerros de Arequipa, en cambio, el oro está escondido entre las rocas y para obtenerlo hay que molerlas hasta conseguir un polvo para luego aplicar el cianuro que termina separando el metal dorado del resto de minerales.
Ipenza además resalta que el uso del cianuro, si bien no es ilegal, es controlado por las autoridades. “Cualquiera que quiera usarlo debe estar debidamente registrado. Pero esto implicaría que deberían explicar a dónde llevan tanto cianuro, por lo que prefieren evadir los controles. La fuente de este cianuro no ha sido tan estudiada, pero hay casos de incautaciones provenientes de Chile, mientras que el mercurio proviene desde Bolivia, desde donde llega por contrabando por Puno”, agrega.
Tanto el mercurio como el cianuro son peligrosos y tóxicos al contacto humano. El mercurio ingresa por la piel al organismo y afecta el sistema nervioso, el sistema digestivo, los riñones y hasta los pulmones. Puede provocar incluso parálisis cerebral y alteraciones cardiovasculares. El cianuro causa efectos a corto plazo como dolores de cabeza, hemorragias. A largo plazo genera cáncer, interfiere en la función tiroidea y lleva hasta la muerte.
Esto no parece detener a los mineros. “Primero sacan las rocas de los cerros por los socavones. Estas son seleccionadas de acuerdo a la cantidad de mineral que contienen. Las que tienen más se depositan en sacos y son enviadas en camiones a las plantas de beneficio que se ubican principalmente en Chala (Caravelí)”, explica una fuente que trabaja en Secocha y prefiere el anonimato. “Las plantas analizan la ley de la roca —que es la cantidad y pureza de oro que contiene una porción de roca— y de acuerdo a esto pagan a los mineros. Pero las rocas que no son seleccionadas, no son desechadas”, añade.
En este punto son imprescindibles las pallaqueras. Son mujeres que seleccionan nuevamente las rocas en busca de vestigios de oro. Las llenan en sacos y luego las chancan hasta conseguir rocas más pequeñas. Esta última selección no se envía a las plantas de beneficio, sino que son llevadas al “quimbalete”, una suerte de tinaja gigante donde son molidas con ayuda de movimientos de balanceo de personas ubicadas sobre esta. Finalmente, se combinan a mano desnuda con el mercurio o el cianuro para obtener el oro.
“Hay acopiadores que vienen una o dos veces al mes a comprar el oro que obtienen de forma artesanal los mineros. El oro no es declarado. Pagan entre 50 y 60 dólares el gramo. Ven sobre todo la pureza y que no tenga mercurio o cianuro pegado. El oro se lo llevan a Puno y lo ingresan por contrabando hacia Bolivia. Allí qué harán, no sabemos”, dice nuestra fuente.
Ipenza confirma este tráfico ilegal del oro. Explica que Arequipa y Puno son las regiones que más oro ilegal producen después de Madre de Dios, con alrededor de 40 toneladas al año. Y la mayor parte de este oro es enviado hacia Bolivia. “Lo que demuestra ese comercio ilegal es que el 80% de las exportaciones de oro de Bolivia es peruano”, dice.
En Secocha y Alto Molino las pallaqueras y los mineros artesanales usan la técnica ilegal del cianuro y el mercurio. En Secocha se hace casi a la vista de todos, pues los quimbaletes están ubicados en los patios de las casas. En Alto Molino los mineros prefieren no dejarnos pasar. “Se necesita un permiso de toda la asociación. No es así no más”, nos dice Germán del Carpio, dirigente minero en Alto Molino. Este prefiere no dar detalles sobre esa parte de la labor de los mineros artesanales.
Ese lado de la operación es lo que brinda rentabilidad a los mineros artesanales en estado de ilegalidad, pues no tienen ningún permiso para realizar esta actividad. Pero a la vez es lo que genera el conflicto, pues el grupo de mineros que tenga una mejor veta de oro tendrá mayores posibilidades de tener mejores ventas y, por lo tanto, podrá seguir expandiéndose al interior de los cerros. Y así, el círculo vicioso del oro seguirá sin detenerse.
Para este reportaje se solicitó entrevistas a los representantes de formalización minera del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre no obtuvimos respuesta.
